Abriendo brechas

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca es una mala noticia. Se inscribe en un contexto de crisis de la democracia burguesa y un evidente retroceso de las libertades en todo el mundo, del que son clara expresión el auge de las tendencias xenófobas, homófobas y racistas, la ruptura del contrato social surgido tras la II Guerra Mundial y el apoyo ciudadano y electoral a partidos de corte conservador, cuando no claramente prefascistas. Salvando las distancias y las necesarias cautelas, la situación tiene connotaciones evidentes con la crisis de los años 30 del pasado siglo, que, recordemos, tuvo una salida progresista y democrática (el New Deal, de Franklin D. Roosevelt, la II República Española€), pero también autoritaria, con la cristalización de los fascismos en Europa.

En nuestro país, en opinión del historiador Paul Preston, la democracia no terminó de consolidarse nunca tras la muerte de Franco, pues el control que la dictadura franquista ejerció sobre instituciones como la Iglesia, la prensa y la Educación ha permitido la pervivencia de lo que denomina franquismo sociológico, que ha de interpretarse, sensu strictu, no como un régimen político, sino en sentido amplio, como un modo de gobernar, del que el abuso de poder, el Gobierno a favor de intereses partidistas, el recorte de las libertades ciudadanas, las reformas laborales y, sobre todo, el fenómeno de la corrupción son sus manifestaciones más destacadas.

En este contexto, las actuaciones del Estado (con un Gobierno del PP que, recordemos, no ha condenado el franquismo) tendentes a saldar una deuda con quienes sufrieron la represión de ese ominoso régimen han sufrido una paralización sangrante, con todo tipo de impedimentos para la actuación de la Justicia y sin consignación presupuestaria para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007. La llamada querella argentina es la única causa judicial en el mundo que investiga el franquismo, por crímenes de lesa humanidad y/o genocidio. Pero, a instancias de la Fiscalía del Estado, a Gerardo Iglesias, excoordinador general de Izquierda Unida, se le impidió declarar por las torturas recibidas en su etapa de trabajador minero en activo. La justificación fue que tanto la Ley de Amnistía de 1977 como la propia Transición sirvieron para sanar esas heridas.

Es, por tanto, la sociedad civil la que ha de actuar de altavoz para dignificar y no olvidar a las víctimas. El pasado día 3 la Asociación de Memoria Histórica de Murcia-Tenemos Memoria (MHMU) organizó en el Moneo una mesa redonda de debate sobre el destino de la antigua prisión provincial de Murcia, la llamada Cárcel Vieja, una vez decidido el Ayuntamiento de Murcia a convocar un concurso de anteproyectos para su rehabilitación. El acto contó con la presencia de Roque Ortiz, concejal de Fomento del ayuntamiento de Murcia, acompañado del decano del Colegio de Arquitectos, Rafael Pardo.

En la sala, concejales de los grupos de la oposición y en la mesa de debate, un panel de personas expertas muy representativo: Antonio Martínez Ovejero, doctor en Historia e investigador del franquismo en nuestra Región; Fuensanta Escudero, doctora en Historia y autora de libros sobre la propia cárcel y sobre la deportación de murcianos a los campos de exterminio nazi; Enrique de Andrés, arquitecto, urbanista y restaurador, y María Concepción Paredes, directora del Archivo Histórico de Asturias, inaugurado en 2010 y ubicado en la antigua Cárcel Modelo del Principado. Especialmente relevante fue la aportación de esta última, por cuanto el ejemplo de Asturias es algo muy a tener en cuenta para la remodelación del antiguo presidio murciano.

El convenio firmado a finales de este verano entre el Ayuntamiento y el Colegio de Arquitectos establece que es en la segunda donde se considera la ubicación de un espacio memorialista. La petición de MHMU es que ello se aborde la primera y, además, teniendo en cuenta la sugerencia del arquitecto Enrique de Andrés: una obra de tal envergadura ha de contar necesariamente con la participación de la sociedad civil. Por ello, MHMU considera que debe estar presente en el jurado que ha de decidir el proyecto ganador.

En estos tiempos convulsos, con unas democracias renqueantes, es saludable que el movimiento memorialista esté abriendo otras brechas importantes. Por ejemplo, en la eliminación de los callejeros franquistas. Los ejemplos recientes de Ayuntamientos próximos como Totana, Cartagena y Alicante son ilustrativos en este sentido. Como es aleccionador que el consistorio murciano haya decidido abrir una comisión de estudio (en la que participa MHMU) para abordar el cambio de denominación de decenas de calles franquistas que aún quedan en la ciudad y sus pedanías.

Además, las actuaciones de los Gobiernos de varias autonomías (Cataluña, Euskadi, Navarra, Baleares, Comunidad Valenciana y próximamente Andalucía), con leyes que tratan de suplir la inhibición del Estado, aun con sus luces y sombras (la exhumación de fosas comunes no siempre se ajusta a las recomendaciones de la ONU, pues mal hechas pueden borrar vestigios), se inscriben en ese deseo de seguir ahondando la brecha que conduzca a enterrar definitivamente el franquismo latente en nuestro país.