En apoyo a la concentración ‘No hay justicia’
Entre otras trabas y dificultades, la organización ecologista señala:
· Las dificultades para el acceso a la justicia gratuita. Aunque en teoría es un derecho de las organizaciones de utilidad pública y sin ánimo de lucro, amparada por el Convenio de Aarhus, a menudo conseguir su aplicación supone hasta un año de peticiones y recursos.
· El riesgo de condenas en costas, que muchas veces se usan aparentemente como un castigo para desincentivar que organizaciones sin ánimo de lucro recurran ciertos casos.
· Fianzas inasumibles. En gran cantidad de ocasiones Ecologistas en Acción no ha podido detener obras o actuaciones ilegales por la exigencia de fianzas desorbitadas para que se paralice cautelar de un proyecto. Un ejemplo de los muchos posibles: la urbanización ilegal de Marina de Valdecañas, en Cáceres. Ecologistas en Acción la denunció en 2007, y en marzo de 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dio la razón a la organización ecologista, declarando nulo el proyecto. Pero al mismo tiempo exigió una fianza de 41 millones de euros para que se parasen las obras, algo que obviamente no se pudo conseguir. Esta sentencia fue recurrida por la Junta de Extremadura y los promotores, pero el Tribunal Supremo, a primeros de 2014, volvió a dar la razón a Ecologistas en Acción. Durante esos tres años se construyó la mayor parte de la urbanización que ahora, previsiblemente, deberá ser demolida a cargo de la administración, puesto que la promotora ha quebrado.
· El anterior ejemplo también sirve para argumentar otro de los problemas de la justicia: su lentitud, que genera una gran indefensión y facilita la política de los hechos consumados. En multitud de ocasiones se consiguen sentencias en contra de obras (ampliación de la M-30, desdoblamiento de la M-501, El Algarrobico) que ya están acabadas, aunque las denuncias se presentaron antes de su inicio.
· Los casos anteriores también sirven para justificar otro de los problemas: las sentencias en materia de medio ambiente muchas veces no se ejecutan.
Si a todo esto le sumamos la falta de sensibilidad ambiental de buena parte de la judicatura, o las dinámicas que con frecuencia hacen que los poderes económicos tengan más peso que el interés común en relación a un medio ambiente sano, no faltan motivos para apoyar la movilización ‘No hay justicia’.
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