Entrevista a Franck Gaudichaud: En Chile siguen siendo necesarios avances radicales

Franck Gaudichaud es especialista en movimientos sociales y populares en Chile y América Latina.Ha publicado numerosos libros, entre ellos en castellano Chile 1970-1973. Mil días que estremecieron al mundo (Sylone, 2017) y Los gobiernos progresistas latinoamericanos del siglo XXI. Ensayos de interpretación histórica (UNAM, 2019). Actualmente prepara un libro titulado Découvrir la voie chilienne au socialisme [Descubrir la vía chilena al socialismo] para Éditions Sociales (París). En el 50 aniversario del golpe de Estado que marcó el inicio de la dictadura de Pinochet, le preguntamos por el balance que extrae de los acontecimientos que tienen lugar hoy en Chile, desde la revuelta popular que vivió el país en 2019 hasta la derrota del referéndum sobre la nueva Constitución.

L’Anticapitaliste: ¿Podrías comentar primero el fracaso del referéndum sobre la nueva Constitución? ¿Podemos hablar de una hegemonía neoliberal?

Franck Gaudichaud: Lo que podemos decir es que la derrota en el último referéndum, que debía poner fin a la Constitución de 1980, la de la dictadura, está cargada de consecuencias. Esta nueva Constitución, que hay que recordar que fue redactada a lo largo de un año por una convención constitucional ampliamente dominada por la izquierda, el movimiento feminista y algunos activistas independientes del movimiento social y autóctono, era muy progresista y no sólo preveía el fin de la Constitución de 1980 (la de la dictadura) sino que, además, ponía en marcha, en sus principales artículos, una perspectiva posneoliberal, plurinacional y de nuevos derechos sociales y feministas. Es esta Constitución, que suponía una ruptura con el Chile neoliberal actual, la que, en un contexto de alta participación, fue derrotada en el referéndum del pasado mes de septiembre por más del 62% de votantes, en particular de sectores populares. Fue más que una decepción, también fue una gran derrota para el gobierno de Boric (centroizquierda) –que además no defendió de manera muy firme la perspectiva constitucional en la campaña– y una derrota para los sectores del Frente amplio (FA) en el poder, las izquierdas feministas, el Partido Comunista (también en el gobierno) y parte de los movimientos sociales, aquellos que habían apostado por el proceso constituyente como una posible salida tras la revuelta de octubre de 2019.

Las razones de la derrota fueron múltiples y otros artículos y entrevistas las han analizado Franck Gaudichaud y Miguel Urrutia, “Amplio rechazo a la nueva Constitución”, Jacobin América Latina, https://jacobinlat.com/2022/09/06amplio-rechazo-a-la-nueva-constitucion/. Por un lado, fue un voto de sanción contra los límites y la falta de avances sociales del gobierno Boric, pero también contra los y las constituyentes, algunos de los cuales fueron considerados como parte del sistema –y por tanto sin mucha legitimidad–; y, también, un rechazo a un texto que el movimiento popular no supo ni pudo defender y a unos nuevos derechos que parecían alejados de las penurias de la vida cotidiana, por la falta de debates y de inserción en los barrios y centros de trabajo para liderar esta batalla. El proyecto de plurinacionalidad y los nuevos derechos para pueblos indígenas también generaron mucha reacción y racismo, alimentados mediáticamente por la derecha.

Y fue también el contexto el que cambió, entre el momento en que se inició el proceso constituyente en 2021 y el referéndum. Desde entonces, se han producido los estragos de la pandemia, la inflación del 15%, la crisis económica, la cuestión migratoria, dominada por la extrema derecha, el agudo problema de la seguridad y el narcotráfico, que también fue instrumentalizado por la derecha, y sobre el que el gobierno de centro-izquierda se mostró bastante complaciente. Así que, al final, se trata de una gran derrota tras la enorme revuelta popular de octubre de 2019 y la esperanza que abrió: la de poner fin al maldito legado de Pinochet y a una democracia de pacotilla. Hoy, sí, Chile sigue sufriendo la hegemonía neoliberal de esta democracia pactada que parió la dictadura en 1989-90 (y que fue gestionada por los social-liberales y luego por la derecha).

