Los límites éticos del régimen del 78

En estos últimos tiempos estamos asistiendo a comportamientos de las dos grandes fuerzas políticas(PP y PSOE), ambas soporte durante décadas del Régimen del 78, que vendrían a poner de manifiesto el listón tan sumamente bajo que aquél presenta a la hora de conformar sus propios límites éticos. Podría decirse que se precipita la descomposición moral de un sistema político, mientras que la descomposición política a fecha de hoy ni está ni se la espera. Efectivamente, a la par que todo este estado de cosas se hunde en el descrédito, las inteligentes maniobras del bipartidismo están posibilitando que sus bases electorales y sociales se hayan recuperado respecto del período anterior.

Esta asimetría entre los planos político y moral se evidencia en el proceso que conduce a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno y los comportamientos políticos que posteriormente exhibe el ejecutivo socialista. El secretario general del PSOE accede a la Moncloa de la mano de una amplia coalición que podríamos denominar republicana, que en lo fundamental plantea una recusación del entramado corrupto que define el quehacer político del PP. Es decir, se trata más de un movimiento regeneracionista que de un apoyo político al PSOE, hasta el punto de que su candidato a la presidencia del gobierno, durante el debate de investidura, ni siquiera se molesta en esbozar un programa sobre el que concitar los apoyos parlamentarios.

Una vez en el gobierno, Sánchez y sus colaboradores se dan de bruces con ese listón ético porque está tan bajo, que enseguida te golpeas con él en la cabeza. Y en este ámbito hay dos cuestiones paradigmáticas. En primer lugar, está el asunto de la publicación de los beneficiarios de la amnistía fiscal. El presidente del gobierno, que en la oposición aseguraba que ésa sería su primera medida, ahora dice que no es posible. Pero es el director de la agencia tributaria quien afirma que, con una pequeña modificación legal, esos nombres serían publicables. Es más: técnicos de hacienda y juristas afirman que de ese listado, ya se podría conocer el nombre de aquéllos que se consideraran defraudadores. El sistema le ha dicho al PSOE que no permite que representantes de fuerzas políticas, mundo empresarial y Casa Real queden con sus vergüenzas expuestas. Y Sánchez ha acatado. También ha mostrado sumisión en el caso de las cintas de Corina, impidiendo que el parlamento investigue al rey emérito, a pesar de las evidencias de comportamiento irregular y fraudulento que este personaje exhibe. En definitiva, el gobierno está optando por mantener los fundamentos del Régimen aunque ello represente la consolidación de espacios de impunidad, es decir, de personas y colectivos para quienes no rige el imperio de la ley.

En el PP de Casado también hemos visto esto últimos días algún fenómeno que sólo te puedes encontrar en este país, como tantas otras cosas. Resulta que el principal partido de la oposición y de la derecha elige como presidente a una persona que indiciariamente habría obtenido, tanto la titulación de la carrera como del máster, de manera fraudulenta. Parece incluso que avanza la posibilidad de ser imputado por este último. La prensa británica se echaba las manos a la cabeza cuando describía cómo un partido español muy relevante ponía a su cabeza a alguien que muy posiblemente habría delinquido para obtener titulaciones.

Estamos, por consiguiente, ante una suerte de democracia inmoral y, por tanto, lastrada y muy imperfecta, donde la exacción de la ciudadanía, propia de cualquier sistema capitalista, se produce preferentemente por medios ilegales. Es decir, las élites roban saltándose la propia ley, aunque también al amparo de ella, como ocurre en lo tocante a la inviolabilidad de la figura del rey, haga éste lo que haga.

Y aunque esto hoy no tiene su traducción en lo político (tanto PP como PSOE suben su intención de voto), llegará el momento en que la crisis ética, espoleada además por la precariedad social, encuentre su par en una crisis política de grandes dimensiones.

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