El problema de la vivienda, sin solución bajo el capitalismo

Elena es una trabajadora de 33 años que cobra 1600 euros y paga 500 euros por una habitación. A pesar de que su salario supera el umbral de dignidad, le es imposible alquilar un piso de 70 metros porque su coste se comería más de la mitad de su nómina.

Para Elena lo que el PP ofrece en esta materia  no es una solución: plantea un aval para que se pueda pedir prestado el 20% del importe de la vivienda que no cubre el préstamo. Además, exonera de pagar una serie de impuestos asociados a la tramitación de la compraventa. Con todo, Elena no podría pagar las sustanciosas cuotas de la hipoteca porque tiene el vicio de comer todos los días, además de la obligación de pagar la luz, el agua, la calefacción y el gasoil del coche con el que se desplaza a su trabajo. Y es que si algo ha demostrado la experiencia histórica-tiempos de Aznar- es que la liberalización completa del suelo que los de Ayuso propugnan no abarata la vivienda sino que, por el contrario, la encarece por la especulación que induce.

Pero lo que los de Sánchez ponen sobre la mesa tampoco sirve demasiado a nuestra protagonista. Subir el IVA a los pisos turísticos no va a contener su proliferación incontrolada. Las ayudas directas a los jóvenes llegan a muy poca gente y, al igual que las exenciones fiscales a los propietarios, suponen transferencias de dinero público a éstos, sin efecto alguno sobre el coste de los arrendamientos. La declaración de zonas tensionadas tampoco sirve demasiado. Primero, porque los índices de rentas que incluyen no suponen la rebaja de precios drástica que se precisa. Segundo, porque esa reducción, si no va acompañada de un importante incremento de la oferta, deja en la calle a una buena parte de los demandantes que, dentro de una cruel subasta, no son escogidos por los arrendadores que, finalmente, ante los topes impuestos por la Administración, huirán hacia los alquileres de temporada y turístico.

La propuesta estrella del PSOE es la que se conoce como colaboración público-privada. Consiste en que el Estado, a través de la empresa estatal constituida al efecto, ceda suelo a promotores a cambio de que éstos edifiquen por debajo del precio de mercado, gestionando posteriormente el cobro de las rentas durante un período de entre los 50 y los 80 años. El problema de este modelo es que los inversores, tras echar números, lo consideren rentable. Y teniendo en cuenta las plusvalías desproporcionadas que ahora se obtienen en el sector inmobiliario, es muy dudoso que el dinero abandone los circuitos especulativos en que se mueve para ponerse a construir y después cobrar alquileres moderados, por mucho que el suelo haya salido gratis. Y prueba de ello es que el reciente concurso de la Sareb para levantar casi 4000 casas ha quedado desierto: nadie ha pujado.

Por descarte, sólo queda una salida: incrementar exponencialmente la oferta desde lo público. Es decir, que las Administraciones se conviertan en promotoras de un parque de dimensiones millonarias, lo cual no requiere un recurso masivo al ladrillo: se pueden utilizar buena parte de esos 4 millones de viviendas vacías previa adquisición de las mismas a cargo del presupuesto público. El problema es que esta solución tiene difícil encaje en el marco de un sistema, el capitalista, cuya deriva radicalizada actual tiende a priorizar el incremento de los beneficios del capital sobre cualquier otra consideración, caiga quien caiga. 

Efectivamente, el capital ha desposeído a la vivienda no sólo de su condición de derecho social, sino incluso de la de bien de consumo: ahora es un activo financiero más. Y funciona como un paquete de acciones que se adquieren, bien para obtener unos dividendos, bien para revenderlas a precio superior y conseguir así unas plusvalías. En lo inmobiliario, los dividendos se asimilan a las rentas de los arriendos y la reventa de títulos es equiparable a la del inmueble revalorizado. Como es sabido, en estos tiempos prevalecen las finanzas, es decir, las operaciones que buscan ganar mucho dinero en muy poco tiempo. Por eso, los fondos buitre están comprando bloques de pisos como si no hubiera un mañana, desahuciando a sus moradores al triplicarles el alquiler; y arrastrando, así, a todo el mercado hacia una subida generalizada.

PSOE y PP tienen una coincidencia de fondo en dos aspectos básicos de esta cuestión: se niegan a prohibir las operaciones de compraventa que no tengan finalidad habitacional, y promueven una ley del suelo ‘liberalizadora’, es decir, que desregule los proyectos de obra para que aumente la construcción. Ya sabemos qué nos acarreó esta filosofía: una enorme burbuja que, cuando explotó, nos llevó a la ruina porque se rescató al sector financiero que había apadrinado esa desmesura. A este respecto, un dato inquietante: el precio actual de la vivienda supera al de los años álgidos de aquel desenfreno que terminó en desastre.

Mientras tanto, la izquierda, subsumida en la dinámica que el PSOE impone desde La Moncloa, permanece ausente ante esta coyuntura dramática para la gente joven trabajadora y sus familias. Y resulta frustrante que carezca del valor político necesario para condicionar su presencia en el ejecutivo a que se aborde, con urgencia y determinación, el que es, sin duda, el principal problema de este país. Ya se sabe: a grandes males, grandes remedios.

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