Vuelven las movilizaciones de pensionistas

Son varios los temas que desde el gobierno progresista se cierran en falso o, sencillamente, se dejan entreabiertos; así han quedado la ley Mordaza, la Memoria Histórica, las reformas laborales, la ley de Extranjería, y las pensiones. Sí, las pensiones, ¿o es que ya han sido satisfechas las justas demandas de las mareas de pensionistas?

 Sin duda ha sido el de las personas mayores el colectivo que más afectado se ha visto por las restricciones que hemos soportado como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Pero a pesar de esas limitaciones a la movilidad y de ser también los abuelos quienes más han sufrido los contagios y el largo tratamiento del Covid-19, se puede asegurar sin miedo a equivocarse que el movimiento de pensionistas y jubilados ha sido uno de los más activos durante estos dos años de reconocida desmovilización social.

Incluso en los meses más duros de la crisis sanitaria no ha faltado alguna localidad, algún grupo de pensionistas -con mascarilla y demás medidas preventivas- para sacar a la calle, a la plaza o al mercado sus pancartas y folletos exigiendo unas pensiones más justas. Tampoco se han suspendido las reuniones (físicas o virtuales) de coordinación de las plataformas, las charlas informativas y la presencia en las redes sociales de los puntos más significativos de la ya larga lucha en defensa del sistema público de pensiones.

Ahora, cuando las medidas que limitaban la movilidad y los contactos sociales se van relajando, los colectivos de pensionistas y el sindicalismo alternativo vuelven a la carga y a la calles. De nuevo este otoño trabajadores jubilados y en activo somos llamados a defender una conquista irrenunciable: el derecho a disfrutar de una pensión publica suficiente al finalizar nuestra vida laboral.

No faltará quien se sorprenda al enterarse de que miles de pensionistas siguen exigiendo garantías para la continuidad del sistema público de pensiones, cuando desde hace meses muchas voces aseguran que ese sistema ya ha sido mejorado y tiene el respaldo de la mayoría parlamentaria para seguir siendo público en el futuro. No negaremos que se han producido algunas mejoras y que también se vaticina que en las negociaciones del Pacto de Toledo el gobierno, la patronal y los dos sindicatos  habituales encontrarán una solución que asegure la financiación y continuidad de las pensiones públicas.

Sin embargo, tomando en consideración las declaraciones y las intenciones de unos y otras, no hay razones para la tranquilidad; ni mucho menos. Por un lado hemos visto -y sufrido en carne propia- la imparable subida de los precios. Un incremento del coste de la vida que muy pronto se comió el 2.5% que han subido las pensiones en 2022. Recordemos aquí, para más escarnio, que todavía siguen existiendo pensiones por debajo de los 700€.

Por otro parte siguen en marcha las medidas que van alejando la edad de jubilación, para alcanzar los 67 años a partir de 2027… salvo los afortunados que hayan podido cotizar 38 años y medio. Al mismo tiempo se introducen mayores penalizaciones para las personas que quieran adelantar su retiro. Todo esto sin olvidar las ocurrentes propuestas de ampliar a toda la vida laboral el período de cálculo de la pensión (después de ir subiendo de los dos últimos años a los 10, 15 o 25).

Como puede verse no son razones lo que les faltan a quienes insisten, contra viento y marea, en seguir defendiendo el derecho a unas pensiones públicas dignas. Convocados estamos, tanto los ya jubilados como quienes están en activo o incluso todavía no han entrado en el mercado laboral, a sumarnos a esta desigual lucha en pro de una de las conquistas más importantes de la clase trabajadora.

Antonio Pérez Collado es miembro de CGT País Valencià i Murcia