L’Anticapitaliste: ¿Podemos hacer un primer balance del gobierno Boric?
F. G.: Llevamos un año de mandato del Presidente más joven de la historia de Chile, surgido él mismo como dirigente político (y después diputado) de los poderosos movimientos estudiantiles de 2011 y de la creación del Frente Amplio en 2016, que pretendía encarnar una nueva izquierda independiente del Partido Comunista y, al mismo tiempo, situada a la izquierda de los social-liberales y, en particular, de la ex Concertación, alianza entre socialistas y demócratas cristianos que gobernó el país durante veinte años (1990-2010). Este gobierno, a veces calificado de progresista o socialdemócrata, fue construido, finalmente, para poder gobernar una coalición compuesta, por una parte, por el Partido Comunista –que vuelve a participar en un ejecutivo, como ya hizo durante el segundo gobierno de Bachelet (2014-2018)– y, al mismo tiempo, por el ala progresista de la exConcertación, fieles gestores del capitalismo neoliberal desde 1990. Se trata, pues, de una coalición bastante heterogénea, pero que con el paso del tiempo se ha inclinado claramente hacia el centro y los social-liberales en sus principales orientaciones.

Inicialmente, y durante su campaña, Boric tenía un programa de reformas bastante avanzadas y postneoliberales, con un discurso ecosocial y feminista. Hay que recordar que el actual mandatario ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con más del 56% de los votos, frente a la extrema derecha de Antonio Kast (que había salido vencedor en la primera vuelta). El balance hoy es que los avances son muy escasos, más allá de un estilo presidencial más próximo y abierto con la gente. Se trata de un gobierno con poco margen de maniobra institucional, ya que es minoritario en el parlamento, donde su coalición representa en el mejor de los casos alrededor del 40% de las y los diputados electos: tiene que negociarlo todo con el centro y el centro-derecha.

En cuanto a la reforma fiscal, tema central, el proyecto consistía en gravar un poco más a los más ricos y a sus empresas, así como a los royalties de la actividad minera, pero es bastante indoloro. En un primer momento se pensó recaudar el equivalente al 8% del PIB, después se habló de un 4% y ahora se presentó un proyecto de nuevos impuestos que lo sitúa en el 3,6% del PIB. A pesar de todo, provocó las protestas de diputados y diputadas, incluso progresistas, que rechazaron el proyecto. También hay que recordar que el ministro de Finanzas es el ex presidente del Banco Central, un ortodoxo económico y partidario de la austeridad fiscal.

En lo que respecta a las promesas sobre pensiones, aquí también, ha dado lugar a una versión social-liberal, con un pilar constituido por un fondo de pensiones estatal, pero seguimos en una lógica de capitalización y de agencias de fondos de pensiones (AFP), pilar del sistema neoliberal en Chile (e instaurado durante la dictadura).

Por lo que respecta a la salud, aunque la gratuidad en el sistema público ha avanzado claramente con Boric en los últimos meses, éste sigue empobrecido e infrafinanciado, mientras que el sistema privado de seguros está en crisis.

El principio de subsidiariedad neoliberal sigue dominando las políticas públicas de este gobierno. En los puntos positivos está el cierre de una fundición de cobre muy contaminante y denunciada desde hace años por colectivos vecinales y ecologistas. Se negoció con la Central Única de Trabajadores (CUT) un reajuste del salario mínimo a 500 dólares mensuales, el aumento más importante en 30 años (pero que sigue siendo irrisorio en un contexto de precarización del trabajo generalizada y con una inflación que supera el 13%). También se está caminando hacia una reducción de la jornada laboral de 45 horas semanales a 40 horas (aunque si la ley es aprobada en la cámara baja, la reforma será muy gradual y no se aplicaría plenamente antes de 5 años).

