Europa Europa. Salvar Chira-Soria Barranco de Arguineguín

La reciente apertura de una investigación a la Comisión Europea por parte de la oficina de la Defensora del Pueblo Europeo (Emily O’Reilly) acerca de la concesión de una excepción a la Directiva 2019/944, que regula la competencia en los sistemas eléctricos, ha puesto de nuevo sobre la mesa la cuestión de la transparencia, la legalidad y las mejores prácticas en la gestión de proyectos estratégicos. El caso de Chira-Soria, la controvertida planta hidroeléctrica reversible en Gran Canaria, es el epicentro de un debate que pone en evidencia las carencias de las administraciones tanto locales como nacionales y europeas en sus deseables esfuerzos por garantizar la libre competencia y la máxima eficiencia en la transición energética.

El proyecto, que originalmente fue adjudicado en 2011 a Endesa mediante un proceso de concurrencia competitiva, ha experimentado una serie de cambios que suscitan serias dudas sobre su idoneidad y necesidad real. En 2013, el ministro José Manuel Soria (PP) asignó el proyecto directamente a Red Eléctrica de España (REE), sin convocar un nuevo proceso competitivo, algo que ya debería haber levantado sospechas. En 2015, Endesa se vio obligada a ceder la concesión a REE.

La solución llegó de Europa, cuando en 2019 el Parlamento Europeo aprobó la
Directiva 2019/944, prohibiendo taxativamente a los operadores del sistema eléctrico (como REE) construir, poseer u operar instalaciones de almacenamiento de energía.

Este avance normativo no fue fácil, pero sirvió para fortalecer la garantía de la
competencia y la neutralidad en los mercados de la energía, algo particularmente importante en territorios como Canarias, donde la concentración de los activos energéticos es una anomalía muy grave.

Sin embargo, en 2020, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (MITECO), encabezado por Teresa Ribera, solicitó una excepción para Canarias, argumentando que los sistemas insulares requerían medidas especiales debido a su singularidad. Esta solicitud fue vista como una forma de evitar la aplicación de las normas comunitarias en Canarias, dejando en evidencia un intento de favorecer un proyecto específico que no solo ha sido polémico por su falta de competencia, sino también por su coste y su impacto medioambiental.

Lo peor de todo es que, a pesar de que la Directiva prohibía claramente la concesión de este tipo de proyectos a operadores del sistema, las obras de Chira-Soria comenzaron en 2022 sin que la Comisión Europea hubiera emitido una resolución definitiva sobre la excepción. Es decir, el proyecto siguió adelante durante casi dos años sin el respaldo legal necesario, mientras las administraciones canarias y españolas miraban hacia otro lado.

Este proceder, que ejemplifica las peores prácticas y la ausencia del mínimo rigor, no solo pone en duda la legalidad del proyecto, sino también la idoneidad de los procedimientos en la Europa de las Regiones para proteger la libre competencia y evitar que intereses particulares acaparen recursos públicos para proyectos innecesarios o ineficientes. Sin embargo después de tres años (en diciembre de 2023) la Comisión Europea aprobó finalmente la excepción solicitada por España, justo antes de que finalizara la presidencia española del Consejo de la UE. Otra circunstancia que refuerza aún más la sospecha de que fue una decisión tomada bajo presiones políticas y económicas, más que bajo un análisis objetivo y técnico.

A este cúmulo de irregularidades en la tramitación del proyecto se le suman dos noticias alarmantes.

Por un lado, la confirmación de Teresa Ribera como la futura Comisaria Europea de Competencia y Vicepresidenta de la Comisión que, en lugar de inspirar confianza en una Europa que lucha por la competitividad y la transparencia, debería ser motivo de preocupación para quienes defendemos una transición energética justa y libre de intereses espurios. Y por otro, la concesión de un crédito blando de 300 millones por parte del BEI, presidido por Nadia Calviño, parece demostrar que el caso Chira-Soria representa un claro ejemplo de cómo las instituciones europeas y españolas pueden
ser manipuladas para favorecer grandes intereses económicos, a costa de la equidad y la sostenibilidad.

Con la Defensora del Pueblo Europeo ampliando en estos días su investigación sobre la legalidad de esta excepción, todavía queda por ver qué pasará si finalmente se derrumban las bases legales que permitieron y toleraron el avance de un proyecto plagado de impactos medioambientales, extremadamente costoso, polémico y altamente cuestionable. Así las cosas ¿debe la UE seguir cediendo ante presiones políticas y empresariales, o va a respetar a los ciudadanos de Canarias y el imperio de la ley?

*Pedro Pablo Medina Sánchez, Presidente Salvar Chira-Soria Barranco de Arguineguín.