Una política industrial pública al servicio de la mayoría social

A nadie se le escapa que el futuro de nuestro territorio depende en gran medida de que la industria siga siendo su motor económico. La industria es un sector de carácter estratégico ya no solo porque supone el 30% del Producto Interior Bruto o porque da empleo a 72.000 personas, sino porque, junto al empleo público, conforma el mayor sustento de calidad laboral que tenemos las y los trabajadores navarros.

Por desgracia, Navarra no es ajena a la nueva lógica capitalista que, sin olvidar los beneficios que sacan de la producción, apuesta abiertamente por la especulación para aumentar sus ingresos. Así, el gran capital no tiene reparos en especular con alimentos, vivienda, energía, armas, vacunas o coches eléctricos. Y con esa especulación desaparece, también, la estabilidad laboral del sector industrial por la que tanto ha luchado la clase trabajadora y los sindicatos en esta tierra.

Bien lo saben los empleados de empresas como BSH, Siemens Gamesa, Nano Automotive, Tenerias Omega, Susundegi… Los dulces sueños en forma de ampliaciones de capitales como “única manera de seguir creciendo”, se han acabado convirtiendo en pesadillas cuando esas nuevas direcciones situadas ya lejos de nuestro territorio, han decidido llevarse la producción a otros lugares o simplemente han cerrado las fábricas porque ya no les interesaba su desarrollo.

El modelo actual basado en ayudas directas, fiscalidad ultra reducida y contratación laboral a la carta del empresariado es insostenible. Contra el reinado de esos fondos de inversión, de esos fondos especulativos carentes de ética, no valen estas recetas, que únicamente nos conducen a más precariedad, más muertos en el puesto de trabajo y más desigualdad económica.

De hecho, el aumento de la tensión económica internacional, con la chantajista reforma arancelaria impulsada por Estados Unidos, ponen aún más entredicho esas políticas que dejan nuestras empresas y su futuro en capitales extranjeros que, bajo la promesa de la inversión, acaban recogiendo beneficios e imponiendo cierres.

Frente al actual modelo, urge un giro de 180 grados en la industria navarra. Y no, la solución no puede venir de los axiomas de la derecha tremendista que amenaza con muchos más cierres si no se bajan -aún más- los impuestos o si no se precarizan -aún más- los contratos laborales. Para que la industria navarra sea soberana, cree empleo y tenga futuro debe estar bajo control público. Pensar su planificación bajo la premisa del beneficio colectivo es la clave para su desarrollo.

Y bajo esa premisa del bien común social presente y futuro, y no del inmediato beneficio de unos pocos, adquiere sentido una apuesta por una evolución tecnológica de nuestra industria. Las fábricas navarras no pueden ser tan dependientes de las cadenas de valor del mercado mundial. Vivimos en una continua evolución tecnológica y el tejido productivo foral no puede quedarse al margen.

Ese impulso solo es posible con un gran programa público, en el que el Gobierno de Navarra apueste por la creación de empresas públicas dedicadas a los sectores empresariales estratégicos (energía, sanidad, alimentación…), garantizando la soberanía de nuestra economía y sirviendo de impulso al resto de empresas privadas. Al mismo tiempo, urge la consolidación de organismos públicos que planifiquen la economía autonómica con el objetivo de aunar ese crecimiento con derechos laborales, desarrollo sostenible acorde a la crisis climática que vivimos y cohesión tanto social como territorial, impulsando las zonas más golpeadas económicamente.

Los casos de deslocalización que hemos padecido en los últimos años deben servir de ejemplo de lo que no se debe hacer. En ese sentido, los rescates de empresas deben conllevar la presencia con vocación de permanencia de la administración pública regional en sus órganos de dirección para garantizar que no se produzcan procesos de socialización de pérdidas y privatización de beneficio.

Si el dinero el público que se pone a disposición de las empresas es de todos, los beneficios deben revertir en el conjunto de la sociedad. Debe darse con claridad y con concretas contrapartidas y condiciones. Desde garantías de creación de empleo de calidad, obligatoriedad de pagar impuestos en el territorio foral o devolución del dinero prestado en caso del traslado de la producción.

Siendo conscientes de que la legislación navarra no puede escapar de las normas que la derecha aprueba en la Unión Europea, que impone una reducción drástica del gasto público, unos Tratados de Libre Comercio y unas políticas arancelarias para beneficio de unos pocos, nuestra administración foral tiene aún importantes herramientas para construir esa industria que necesitamos las familias trabajadoras.

En ese sentido, la nueva ley foral de industria que ahora se debate bien podría poner los cimientos de esa planificación pública que tanto urge. Sólo se necesita valentía política, amplitud de miras y tomar partido junto a la mayoría social que estos días llena las calles de nuestros municipios exigiendo un futuro laboral digno.

Fernando Irisarri, responsable de movimiento obrero del PCE-EPK en Navarra.