La derecha fascista no solo quiere la cabeza de Cristina

Como ya se ha hecho cotidiano en América Latina y otros continentes, la derecha fascista mata para buscar o mantener sus privilegiadas fortunas, y eso fue lo que acaba de ocurrir en la Argentina con el fallido intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El hombre que atentó contra Cristina y que a pesar de apuntar y disparar el percutor, no pudo matarla porque la bala no se encontraba en ese momento en la recámara de la pistola Bersa calibre 380, es un brasileño repatriado en Argentina, nombrado Fernando André Sabag Montiel que tiene en el cuerpo varios tatuajes nazistas. El del codo es un Sol Negro, figura compuesta por dos círculos, uno más pequeño que el otro, del cual nacen 12 rayos que antes de llegar al extremo se doblan y forman la clásica esvástica nazi. El símbolo del Sol Negro preside el castillo de Wewelsburg, en el estado alemán de Renania del Norte-Westfalia, el cuartel central de los nazis.

En una de sus manos el hombre tiene tatuada la Cruz de Hierro, el símbolo de las fuerzas armadas de Alemania desde 1870 hasta la actualidad y junto con la esvástica, uno de los principales símbolos del régimen Nazi. En su otra mano, se ve un tatuaje del Martillo de Thor, una de las armas más temidas de la mitología vikinga.

Pero no es este fascista el autor intelectual del fracasado magnicidio, sino las fuerzas ultraderechistas que controlan los medios de comunicación que constantemente incitan al odio y a la violencia contra Cristina Fernández, una mujer inteligente, valiente, progresista y que defiende la soberanía y la independencia del país por encima de cualquier contingencia.

El clima de persecución imperante en el país impulsado por la fuerza opositora encabezada por el partido Juntos por el Cambio y acompañado por casi todos los medios de comunicación conservadora, han creado un ambiente de violencia que toma las formas acuñadas por el fascismo cuyo acto extremo resultó el fallido atentado contra Cristina.

La jefa de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich exigió más firmeza contra Cristina después que el fiscal Diego Luciani, impuesto por el anterior presidente Mauricio Macri, pidió una condena, sin ninguna prueba, a 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida.

A mediados de marzo, un grupo de manifestantes atacó con piedras el despacho de la vicepresidenta. El 22 de agosto, el diputado de Propuesta Republicana, Francisco Sánchez aseguró que la vicepresidenta “merece la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria”

Y así en marchas de oposición frente a la Casa Rosada se colocaron bolsas negras rellenas con forma de cadáveres a las que encima les imprimieron distintos nombre y para colmo, en uno figuraba Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de la Plaza de Mayo.

En los medios de comunicación de televisión y prensa plana aparecen continuamente caricaturas con guillotinas, horcas y féretros destinados a miembros del gobierno y de los movimientos sociales. La histeria fascista se desborda cada día más.

En el congreso de la ciudad de Buenos Aires se impulsan los discursos de odio como el del legislador Roberto García Moritán quien presentó un insólito proyecto para demoler el emblemático edificio del Ministerio de Desarrollo Social ubicado en la Avenida 9 de julio con el objetivo de disminuir los piquetes por reclamos sociales que tuvieron lugar en los últimos meses.

Toda esta furia nazifascista me hacen insistir en que los argentinos no deben olvidar las penurias que sufrieron durante la dictadura militar (1976-1983) ni con los regímenes neoliberales de Carlos Menem (1989-1999), Fernando de la Rúa (1999-2001) y Mauricio Macri (2015-2019).

Aunque Estados Unidos y varios gobiernos aliados en América Latina insisten en que los pueblos deben olvidar “historias pasadas”, resulta completamente necesario que los argentinos rememoren las vicisitudes vividas para que no vuelvan las fuerzas ultraderechistas a desgobernar el país.

Recordemos que a cuatro años del golpe de Estado, el 9 de septiembre de 1977, el general Jorge Videla declaró al diario Crónica, en Washington, que “el objetivo del proceso de Reorganización Nacional es realizar un escarmiento histórico […] En la Argentina deberán morir todas las personas que sean necesarias para terminar con la subversión”.

