Los apuros de un rey ponen en jaque al sistema monárquico en España
La monarquía española se halla en su crisis institucional más honda desde su restauración en 1975. Las revelaciones sobre las prácticas supuestamente ilegales de Juan Carlos I han minado por completo el prestigio de la institución. Pero esta es la cúspide de un sistema que se intenta salvar a toda costa por ser útil al establishment del país.
Las escandalosas revelaciones en torno a la Casa Real española y la permanente profusión en los últimos tiempos de datos comprometedores sobre la actividad de Juan Carlos I durante su reinado ponen a la institución monárquica en una posición cada vez más difícil.
Las dudas sobre las finanzas de Juan Carlos de Borbón y su supuesta labor de comisionista por la construcción de una línea férrea de alta velocidad en Arabia Saudí, aderezadas con las impactantes confesiones de su amiga personal Corinna Larsen, suponen por el momento la guinda a una trayectoria que, en cuanto al conocimiento de la opinión pública se refiere, arranca en 2006 con las primeras informaciones sobre el caso Nóos y la implicación de su yerno Iñaki Urdangarín, sigue en 2010 con su instrucción oficial, y continúa a partir de abril de 2012 con el accidente de Juan Carlos durante una cacería de elefantes en Botsuana, todo en mitad de la profunda crisis económica por la que entonces atravesaba España.
De resultas, en junio de 2014 Juan Carlos I resolvió abdicar en favor de su hijo Felipe, convertido desde ese momento en el jefe del Estado. Pero lejos de atajarse la crisis institucional y contener el deterioro de la imagen del sistema monárquico, los últimos tiempos dan cuenta de un caudal incontenible de información inquietante, procedente en su mayor parte del extranjero, que apunta hacia el carácter ilícito de buena parte del comportamiento del monarca emérito.
Si la primera tanda de la crisis borbónica del siglo XXI tuvo lugar durante los peores años de la depresión económica global iniciada en 2008 con Juan Carlos I en el trono, esta segunda ración acontece en medio de una gravísima contingencia sanitaria que ha derivado en otra crisis económica de profundo calado.
Y si ante cualquier apuro la Casa Real española podía contar con el silencio de los medios de comunicación españoles, ahora gran parte de estos no tiene reparos en alojar en sus primeras planas cualquier noticia que afecte a la familia Borbón.
Crisis borbónica como crisis sistémica
En la actualidad, la Justicia española está determinando si cabe imputar a Juan Carlos I un presunto delito de evasión fiscal luego de proceder a distribuir en cuentas ocultas al fisco el dinero procedente de un posible cobro de comisiones ilegales.
Y esto sucede así porque, a tenor de lo dispuesto por el Artículo 56.3 de la Constitución española, la figura del monarca «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». La consecuencia es que el jefe del Estado en España es intocable aun cuando opere al margen de la ley, la cual consagra su irresponsabilidad. Y surge la pregunta. ¿Tiene sentido que la cúspide y llave del sistema de organización política en España sea una figura no responsable ante la ley? ¿Cuál es la utilidad de la monarquía en una España infestada en los últimos años por la corrupción?
Para el politólogo Jorge Verstrynge, esta utilidad radica en que la monarquía «es la llave de la bóveda del sistema». En declaraciones a Sputnik, este exprofesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid señala que esta es la razón por la que no hay monárquicos «de convicción» en España. «Los hay de conveniencia», explica. «La monarquía garantiza que los banqueros sigan cobrando, que el ejército no se mueva y que la relación de fuerzas sociales existente se mantenga».
Por su parte, el también politólogo Víctor Prieto habla del concepto de «solidez democrática» como clave para entender en España la legitimidad de un sistema que se basa en el «principio hereditario«. Según explica a Sputnik, esta solidez «ha dependido del carisma personal de Juan Carlos I, un carisma construido en paralelo al exitoso relato de la Transición». A su juicio, «Juan Carlos tuvo que ganarse el trono, algo que, si tenemos en cuenta la cantidad de autodeclarados republicanos juancarlistas, consiguió con creces», afirma, subrayando que su suerte ha estado «íntimamente vinculada al mantenimiento del status quo bipartidista».
«Es una relación de fuerzas herencia del sistema franquista con un lavado de cara en algunas cosas más o menos profundo y en otras no», dice Jorge Verstrynge, quien resalta que los poderes judicial y policial «no fueron depurados». «Y la judicatura sigue sin depurar», insiste. Verstrynge no cree que la actual crisis borbónica se intente resolver mediante una reforma de la Constitución, pues también se pondrían en cuestión otros poderes:
«En el momento en que se ponga en solfa la forma monárquica del Estado, ellos se ponen en solfa también. Pero exageran, porque el día en que la monarquía caiga, los poderes del Estado ya se habrán ocupado de encontrar sustitución, no mediante otro rey, sino mediante un régimen presidencialista o parlamentario, da igual. Pero hay una herencia del franquismo que es importante: el miedo».
El sostén que ya afloja
Durante décadas, los medios de comunicación en España no se hicieron eco de las contingencias que pudieran afectar al entorno de la Familia Real. No escuchar, no ver y no contar.