Al mismo tiempo, Boric y la izquierda del ejecutivo (incluido el PC) han renunciado realmente a movilizar a su base social y a intentar apoyarse en el movimiento popular desde hace mucho tiempo. En cuanto al FA, se encuentra realmente en una lógica de administración estatal y de cogestión progresista del capitalismo. En la macrozona sur del país y donde siguen las luchas por la tierra y la autodeterminación de importantes sectores del pueblo mapuche, la respuesta del ejecutivo ha sido finalmente la misma que la de los gobiernos anteriores, es decir, la militarización, la represión y el estado de excepción. Es esta misma lógica la que domina la agenda en materia de migración, seguridad y narcotráfico: estos temas están instalados en el cotidiano de las y los chilenos, la violencia crece, pero también el racismo y la xenofobia, y el gobierno aparece con pocas propuestas alternativas al discurso de las derechas en esas materias.

Boric tampoco hizo nada para retirar Chile (como podía hacerlo) de la tramitación el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP en sus siglas en inglés), acuerdo económico multilateral, cuando siempre lo había criticado por sus consecuencias nefastas. La decepción es pues inmensa, incluso en el seno de las bases del Frente Amplio y del PC, y la popularidad de Boric está por debajo del 30% de aprobación según las últimas encuestas. Este descontento se expresa sin que exista, por el momento, una capacidad real de reconstrucción, de resistencias populares y de alternativas independientes. Seguramente habrá cambios en el gobierno en el futuro, pero hoy el sector dominante es el de la ministra Carolina Tohá, del Partido por la Democracia, uno de los partidos de la gestión neoliberal de los años 1990-2000, y el de las figuras del llamado socialismo democrático. Esto demuestra que la coalición de izquierdas ha sido completamente integrada en el sistema y en gran parte neutralizada. En paralelo, uno asiste con escalofríos al regreso de los peores representantes de las derechas y de la ex concertación, que han resucitado tras la derrota en el referéndum.

L’Anticapitaliste: En este contexto, ¿qué pasa con las luchas y los movimientos sociales?

F. G.: La cuestión de las luchas y los movimientos sociales se plantea desde la gran revuelta de octubre de 2019. Hay que recordar que esta revuelta sacudió la hegemonía neoliberal en Chile y que el gobierno de derecha de la época, bajo la presidencia de Piñera, estuvo a punto de caer ante la potencia del levantamiento popular. Hubo una gran radicalidad de clase, una verdadera espontaneidad en las luchas, un cuestionamiento directo del neoliberalismo, de las instituciones y de la precariedad por parte de la calle y, al mismo tiempo, una fuerte heterogeneidad en la movilización y en sus reivindicaciones. Las izquierdas radicales están muy fragmentadas y son débiles. No han sido capaces de dar perspectivas al movimiento y la nueva izquierda del Frente Amplio se ha visto completamente desbordada. En noviembre de 2019, vimos cómo el movimiento sindical y la Mesa de Unidad Social (que agrupa a varias organizaciones) fueron capaces de dirigir, bajo presión, dos jornadas históricas de huelga nacional, que transformaron la relación de fuerzas en el país. Pero la respuesta de los partidos políticos en el Parlamento fue una salida constitucional parcial, con un “acuerdo para la paz social y una nueva constitución” que buscó desactivar en parte las luchas de octubre. Sobre todo, hubo una fuerte represión estatal, muy violenta, con centenares de personas mutiladas oculares de la revuelta, miles de heridos graves, agresiones sexuales y muertos. Y también muchos y muchas activistas presas del movimiento social.

Además, la pandemia supuso una pesada carga para estas dinámicas de lucha. Al mismo tiempo, a partir de noviembre de 2019, se produjo una canalización hacia las instituciones, hacia el proyecto constitucional negociado por Gabriel Boric y los principales partidos tradicionales (incluida la derecha dura) en torno a una asamblea constituyente elegida, pero parcialmente encorsetada en sus prerrogativas. La elección de Boric dio esperanzas a todo un sector de la izquierda frente a la extrema derecha y a la posibilidad de un cambio real. La derrota en el referéndum fue un jarro de agua fría. Además, el tejido de las asambleas territoriales, que en 2019 fue muy interesante y muy importante, se ha desactivado en parte por la fuerza de la crisis económica y la pandemia.

