Aunque la lucha es dura, podemos ver chispas de cambio en la negociación de paz colombiana

Hoy, rebrota una chispa de esperanza en el complejo proceso de paz colombiano. Vuelan muchos sueños, se aferran a la tierra buscando realizarse como las utopías en seres aguerridos, inconmensurables e imbatibles como Fidel Castro, quién tuvo un papel principal en este proceso.

Resaltan tres actores sociales en la situación actual del proceso de paz colombiano: el de quienes se oponen y pretenden derrotar, incluso por la vía militar a los grupos rebeldes y contener así toda la histórica rebeldía de sectores populares en Colombia, pero además pelean por la continuación de un modelo de desarrollo con acumulación de tierras y bienes por medio de argucias y en muchos casos la intimidación y la violencia, además de una economía extractivista minera con pocos controles.

El segundo actor colectivo, que tiene mayorías en el gobierno y el Congreso Legislativo, que ha logrado llevar adelante la negociación y se entiende en Colombia como una fisura o ruptura entre las elites, con apertura a que las guerrillas entreguen armas, puedan insertarse en el régimen político y la economía, superando el ánimo pendenciero y vengativo del populismo punitivo. Aún sus expresiones desde un modelo liberal y abierto a factores de modernización, pretende mediante su humanitarismo y construcción de estado de derecho, desvertebrar la histórica rebeldía que fue la piedra de toque de todos los grupos armados revolucionarios a lo largo de varios siglos. Y así, establecer mecanismos de control y docilidad de sectores populares con una participación legalista, ritualista e inocua con respecto a estrategias revolucionarias radicalizadas hacia el cambio de estructuras. Es muy reformista.

Y el tercer sector, las guerrillas armadas que persisten, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional; con sectores no armados de izquierda (quienes son objeto de asesinatos sistemáticos por parte de la ultraderecha), un sector que no participa en las elecciones, pero se expresa en movimientos populares y sociales y ONGs; que aceptan un modelo capitalista sin depredación económica, explotación desbocada y democracia popular participativa. Transitando de  la rebeldía armada mas otra escéptica y radicalizada en rebeldía que busca construir formas institucionales participando en los procesos político electorales y de representación legislativa. Estimulados por los procesos legales de los países vecinos en Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Diferente al modelo liberal del gobierno, que reprime la rebeldía y la protesta, como por ejemplo, los bloqueos de comunidades a la extracción de petróleo y oro dañinos para el medio ambiente. Daría mucho juego a los movimientos sociales y lucha por el desmonte de la “Doctrina de la Seguridad Nacional” que orienta las Fuerzas Armadas del Estado contra su propio pueblo y propicia formas privadas de seguridad que se constituyen en factor represivo y lumpezco.

Desde estos tres sectores que se orientan a ganar los corazones de millones de colombianos, se ha presentado un proceso democrático en el Congreso Legislativo con la participación de gobierno, legisladores, cortes y sociedad civil. Y la mayoría absoluta votó por la Refrendación del Acuerdo Especial firmado hace una semana -75% según el presidente Juan M. Santos-. Solo se opuso el grupo político, en minoría, que no participó de la votación acusando la Refrendación de ilegal e ilegítima y amenazando con acciones legales y movilización en las calles –resulta curioso que la derecha radical en Colombia y Venezuela se está tomando las calles para “protestar” para defender el status-quo y la gran propiedad planteándose como oposición-.

Nuestro anterior artículo, describía una situación de desesperanza, porque en el plebiscito que permitía la refrendación del acuerdo de paz, por un estrecho margen de votos ganaron los que rechazaron todo o partes del Acuerdo, que fue ampliamente difundido.

Hoy, renace la esperanza y los sueños de un país donde se pueda ejercer la política sin violencia armada y los procesos productivos no estén atravesados por formas delincuenciales y de acumulación por desposesión violenta.