Así sucedió con los problemas con la justicia de Manuel Prado y Colón de Carvajal, administrador privado del rey Juan Carlos durante dos décadas. Pero la figura del monarca salió indemne a nivel mediático. Esta especie de omertà que ha operado en España durante más de tres décadas, ha saltado ya por los aires. «La omertà hace ya mucho tiempo que terminó», señala Verstrynge, «aunque la monarquía sigue gozando del favor de casi toda la prensa y todas las cadenas de televisión».
Verstrynge cree que la razón por la que el silencio mediático ya no opera con la Casa Real, es «porque el tema es tan gordo que no se puede ocultar». En cualquier caso, este politólogo opina que los medios harán todo lo posible por extraer la figura de Felipe VI de todo el entramado. Y conecta su razonamiento con la operación que impulsó la abdicación de Juan Carlos en 2014: «Claro que el PSOE le está intentando salvar, porque forma parte del sistema. Hay que tener en cuenta que fueron Rubalcaba, Felipe González y PRISA quienes montaron la operación de su abdicación».
Sobre el futuro de la monarquía
¿Es entonces la monarquía un cepo para la organización política del Estado? «Hay una clara simetría entre la rigidez de la reforma constitucional y el papel de la Corona como vértice del sistema jurídico-político en España», opina Víctor Prieto, quien explica que es revelador «que el Título II de la Constitución requiera del procedimiento agravado para su reforma (situándolo a la altura de los Derechos fundamentales y las libertades públicas)».
«Entre otras cosas», prosigue Prieto, «esto se debe a la voluntad de los constituyentes de vincular la estabilidad política del país a la forma de Estado; es decir, a la monarquía parlamentaria».
En su opinión, esto ha provocado que «durante años la monarquía quedara al margen de la confrontación política, en el terreno de lo indiscutible, como una especie de árbitro/símbolo elevado sobre los intereses particulares y los conflictos sociales». «La inviolabilidad implica una reforma constitucional, lo que significa abrir el melón», advierte Verstrynge. «Porque ya que te pones a hacer una reformita, pues vamos a hacer dos o tres más. Por ejemplo, cargarse el artículo 135 [que consigna el pago de la deuda por encima de cualquier otra obligación]». Su colega Víctor Prieto advierte que la pervivencia del sistema necesitará de un nuevo impulso:
«Yo creo que la monarquía en España, al contrario de lo que durante décadas ha podido parecer, carece de la legitimidad política, histórica y cultural necesarias como para confiar en que el principio hereditario pueda garantizar, por sí solo, su continuidad en el futuro».
La inviolabilidad del monarca
La Justicia española está dilucidando si los hechos imputados a Juan Carlos I acaecieron también después de su abdicación, cuando su irresponsabilidad ante la ley había ya concluido una vez dejó de ser el jefe del Estado. Sin embargo, esta cuestión divide a los juristas, pues no está clara y, cuanto menos, el rey emérito disfruta de aforamiento.
Por otra parte, aun cuando la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución protegía sus actos, el efecto ante la opinión pública no queda exento de consecuencias. «El rey tiene derecho a sacar el dinero que quiera de los bancos, de sus cuentas. Pero cuando lo hizo, en España había una crisis brutal», señala Jorge Verstrynge, que alude a la negociación entablada en 2014 para organizar la abdicación de Juan Carlos y dotarle de inmunidad. «Fue fundamentalmente la gente del grupo PRISA y el entorno de la CEOE, intentaron así salvar la monarquía».
«De facto, explica Víctor Prieto, «esa irresponsabilidad constitucional de los actos del Rey se ha traducido en una suerte de impunidad que ha posibilitado que el monarca se moviera permanentemente en los márgenes de la legalidad. Mientras fueran bien los negocios, todo se le permitía».
Prieto señala un aspecto de coincidencia cronológica: «En este sentido, no es casual que la pérdida del aura de Juan Carlos I como padre de la democracia se resquebrajara al mismo tiempo que se estaba resquebrajando el sistema de partidos, pues no hay que olvidar que la figura del Rey ha formado parte (parte preeminente, por cierto) del consenso político que hace aguas a partir de la crisis de 2008″.
El valor intrínseco de la monarquía
El sistema monárquico en España en cierto modo representa al establishment, de ahí que amplios sectores de la política, la empresa y la banca sean reacios a cuestionar su conveniencia para el país aun cuando el aura que la rodea en los últimos años esté trufada de graves escándalos.
«La monarquía en España no es solamente una forma de Estado», afirma Víctor Prieto, «es, sobre todo, una forma de repartirse el Estado». En este sentido, este profesional de la consultora Studi La Cimera piensa que un cambio en la forma de Estado podría suponer «una ampliación democrática, en términos de soberanía popular y división real de poderes». «Hay quien podría decir, sin equivocarse, que una república puede ser igualmente oligárquica y corrupta, y que las desigualdades no son ajenas a regímenes en los que la jefatura del Estado depende del sufragio». Y matiza a continuación:
«Pero yo creo que se trata de pensar un hipotético referéndum sobre la continuidad de la monarquía como el punto de partida, no de llegada, para una profundización democrática. Es decir, la conditio sine qua non de un verdadero proceso constituyente en España».