Sanciones a funcionarios:la maniobra de EE.UU. para dividir a la FANB

El anuncio hecho este martes por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sobre el levantamiento de las sanciones al ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Manuel Ricardo Cristopher Figuera, cómplice del golpe fallido ejecutado el pasado 30 de abril, es un punto de partida para trazar las verdaderas motivaciones de estas medidas punitivas.

El Departamento del Tesoro respaldó este anuncio publicando un comunicado de prensa donde además enfatiza que las sanciones «no necesitan ser permanentes y tienen la intención de provocar un cambio positivo de comportamiento», refiriéndose al llamado de deserción militar atendido por el General de División.

Su intervención en el golpe permitió la fuga del dirigente antichavista, Leopoldo López, quien estuvo presente en el distribuidor vial de Altamira conduciendo los llamados para deponer al gobierno de Nicolás Maduro al lado del diputado en desacato, Juan Guaidó, junto a un arsenal de armas y municiones.

El ex jefe del SEBIN fue expulsado y degradado junto con otros 55 militares implicados por participar en estos hechos.

Casos de sanciones a funcionarios y motivos superficiales

La cronología de asedio a Venezuela por parte de la Administración Trump (y la de Obama) contiene, además del bloqueo financiero, las sanciones a figuras públicas del chavismo con cargos de alta responsabilidad dentro de la Nación.

El paquete de prohibiciones a funcionarios por lo general está constituido por la congelación de bienes que los sancionados «puedan» tener en Estados Unidos, la exclusión de realizar cualquier tipo de transacción con instituciones o personas estadounidenses y la negativa de entrada al país.

Hasta ahora, las razones que el gobierno estadounidense ha concedido para justificar estas medidas tienen que ver con la supuesta violación de los derechos humanos de la sociedad civil, la malversación de los activos venezolanos y las medidas autoritarias. Entonces, las sanciones vendrían a ser una especie de protección de los intereses de la población contra un gobierno «represivo y corrupto».

Estas son algunas de las sanciones a individuos que engrosan la lista del Departamento del Tesoro:

   En marzo de 2015, luego del llamado Decreto Obama que colocaba a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria», el entonces presidente de los Estados Unidos procedió a emitir una orden donde sancionaba a siete funcionarios, entre estos al entonces director del SEBIN, Gustavo González López (de nuevo en el cargo); al Comandante de la REDI de la región central de la FANB y al Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana.

   En un documento publicado por la Casa Blanca se menciona que los móviles de la orden son «la erosión de las garantías de los derechos humanos, la persecución de oponentes políticos, la restricción de la libertad de prensa, y (…) las detenciones de manifestantes antigubernamentales, así como la corrupción pública significativa de altos funcionarios del gobierno de Venezuela».

   En mayo de 2017, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, junto a otros siete miembros más. La medida ocurrió en medio de la agenda golpista que la Asamblea Nacional en desacato (dirigida por Julio Borges) promovía en ese momento.

   Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, argumentó que la medida fue contra la Sala Constitucional porque sus miembros «interferían en la autoridad del legislativo».

   El 25 de septiembre de 2018 se ampliaron las sanciones a funcionarios venezolanos, añadiendo a la primera combatiente, Cilia Flores; al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; a la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez y al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, bajo el alegato de “estar involucrados en actividades de corrupción y narcotráfico”.

   El nombre de Figuera se agregó en enero de este año a la lista negra del Departamento de Tesoro junto con el de Iván Hernández Dala, comandante de la Dirección General de ContraInteligencia Militar (DGCIM) y Manuel Quevedo, presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

   Sobre la sanción a Manuel Figuera y otras figuras de los aparatos de seguridad e inteligencia del gobierno venezolano, Mnuchin argumentó que habían «violado sistemáticamente los derechos humanos y suprimido la democracia, incluso mediante la tortura y otros usos brutales de la fuerza».

Coerción y chantaje: componentes de una maniobra divisionista

A principios de febrero de este año, John Bolton dijo que Estados Unidos consideraría «retirar las sanciones contra cualquier alto cargo militar venezolano que apoye la democracia y reconozca al gobierno constitucional del presidente Juan Guaidó».

La defección de Figuera, y su aporte a la intentona golpista de Guaidó, fue la oportunidad de Estados Unidos para demostrar que es capaz de cumplir con su palabra al eliminar las sanciones emitidas meses atrás contra el militar.

También queda claro que los móviles de las sanciones nunca han sido la preocupación por la violación de los derechos humanos y la corrupción, sino que son instrumentos para influir en las decisiones de figuras clave en el directorio del gobierno que conduzcan a la fractura institucional.

Sin embargo, lo de Figuera es una victoria pírrica comparada con la solidez que el alto mando militar mantuvo ante la intentona golpista y los llamados chantajistas desde la Casa Blanca, que siguieron los días sucesivos.

El reciente escenario golpista deja a simple vista cómo a partir de ahora las sanciones serán utilizadas bajo clave de extorsión. De esta forma, se le propone a los funcionarios y militares venezolanos que salgan de la lista de sancionados solo si toman una postura a favor del gobierno ficticio que tutela Washington.

Así pretende ser nutrido ahora el ansiado frente de desertores que intentaría el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Fuente: Misión Verdad