Ofensiva contra Venezuela: EEUU y la UE intentan darle oxígeno al antichavismo

Sanciones de la UE y la amenaza contra funcionarios chavistas

Los 28 países que integran el Consejo Europeo votaron a favor de un embargo de armas y materiales que pudieran servir para “reprimir al pueblo venezolano”. En el mismo cuerpo legal aprobado por estos, se establece un marco jurídico para que en el futuro se proceda con sanciones específicas a funcionarios venezolanos que “incumplan con los principios democráticos y de Estado de Derecho”, según afirma el comunicado del organismo.

Con grandes dificultades para conseguir el voto de Grecia y Portugal, necesarios para esta decisión unánime del Consejo Europeo, estas sanciones son mucho más moderadas de lo exigido por Estados Unidos en el ámbito económico. Dado que el embargo de armas no afecta sensiblemente al aparato militar venezolano, que hoy gira hacia acuerdos de cooperación con Rusia y China, y unas eventuales sanciones a funcionarios venezolanos se muestran lejos de poder romper la cohesión interna del alto mando político-militar bolivariano.

Sin embargo, el comunicado de la UE sobre las sanciones es esclarecedor en tanto que las ubica como una forma de ejercer presión para que “el gobierno vuelva a la mesa de diálogo con la oposición”. Dentro de una agenda preestablecida enfocada en la liberación de presos políticos, la adopción de un calendario electoral, y una composición “más equilibrada” del Consejo Nacional Electoral (CNE), todos puntos exigidos por el antichavismo. Por este motivo, la UE llama a que la oposición esté unificada para “alcanzar una negociación creíble que permita el retorno a la legalidad democrática en Venezuela”.

Las razones de las sanciones justamente muestran el evidente sesgo político de la UE, contrario a validar ningún tipo de acuerdo que no signifique la salida del Gobierno de Nicolás Maduro, dado que las justifica por la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), más supuestas irregularidades en las recientes elecciones regionales, amparándose en las diferencias que hubo entre los resultados y las estimaciones previas a los comicios. Todo enmarcado en una reiterada violación al principio de no injerencia en otros países contemplado en el Derecho Internacional.

Reunión informal del Consejo de Seguridad de la ONU con fines propagandísticos

Horas después de las sanciones de la UE, la representante de EEUU en la ONU, Nikki Haley, presidió una sesión informal, sin validez jurídica, del Consejo de Seguridad relacionada al “tema Venezuela”. Convocatoria que contó con la participación del creador de este mecanismo de consultas informales, el ex embajador venezolano ante la ONU, Diego Arria, quien en días previos denunció el intento de una parte de la oposición de boicotear la reunión.

Tal como Misión Verdad adelantó a principios de octubre, la intención de EEUU es llevar el “tema Venezuela” hacia el seno del Consejo de Seguridad una vez agotada la instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) como la vía natural de intervención en el país.

Bajo esa intención, es que la sesión contó con la participación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, y Julio Henríquez, representante internacional de la ONG Foro Penal, financiada por el Departamento de Estado. Todos enfocados en promover un cerco y asfixia contra Venezuela en el campo diplomático y económico.

Sin embargo, la reunión organizada por EEUU, junto a ocho países, estuvo lejos de mostrar un consenso en la ofensiva contra Venezuela. Dado que países como Uruguay fueron enfáticos en bajarle el tono a la calificación de Haley, quien aseguró que la República Bolivariana conforma “un narcoestado que amenaza la seguridad global y regional”.

La declaración del representante uruguayo ante el organismo dejó claro que Venezuela ni es una amenaza mundial ni forma parte de la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU.

Este contrapunto es de gran importancia, ya que EEUU necesita nueve de 15 votos en el Consejo para poder convocar una sesión formal sobre Venezuela. La negativa de Uruguay a plegarse por completo a su posición, sumada a la evidente ausencia de cinco de los 15 miembros en la sesión informal, muestran que su agenda tiene varios escollos en el organismo para avanzar.

Incluso, de darse una votación contra Venezuela, países como China y Rusia, con poder de veto en esta instancia, no acompañarán dicha iniciativa, según lo informaron en una conferencia de prensa con el embajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez, y el representante de Bolivia en el organismo, Sacha Llorenti.

Con amplio conocimiento de esta correlación de fuerzas, la embajadora estadounidense Nikki Haley utilizó esta reunión para que altos funcionarios cercanos a su órbita, como Almagro, pidieran un embargo petrolero contra la República Bolivariana, y dispararan en contra de cualquier instancia de diálogo que no lograse una “negociación creíble en Venezuela”.

Al cierre de esta reunión, Haley se reservó el derecho de convocar a una sesión en el Consejo de Seguridad, en caso de que la situación reseñada en el país no fuera resuelta.

Objetivo de las dos maniobras

Ambas improntas diplomáticas se insertan en un contexto político venezolano cercano a la realización de una ronda de diálogo en República Dominicana. Donde la oposición venezolana, hoy dividida entre posiciones electoralistas y confrontacionistas, se encuentra en franca posición de debilidad frente al chavismo después de perder en las elecciones regionales. De esta forma, todo apoyo que venga de afuera tiende a buscar darle mayor oxígeno al antichavismo para suplir esa carencia que tiene en lo político.

En este contexto, es que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) amenaza con faltar a la nueva ronda de diálogo en República Dominicana, en caso de que no participen los acompañantes internacionales definidos por las partes. Transmitido a través de un escueto comunicado, esta posición busca nuevamente imponer condiciones al Gobierno Bolivariano para obligarlo a ceder en temas citados como claves para la oposición venezolana, como son la nueva conformación del CNE y condiciones electorales favorables para sus candidaturas.

Bajo este mismo modus operandi, EEUU ha intentando darle un punto de negociación a los sectores más reaccionarios, representados en los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular, con el anuncio de que una eventual reestructuración de la deuda venezolana podría sortear las sanciones económicas de Washington, en caso de que la Asamblea Nacional lo aprobase y no participaran en el equipo negociador los funcionarios sancionados por el Departamento del Tesoro, como el ministro de Finanzas Simón Zerpa y el vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami.

Todo esto muestra un menú completo de extorsiones, dispuesto desde el exterior, para fortalecer las posiciones más beligerantes contra el país. En claro desconocimiento de la reconfiguración del sistema político venezolano con el ascenso de partidos políticos opositores, favorables a una negociación realista con el chavismo. Dado que EEUU y la UE se encuentran totalmente en contra de que el ciclo de crisis política venezolana se cierre con Nicolás Maduro en el poder presidencial.

A última hora, se juegan todas sus cartas para evitar la derrota política a través de medidas violatorias al mismo Derecho Internacional que crearon para resguardar sus intereses.