Exigimos que la Lomloe elimine la segregación forzosa de las personas con discapacidad en el sistema educativo

La Plataforma estatal por una Escuela Extraordinaria se ha reunido esta mañana, vía telemática, con la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y el secretario de Estado, Alejandro Tiana, para transmitirles la necesidad de que la nueva ley educativa (Lomloe) elimine la segregación forzosa de las personas con diversidad funcional en el sistema educativo. A pesar de que la educación inclusiva es un derecho prescrito en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), doce años después de que España ratificase dicha Convención, a día de hoy hay muchas familias que ven truncado su derecho a educarse en entornos inclusivos junto a sus hermanos y vecinos bien por segregación directa por discapacidad, bien por la segregación indirecta cuando no se ponen los ajustes y apoyos necesarios en las escuelas ordinarias.

Le hemos transmitido también a la ministra que en muchas ocasiones estas familias se ven obligadas a asistir a los tribunales para defender los derechos que la ley reconoce a sus hijos e hijas. Lo más triste e injusto es que, aun cuando se ganan las sentencias, se pierde gran parte de la infancia y adolescencia de los niños y niñas afectados, debido a la duración y dureza de los procesos, convirtiéndose en víctimas por partida doble.

Agradecemos enormemente que el Ministerio de Educación haya escuchado nuestras demandas y acogemos con esperanza el compromiso con la educación inclusiva que la ministra Celaá ha manifestado en múltiples intervenciones y comparecencias públicas. No obstante, también hemos reivindicado la urgente necesidad de recursos que tiene el sistema educativo español.

Una sociedad democrática, plural y diversa no puede seguir consintiendo que el sistema educativo viole la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Convención sobre los Derechos de la Infancia, ratificada por España en 1990, y la CDPD, ratificada en 2008, todas ellas amparadas por el Artículo 10.2 de la Constitución Española. Recordemos que por este motivo España recibió la condena expresa de la ONU en dos informes de mayo de 2018 y de mayo de 2019.