Meses antes, en mayo de ese año, el general Ibérico Saint Jean, entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires sentenció: “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después… a sus simpatizantes, enseguida… a aquellos que permanecen indiferentes, y finalmente mataremos a los tímidos”. Era la concepción de genocidas desembozados.

Miles de jóvenes exterminados, más de 30 000 desaparecidos; cientos de niños secuestrados al nacer tras ser torturadas y asesinadas sus madres en prisión; más de dos millones de exiliados. El objetivo del plan era acabar con los mejores referentes sociales y paralizar al resto de la población mediante el terror, para quebrar cualquier resistencia y despolitizar la vida nacional.

Mientras los militares despejaban el camino, los oligarcas neoliberales ligados a los intereses de los sectores exportadores y financieros tomaron las riendas de la economía.

De esa forma, se impuso un programa económico de las clases ricas en contra de la gran mayoría cuyos puntos centrales fueron el endeudamiento externo; la apertura incontrolada al capital extranjero; la desregulación de los servicios financieros; la devaluación de la moneda.

Asimismo, severos recortes en el gasto público; congelación de los salarios y la privatización de 120 de las 433 empresas estatales que existían en esa época. Al disminuir drásticamente la producción nacional, las mercancías importadas inundaron el país con la consecuente falta de empleo e inflación. O sea, un neoliberalismo salvaje.

Tras la dictadura militar, encabezó el país Raúl Alfonsín (1983-1989) que no ayudó a resolver ninguno de los problemas económicos, políticos y sociales de la nación. Después fue electo Carlos Saúl Menem (1989-1999) un personaje de la clase adinerada, ultraconservador y proestadounidense, que dirigió al país hacia la debacle económica al atarse el FMI, al Banco Mundial (BM) y a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que obligaban a las naciones a ceñirse al Consenso de Washington cuyas prioridades son el libre mercado y las privatizaciones.

Fernando de la Rúa que tomó las riendas del país (1999-2001) siguió la línea de Menem y la crisis se profundizó con cierre de muchas fábricas, inflación galopante, la paralización de los bancos y de casi todo del país. Se declaró la moratoria de la abultada deuda; se devaluó el peso argentino y las protestas de estudiantes y obreros fueron reprimidas con saldo de numerosos muertos.

De la Rúa tuvo que abandonar el poder y lo sustituyeron dos presidentes interinos nombrados por la Asamblea Legislativa hasta que Néstor Kirchner triunfó en las elecciones generales para gobernar del 2003 al 2007.

En 2003 el 51,5 % de la población, o sea, 18,5 millones de argentinos vivían en la pobreza. Docenas de niños murieron por desnutrición y seis de cada 10 menores de 14 años no tenía cómo alimentarse ni protección gubernamental.

Los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández (2007-2015) cometieron la osadía de cancelar la deuda con el FMI y sacar al país de la debacle.

En ese período, Argentina tuvo crecimiento del 90 % de su PIB; construyó un mercado interno con inclusión social; le pagó al FMI, reestructuró dos veces, en 2005 y 2010, su deuda en defaul y terminó con la lógica del endeudamiento eterno.

La llegada de Mauricio Macri (2015-2019) volvió a revertir todos los logros alcanzados en la nación sudamericana pues endeudó por cien años al país con la obtención de empréstitos del FMI (la mayoría utilizados para pagar a acreedores privados).

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que durante el régimen de Macri la indigencia subió del 4,9 % al 7,7 %, o sea, 1 100 000 más que en 2015 para un total de 3 100 000 personas. La pobreza ascendió en 2019 al 35,4 % para afectar a 15 800 000 habitantes.

Esas son las amargas historias políticas, económicas, financieras y sociales que el pueblo argentino no debe olvidar cuando el próximo año concurra a las urnas para elegir a un nuevo presidente.

El intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner es solo un adelanto de lo que podría suceder a muchas fuerzas sociales, nacionalistas y progresistas de Argentina. Esperemos que la fuerte explosión de apoyo popular que ha tenido la vicepresidenta después del fallido atentado, también se ponga de manifiesto en las urnas.

Como dijo recientemente la presidente de la Asociación de Madres de la Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, “Cristina es la patria y la patria está agredida y en peligro”.