Las propuestas expresadas en las 310 páginas del acuerdo firmado el 24/nov/2016 y refrendadas en el Congreso de Colombia en los dos últimos días de noviembre, en sus dos instancias: Senado y Cámara de Representantes, tienen validez como un Acuerdo que permite continuar la consolidación de una paz estable y duradera. Es fruto de debates democráticos donde todos los grupos tuvieron participación.

Pero la alegría se encuentra con la dura oposición a los acuerdos del bloque parlamentario que lidera sectores elitarios, los cuales intentan deslegitimar los acuerdos y en general el proceso de reconciliación.

Planteado así, parecería irracional e incluso absurda la posición de este grupo político, pero hilando más fino, encontramos que existen concepciones sobre el estado, el monopolio del uso de la fuerza, la justicia y el castigo, el modelo de desarrollo (incluso en los debates políticos aluden a intereses económicos claros como la apropiación de tierras baldías por parte de conglomerados económicos descalificando la repartición a pequeños agricultores) y las relaciones internacionales que, como planteábamos en el anterior artículo van a inclinarse posiblemente hacia una posición evasiva o una oposición del gobierno Trump hacia esta negociación echando para atrás aspectos como el apoyo a la sociedad colombiana con el retiro de las ordenes de extradición a líderes de las guerrillas, la oferta de recursos del gobierno Obama para el posconflicto y el respeto a decisiones soberanas del país como la apertura del régimen político hacia nuevas fuerzas, como las guerrillas ya en la arena política sin armas.

Los argumentos de la oposición al acuerdo son falaces, porque no hay ningún contenido en el “Acuerdo Especial” que atente contra propietarios de “buena fe” ni contra la inversión privada. Y la contención a la apropiación desmedida de propietarios con las tierras del Estado –baldíos- es una medida necesaria para repartir tierras a los campesinos pobres y desposeídos y para evitar la continuación de hechos violentos desde los procesos de acumulación que han caracterizado la productividad agropecuaria desde hace mas de un siglo.

El acuerdo del gobierno con las “Fuerzas Armadas Revolucionarias” solo pretende defender a los campesinos empobrecidos y desposeídos de la voracidad y las prácticas violentas de sectores que pretenden seguir acumulando tierras y manejando el estado mediante la combinación de formas de intimidación: Por un lado con su bloque parlamentario -que afortunadamente fue derrotado en el Congreso Legislativo- y sus aliados en las cortes judiciales y, por otro lado con los sectores ilegales que detentan negocios ilícitos (entre ellos los que han acumulado tierras mediante el terror y el despojo) quienes no solo amenazan, sino que continúan con el genocidio contra movimientos de izquierda como “La Marcha Patriótica”, “La Unión Patriótica” y “El Congreso de los Pueblos”.

En otras palabras, practican la combinación de formas de intimidación, posando como víctimas en el Congreso para deslegitimar lo que se está acordando, denunciándolo como dictatorial y apelando a la “voluntad popular” para forzar a una ruptura del proceso de paz, pero actuando disfrazados estimulando, cohonestando y dirigiendo grupos criminales contra los activistas de la paz y de la izquierda en Colombia y azuzando a sectores militares para que se subleven y ataquen a  los grupos insurgentes en proceso de paz y a los grupos de izquierda que previamente señalan desde su tribuna parlamentaria y políticos regionales y locales.

Pero como en toda tensión dialéctica, salen chispas de cambio, si grupos organizados, conscientes y racionales trabajan en salidas para estos choques políticos. El equipo negociador del gobierno y los delegados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias han logrado convencer que se pueden buscar prácticas democráticas, que si bien no solucionan graves y amplios problemas de inequidad y justicia, si contribuirían a un mejor escenario para la participación popular.

Y lo más importante es que convencieron dos de cada tres parlamentarios que representan a la nación que los ha elegido, para que se pueda continuar con la fase de Implementación e incorporación de los rebeldes en la dinámica legal del país.

Fernando Sánchez es sociólogo colombiano y defensor de derechos humanos. Miembro del Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP).
Fuente: Almayadeen