CNT lamenta que la administración recurra a trabajo voluntario de funciones que son de su competencia

Desde el sindicato CNT lamentamos que una vez más la Administración recurra al voluntariado para abordar funciones que son de su competencia y que debieran ser realizados por profesionales de unos servicios sociales públicos adecuadamente dotados.

Nos referimos a la campaña «Conocer para Actuar», coordinada por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía con el apoyo de la la Fundación RAIS y la colaboración con los Ayuntamientos de Córdoba, Sevilla, Jaen, Almería, Granada, Málaga y Huelva.

En el marco de esta campaña de la Consejería , se ha encargado a la Fundación RAIS, la tareas de búsqueda e identificación de personas sin hogar, así como tareas de encuesta y entrevista, para lo que esta Fundación ha puesto en marcha una campaña de captación de voluntariado.

Para CNT, que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales no disponga de profesionales para el trabajo de diagnóstico en este terreno, fundamental para el diseño de unas políticas sociales adecuadas y ajustadas a la realidad, y recurra a la privatización y subcontratación de la misma, para que finalmente acabe realizada por voluntariado, imposibilita llevar adelante una intervención integral y continuada y evidencia la falta de compromiso real de la administración con las personas sin hogar.

Mientras se promueven este tipo de intervenciones desde el voluntariado, continúan los recortes de presupuestos, y la asfixia, privatización y precarización de los servicios sociales a todos los niveles.

Es sintomático que, tras más de 7 años dura crisis económica, la Junta de Andalucia y muchos Ayuntamientos no dispongan aún de información suficiente en relación a las personas sin hogar, ni de mecanismos de diagnóstico estables desde los propios servicios sociales públicos, que permitan  la puesta en marcha de acciones que ya llegan tarde.

La sociedad civil, las distintas asociaciones y organizaciones, tienen un amplio campo para el activismo social y la solidaridad, que a nuestro juicio siempre tiene que tener un elemento de denuncia, de exigencia y para ello de autonomía frente a las instituciones.  Para CNT, esto es algo muy distinto a intervenir como subcontratas precarias, muchas veces con la mejor de las intenciones, de unas administraciones que están haciendo dejación de sus funciones y que impulsan políticas que, precisamente, provocan muchos de los problemas sociales que se intentan resolver.

Es precisamente desde la sociedad civil más implicada con la problemática de las personas sin hogar desde dónde se debiera reclamar, en primer lugar, compromisos reales, traducidos en dotación presupuestaria para servicios sociales públicos de calidad con capacidad de atender a las personas sin hogar y toda su problemática.

Debieran ser también los Ayuntamientos, las instituciones más cercanas y con más implicación con la problemática social y responsabilidad sobre los servicios sociales comunitarios, a pesar de la falta de presupuestos, los que debieran reclamar a la Junta y al Gobierno mayores recursos reales para los servicios sociales públicos, basados en el trabajo digno desde el sector público y no campañas publicitarias basadas en el voluntariado.

La Junta de Andalucía, y otras instituciones, iniciaron hace tiempo una política de subcontratación y privatización encubierta de servicios sociales, que son atendidos por convenios con asociaciones y colectivos de toda índole que no siempre aplican condiciones laborales dignas, lo que ha provocado que el sector de la intervención social este fuertemente precarizado y privatizado.

Parece que la nueva vuelta de tuerca, ante la escasez presupuestaria, supone pasar de la precariedad al «voluntariado» y al trabajo gratis, en un sector , el de Intervención Social, en el que casi cualquier acción planificada, es susceptible de hacerse  desde el «voluntariado», algo que sería impensable que se impulsase desde las administraciones en otros sectores, y que se enmarca dentro de una dinámica que no hace sino agravar, precisamente, los problemas sociales.
Iniciativas como esta, van en contra además de la propia Ley del Voluntariado de Andalucía, que establece que:

Art 18.2: Sólo de forma excepcional ante situaciones imprevistas de catástrofes y emergencia general, y a falta de otras posibilidades de actuación, podrán las Administraciones Públicas promover acciones voluntarias, estableciendo los mecanismos para que tales iniciativas se organicen de forma independiente en el plazo de tiempo más breve posible y, en cualquier caso, debiendo atenerse a lo establecido en esta Ley en materia de derechos y deberes de las personas voluntarias

En el 2015 se fijó, a pocos días de las elecciones, la Estrategia Nacional para las Personas sin Hogar. Dicha Estrategia es, de momento,  poco más que un declaración de intenciones, y papel mojado, si desde las instituciones no se le asignan los recursos y los presupuestos necesarios para implementar las distintas medidas que en la misma se recogen, y que desde luego no pueden depender del voluntariado, la precarización y la subcontratación de las obligaciones de la administración.

La lucha contra el sinhogarismo, necesita de intervenciones múltiples, necesita de la lucha contra el desempleo, políticas de vivienda y de protección social: seguros de desempleo, pensiones dignas, rentas minimas y rentas básicas, etc. Servicios sanitarios, educativos  y sociales, precisamente todo lo que se ha venido recortando desde el Gobierno y desde la Junta de Andalucía en los últimos años.

Desde CNT creemos que la Junta de Andalucía, pone en evidencia su apuesta por la privatización, sin control sobre como se llevan a cabo los trabajos, y la falta de una política social real, bien financiada, planificada y que atienda a la raíz de los problemas.

Exigimos a la Junta de Andalucía, que aborde las políticas en favor de las personas sin hogar desde los servicios públicos, reforzando y dotando los servicios sociales.

Reclamamos al Ayuntamiento que para colaborar en iniciativas de este tipo, estas se basen en la contratación de profesionales en el marco de servicios sociales públicos, abandonando usos del voluntariado que no esconden sino trabajo gratis.

No a la precarización del Sector de la Intervención Social. No a la privatización de los Servicios Sociales.  Recursos económicos suficientes, y servicios sociales públicos de calidad para las personas sin hogar.