Resolución del PCE sobre el cierre de la Central Térmica de Andorra

1. Mostramos nuestro más absoluto rechazo a la decisión tomada por ENEL, empresa público-privada de accionariado del Estado italiano y privado, principal propietaria de ENDESA, de cerrar inmediatamente la Central Térmica de Andorra, produciendo un nuevo golpe a los derechos de los trabajadores, las trabajadoras y el conjunto de la sociedad de estas comarcas, sobre todo teniendo en cuenta los millones que ha obtenido durante décadas la gran burguesía a costa de varias generaciones familiares de la clase obrera.

2. Consideramos que se ha llegado a esta situación por la avaricia depredadora de la oligarquía española e italiana. Se demuestra por una serie de hechos repetidos en multitud de sectores económicos estratégicos del país iniciados por los gobiernos de Felipe González y acelerados por el avance del neoliberalismo desde los años 90 con el brazo ejecutor de las imposiciones de la Unión Europea. A saber:

• Privatización progresiva del sector energético.

• Corrupción económica y política permanente de los grandes empresarios del sector y sus lacayos ministros y presidentes de gobierno de turno.

• Chantaje permanente de ENEL y ENDESA a la clase obrera de las comarcas mineras y de todo el Estado, recibiendo millones de euros en subvenciones públicas desde Europa y España tras levantar amenazas permanentes de cierre, recortes y externalizaciones. Todo ello acompañado de despidos encubiertos con prejubilaciones para aligerar la plantilla que se aboca al cierre.

3. Analizamos la coyuntura actual como ni Gobierno ni empresa respetan el porcentaje del 7,5% de quema de carbón autóctono sobre el mix energético. Se carga sobre los hombros de la población autóctona proyectar individualmente empresas privadas para recibir los diferentes fondos de ayuda a la reindustrialización. Algo que ha fracasado, ya que es inasumible absorber los miles de puestos de trabajo sin un Plan Estatal. Además, exigimos una auditoria rigurosa del uso y resultado de la utilización de dinero público a través del Plan Miner.

4. Por todo ello, planteamos y exigimos al Conjunto de las Instituciones del Estado, como única solución viable, que inicien un proceso de nacionalización y recuperación del

sector energético debido a su importancia social, económica y estratégica. De esta forma se podrá luchar contra la pérdida de soberanía económica, desde una perspectiva social, basada en el bien común y mediante cumplimiento de la Constitución Española, que tanto dicen defender desde su falso consenso y que tantas veces han violado como traidores siempre que se ha tratado de eliminar derechos de la clase trabajadora. Artículo 128:

-Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

-Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

5. Reclamamos al Gobierno del Estado la redacción, presentación y aprobación de un Plan de Nacionalización del Sector Energético Español, de carácter inmediato, con todas las herramientas disponibles desde las instituciones del Estado, como puede ser la nacionalización y expropiación de las redes de distribución y producción energéticas junto con las explotaciones mineras, que sitúe en el año 2050 el horizonte del 100 % de energías renovables y autosuficientes.

Mientras tanto, a pesar de las políticas que la Unión Europea impone a la clase obrera mediterránea, exigimos una alternativa de reindustrialización de las cuencas mineras, asegurando una reserva estratégica de carbón nacional que permita la transición justa. Imponer la prioridad de quema de carbón autóctono, relegando la importación al mínimo imprescindible para completar la producción nacional energética necesaria, sin olvidar su correspondiente ecotasa.

Además se debe proyectar la inclusión en el patrimonio industrial de todas las centrales térmicas, sin olvidar todos los bienes muebles e inmuebles del sector energético tras el progresivo cese de actividad por el aumento de la producción con energías renovables hasta llegar al 100% en el año 2050. La cultura popular de las comarcas mineras ya es inseparable del orgullo y la conciencia de clase relacionada con el trabajo en la central y las minas.

6. Exigimos al Gobierno del Estado y de Aragón que urgentemente creen un plan de desarrollo económico en Andorra y las comarcas mineras, consensuado con los diferentes agentes sociales y otorgando prioridad a las necesidades de la población, diversificando la economía desde la concepción de la industria como motor económico y generando un reparto justo de la riqueza creada por el trabajo, asegurando empleos de calidad mediante la intervención pública. Plantear proyectos públicos empresariales y cooperativos que garantizan la independencia económica y política de la comarca, lejos de los intereses de multinacionales. Fomentar y atraer pequeñas y medianas empresas, garantizando el interés de los trabajadores, las trabajadoras, y la población desde la administración pública correspondiente. Ayudar a sostener o transformar las empresas ya existentes.

7- Para todo ello llamamos a toda la clase obrera a organizarse para encarar el camino de la lucha por la nacionalización; basta de luchar por subvenciones millonarias para ENEL y ENDESA bajo el chantaje del cierre. Es imprescindible establecer lazos de lucha con la Central Térmica de Compostilla (León), que también se le ha condenado al cierre, el resto de centrales que continúan y la rama de la minería.