Negociación colectiva secuestrada

Negociación colectiva externalizada, diferida, adulterada, secuestrada…

Todo transcurre con normalidad en el espejismo del libre mercado. La constante invocación de la “diosa” libertad, precisamente por quienes controlan vidas y haciendas de sus semejantes, es un hecho.  Libertad. ¡Libertad!  ¡¡¡¡ Libertad!!!!. El magnífico slogan, que las burguesías acuñaron entre los siglos XVIII y XIX, recorre el mundo entero, incluso en tierras comunistas orientales, menos comunistas y más capitalistas que antaño. Y en esta ensoñación libertina se constata que sólo es libre quien tiene poder para hacer su voluntad sin que ésta esté sujeta a poder extraño alguno. Miles de ámbitos de la realidad socio-económica son ajenos a esto de la libertad. Simplemente no funciona en modo alguno, ya que las personas afectadas adolecen del poder necesario para ejercer su voluntad. Uno de esos ámbitos se desarrolla cotidianamente en torno a la negociación colectiva. Personas trabajadoras y empresarias deben convenir las condiciones para que las primeras vendan su fuerza de trabajo y pueda ser comprada por las segundas. Y parecería que entre quien vende y quien compra sólo media la voluntad de unas y otras. Un simple vistazo permite constatar que ambas partes deben ajustarse a imposiciones ajenas a su voluntad. 

Más aún cuando quien establece las condiciones para la negociación no se encuentra presente.  -¡Que me dice Vd!  ¿Insinúa Vd que en la negociación de los convenios hay gato encerrado?   -En absoluto, porque no son “gatos encerrados”, ni siquiera en las sombras.  El poder político es el que interviene directamente, aunque quienes a la política se dedican insistan en su más absoluta neutralidad, cuando del libre mercado se trata.  Los gobiernos intervienen en la negociación de los acuerdos marcos que al fin y a la postre condicionan, cuando no determinan, toda negociación colectiva.  Los poderes políticos son los que dan ventajas a las empresas para que la paz social se imponga. Se les garantiza los ERTEs, hasta los ERES, a pesar de que hayan recibido sustanciales subvenciones de dinero público que siempre acaba en manos privadas. Más aún, cuando los políticos externalizan servicios públicos están interviniendo directamente en el sacrosanto libre mercado.  

Quienes trabajan para empresas privadas, que cuentan con contratos para negociar con los servicios públicos, saben bien que las empresas que contratan su fuerza de trabajo se lamentan constantemente de que con los dineros públicos, que debe recibir de la administración de turno, no les llega. Que han tenido que licitar a la baja para poder obtener el contrato o, peor aún, que han sido coaccionadas por los políticos para coger en precario unos contratos; porque de no hacerlo no accederían a otros más beneficiosos. Y una retahíla de desgracias que a criterio de las empresas justificarían que quienes les trabajan no tengan condiciones laborales y salariales dignas. De hecho las empresas siempre son libres de dejar el contrato cuando la cuenta de resultados no les genera el beneficio esperando. 

Un caso muy concreto es la negociación de los convenios de la limpieza hospitalaria en Andalucía, que puede ilustrar lo que sucede en este tipo de negociación colectiva muy particular.  La diversidad de condiciones en cada hospital o área sanitaria es enorme y sin embargo la actividad de los puestos de trabajo es idéntica. En La Línea de la Concepción, en Algeciras, en Córdoba, Almería, Cádiz, Jerez… la limpieza hospitalaria es idéntica. Y sin embargo entre unos convenios y otros puede haber diferencias de más del 40%. Y esto es así porque la Junta de Andalucía no ha homologado las condiciones en las que está dispuesta a pagar dineros públicos por el desempeño del mismo trabajo. Dicen los políticos que gestionan la administración pública que cuando se hacen las licitaciones, se asume “sin más” las condiciones de los convenios. Es decir: Si el convenio de limpieza hospitalaria del hospital Puerta del Mar de Cádiz establece mejores salarios y condiciones laborales que en el convenio, pongamos por caso, del área sanitaria del Campo de Gibraltar, la Junta de Andalucía pone más dinero en Cádiz para contratar a la misma empresa que contrata en el Campo de Gibraltar. Y consecuentemente es consciente de que para el mismo puesto de trabajo se page diferente ¿Se entiende esto? Y una vez que quienes trabajan en el Campo de Gibraltar trasladan a la Junta de Andalucía la justa equiparación con quienes trabajan en lo mismo en Cádiz, la respuesta es que el pliego de condiciones debe recoger lo que se ha pactado en el convenio. Puede parecer razonable, aunque cuando se negocia el convenio del Campo de Gibraltar, con esa misma empresa, ésta dice que no puede aumentar los salarios y mejoras laborales sin que se lo autorice su “cliente”, que es la propia Junta de Andalucía.  ¿En qué quedamos?  Todo parece indicar que cuando las personas trabajadoras en las capitales de provincia, donde reside el poder político, están dispuestas a la “lucha”, los políticos transigen “autorizando” a las empresas a mejorar el convenio, para ahorrarse el desgaste mediático de una huelga en la limpieza de hospitales.  

Visto lo visto, parece que no les queda más remedio a las personas del Campo de Gibraltar dedicadas a la limpieza hospitalaria, que hacer mucho más ruido que las que trabajan en Cádiz, por ejemplo, si su objetivo es homologarse a las de la Capital. De esta suerte el poder político, como en el caso de Acerinox, se aprestará a “mediar”, prometiendo a la empresa un aumento sustancial en el pliego de condiciones de la nueva licitación que parece debe tener lugar a finales de 2024 o inicios de 2025. La otra forma de conseguir las legítimas condiciones de quienes trabajan en la limpieza hospitalaria campogibraltareña será firmar un convenio que contenga dos partes diferenciadas. La primera con aumentos modestos hasta primeros de 2025 y la segunda hasta fin de convenio en 2028, con mayores subidas salariales y mejoras laborales que las equiparen a las de Cádiz.  La pregunta es si la Junta de Andalucía de forma graciable accederá a ello o si habrá que convencerla a fuerza de movilizaciones. Porque es evidente de quienes trabajan en empresas externalizadas con quien negocia es con la Junta de Andalucía que, al fin y al cabo, es la que  suelta los “hierros”.