El movimiento sindical sigue siendo débil. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) está controlada en gran medida por el Partido Comunista, el PS y la Democracia Cristiana. Así que hay luchas, pero muy dispersas. Recientemente hemos visto movilizaciones de jóvenes y estudiantes para protestar contra la tímida política educativa del gobierno. Los sectores más radicalizados del pueblo mapuche resisten (incluso algunos bajo formas politico-militares) contra el propio Estado. En general, desde la pandemia, ha habido una dificultad general para reorganizar y coordinar un movimiento estructurado; sobre todo, con una agenda alternativa a la del gobierno de Boric y, al mismo tiempo, siendo capaz de enfrentarse a la derecha, a las iglesias conservadoras y a la extrema derecha, que son muy fuertes en el país. Últimamente, éstas han ido ganando fuerza: la extrema derecha, siguiendo una estrategia similar a la de Bolsonaro, ha sido capaz de ganar escaños y ahora apunta al gobierno.

Sin embargo, debemos recordar la fuerza esencial del movimiento de mujeres y los feminismos en Chile. La Coordinadora 8 de Marzo y otros colectivos acaban de preparar una nueva huelga feminista para el 8 de marzo, muy radical, que pone en el centro la cuestión de la derrota del neoliberalismo y del patriarcado y, al mismo tiempo, critica la agenda tibia e institucional del centroizquierda. El pueblo mapuche, las feministas y la juventud son así los posibles motores de una reorganización, pero en un contexto en el que existen pocas perspectivas, en términos partidarios, a la izquierda del Partido Comunista, que permitan una articulación social y política alternativa, de independencia de clase, de renovada confrontación con los responsables de la crisis y que, en cierto modo, pueda reivindicar el legado de octubre de 2019 para prolongarlo y profundizarlo.

L’Anticapitaliste: ¿Cuáles son las perspectivas políticas a medio y largo plazo?

F. G.: Tras la derrota del referéndum sobre la nueva Constitución, las fuerzas parlamentarias se apresuraron a poner en marcha un nuevo proceso constituyente, pero que esta vez es una caricatura de democracia y encaja muy bien en esa democracia de los consensos con la derecha y la oligarquía. La nueva dinámica constituyente está lejos de ser una asamblea constituyente soberana: se trata de una comisión de expertos, designados por los partidos, que redactará un primer texto; luego habrá medio centenar de constituyentes elegidos el 7 de mayo, que serán supervisados por una comisión de juristas y en la que, ya sean expertos o candidatos, vemos resurgir a viejas figuras de la política tradicional de la burguesía chilena; algunas de ellas, incluso, de la propia dictadura. Todo ello validado en nombre del mal menor por el Partido Comunista, el Partido Humanista, el Frente Amplio… De hecho, se acaba de elegir como presidente del Senado a un ex pinochetista y líder de las juventudes de la dictadura, después de un “Acuerdo de gobernabilidad” con todos los partidos (incluida la izquierda)…

Por supuesto, es probable que la autoritaria Constitución de 1980 llegue a su fin (si un referéndum valida el nuevo texto a finales de 2023) pero será, al mismo tiempo, en una versión minimalista, bajo el control de los viejos partidos, ampliamente deslegitimados y denostados desde 2019, y lejos de los muchos derechos sociales y políticos propuestos por el texto de la convención que fue derrotado. En cierto modo, lo que se avecina es el entierro de Octubre y de la posibilidad de una Constitución verdaderamente soberana y democrática.

Sin embargo, el gobierno de Boric se encuentra en un contexto regional bastante favorable con gobiernos progresistas en varios países; en particular, Argentina y Bolivia entre los países vecinos, pero también México y ahora Brasil. Existe una nueva agenda de integración y cooperación regional, pero aún es tímida en el contexto de la crisis general que atraviesa América Latina, como consecuencia de la crisis mundial y también de la guerra en Ucrania. Gabriel Boric ha adoptado algunas posiciones internacionales valientes, por ejemplo, sobre Nicaragua, denunciando muy claramente al régimen dictatorial de Ortega –a diferencia de otros gobiernos progresistas–, pero en realidad no tiene una agenda diplomática muy ambiciosa.

L’Anticapitaliste: Por último, ¿qué lecciones podemos extraer de la reciente experiencia de Chile?

