República

Pablo Hassel cumplió el pasado mes de Febrero 3 años de cárcel, la mitad de los que tiene que pasar entre rejas. Una buena parte de esa condena se debe a las injurias a la monarquía, para la que pidió ‘soga’. En todos los países de nuestro entorno, raperos como Hassel formulan los mejores deseos para sus máximas autoridades, pero ninguno está en prisión. Como tampoco lo está el anterior titular de la Corona, el emérito, a pesar de haberse acreditado en su persona la comisión de cinco delitos fiscales, así como los de cohecho y blanqueo. La razón de esta escandalosa impunidad: la inviolabilidad de su figura a partir de una interpretación más que dudosa de la Constitución que han hecho los altos tribunales de este país. Ello ha permitido a Juan Carlos I cambiar una jaula de oro en Madrid por un retiro de lujo en Abu Dabi.

Lujo inaudito es el que se permite nuestro poder judicial cuando le dice al legislativo, en una actitud igualmente inédita en las democracias parlamentarias que nos rodean, cómo tienen que ser las leyes. Y si éstas se aprueban finalmente con un texto que no complace a sus señorías, sencillamente no se respetan por la vía de hacer una interpretación de las mismas contraria a su contenido y espíritu. No hubo respeto al papel de las instituciones, igualmente, por parte de Felipe VI cuando éste viajó a los países bálticos hace unas semanas para garantizar a sus gobiernos que España les respaldaría activamente en caso de agresión rusa. La Constitución y las leyes establecen que es el gobierno el titular exclusivo de las competencias en materia de Defensa y Política Exterior, así como que los actos políticos del rey siempre estarán bajo refrendo del ejecutivo o de las Cortes. Todo eso se lo pasó el monarca por el arco del triunfo en su excursión en solitario al Este. 

Por semejante sitio vienen pasándose las oligarquías hispanas todo lo que dice la Constitución respecto de la justicia social, la progresividad fiscal, el derecho a la vivienda, la remuneración justa del trabajo, etc, etc. Tal es así que, de entre los países europeos a los que nos acercamos en cuanto a nivel de renta, somos el más desigual. En los últimos tiempos, las grandes empresas españolas han casi doblado los beneficios de las europeas, y ya podemos suponer a costa de quién obtienen tan suculentos rendimientos. Nuestros bancos, en fin, son los que más intereses aplican a sus préstamos hipotecarios y de consumo. Y nuestro Tribunal Supremo es conocido en Europa por sus resoluciones siempre decantadas a favor de los sistemas financiero y energético en los litigios que éstos mantienen con los consumidores.

Este puñado de pinceladas descritas pretende ser una aproximación al cuadro general que conforma lo que se ha dado en llamar Régimen del 78, entendiendo por tal un sistema político de democracia imperfecta que, a las carencias propias de todos los sistemas parlamentarios condicionados por el poder del capital financiero, suma otras derivadas del peso determinante que en nuestra transición tuvieron las élites políticas, judiciales, militares y empresariales que sostuvieron la dictadura. De ésta hemos heredado un Estado profundo particularmente siniestro que a lo largo de este período no ha dudado en recurrir al delito ante la pasividad, cuando no la connivencia, del bipartidismo turnista. Por eso somos también campeones europeos en corrupción, lo cual es coherente con el hecho de que el alumno más aventajado en la materia ha sido la más alta Magistratura del Estado, lo que quizá explique que los otros magistrados, los de los juzgados, nunca supieran quién era la X de los GAL o todavía se anden preguntando quién diablos es ese M. Rajoy que apareció en los papeles de Bárcenas.

La reivindicación republicana no se inspira sólo en la necesidad de introducir la institucionalidad del Estado moderno, de manera que su Jefatura no provenga de un braguetazo, sino de la elección popular, máxime si aquel origen de cuna garantiza permanecer fuera de la acción de la Justicia, independientemente del delito que el titular del trono perpetre. República es que todo el poder provenga del órgano expresión de la soberanía popular, el Parlamento, sin que esta institución esté condicionada o tutelada por instancias que no emanan del pueblo, ya se trate de jueces, militares, oligarcas o monarcas impunes. Sólo en este marco puede ser una realidad el Estado Social y Democrático de Derecho, donde la separación de poderes, la igualdad de todos y todas ante la ley y la búsqueda de la justicia social serán sus principios rectores. Que no será la Arcadia feliz donde impere la armonía más completa, porque ninguna obra humana es capaz de alcanzarla, pero al menos nos quitamos de encima esta democracia cutre cargada de desigualdad y privilegios.
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