F. G.: Chile, como laboratorio del neoliberalismo, sigue siendo un país del que podemos sacar algunas reflexiones estratégicas para las izquierdas y los movimientos sociales: ¿cómo lograr hacer frente a una hegemonía neoliberal que se instauró en la dictadura y que se prolonga desde 1990 en una democracia completamente dominada por la oligarquía chilena? Esto plantea la cuestión de desmantelar el sistema de pensiones de capitalización, un sistema sanitario y educativo en manos del mercado y, sobre todo, una casta política que está al servicio de las grandes familias burguesas y del capital extranjero (chino y estadounidense), las mismas fuerzas que han destruido el país a través del extractivismo, el saqueo de los recursos para la exportación que está devastando los ecosistemas del país, imponiendo al mismo tiempo una precariedad general. La tarea es titánica.

Vemos, no obstante, que a pesar de la contrarrevolución de los años 70 y 80 y del aplastamiento de toda una generación del movimiento popular, desde el año 2000 se ha producido una reactivación de las grandes luchas. Estallaron con la revuelta de 2019 pero, a pesar de esta masividad y radicalidad y también de una nueva generación movilizada y muy creativa, sigue habiendo dificultades para anclar un horizonte alternativo en las clases trabajadoras. Pero el ímpetu de Octubre abrió todos los horizontes, cambió el panorama, fue muy creativo, permitió el proceso constitucional y también, indirectamente, la elección de Boric.

No obstante, el neoliberalismo avanzado ha calado en la vida cotidiana de los chilenos, en su cosmovisión por así decirlo. Es un país que sigue siendo conservador en sus referencias culturales dominantes. Tampoco se ha logrado hacer emerger una izquierda anticapitalista amplia y unida, capaz de defender nuevos derechos, de enfrentarse a la extrema derecha y al mismo tiempo romper con los social-liberales; pero este problema no es sólo una dificultad en Chile (si miramos la situación en Francia, por ejemplo). El reto está, por tanto, en cómo reconstruir una izquierda independiente que se nutra y esté al servicio de la fuerza del movimiento feminista, del movimiento anticapitalista y antipatriarcal, pero también junto a las y los migrantes (cada vez más numerosos en los últimos años), los mapuches movilizados, la resistencia territorial y –fundamental– la ecología. Esto es lo que propone, por ejemplo, un movimiento como Solidaridad https://solidaridadfcl.org (pero a muy pequeña escala). El objetivo es defender una perspectiva estratégica que sea ecosocialista y que extraiga conclusiones críticas de la experiencia vivida hasta ahora.

L’Anticapitaliste: La muerte de Allende fue hace 50 años, ¿cuál es el trabajo de memoria y su papel en el Chile contemporáneo?

F. G.: Efectivamente, no quisiera terminar esta entrevista sin recordar que estamos a cincuenta años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Durante todo el año habrá conmemoraciones en Chile y a nivel internacional para analizar este golpe de Estado que, además de la muerte de Allende, condujo al aplastamiento de la Unidad Popular y del experimento socialista, pero también a la sangrienta represión de miles de militantes revolucionarios y ciudadanos y ciudadanas en general. El gobierno de Boric intenta aprovechar esta conmemoración para plantear una serie de reflexiones en términos de memoria histórica y de reconocimiento del papel del Estado en la violencia del golpe. Desea reafirmar que es un gobierno progresista que, 50 años después del golpe, rechaza toda forma de violación de los derechos humanos.

Al mismo tiempo, podemos ver cómo el legado de la dictadura sigue presente en el Chile actual. Todavía hay muchas reticencias a reconocer el alcance de la represión, incluso en los tribunales. No existe un programa para abrir los archivos de las Fuerzas Armadas y el gobierno no está presionando para ello. Las prácticas represivas y policiales siguen siendo muy violentas.

Esto es esencial para el trabajo de memoria y la historia, pero también para la justicia, mientras la impunidad siga siendo muy fuerte. Esto también se refiere a la forma en que se reprime la protesta popular, una represión que se perpetúa de otras formas.

Después de la revuelta de 2019, hubo muchas detenciones de activistas del movimiento. Parte de ellas y ellos fueron finalmente indultados por el gobierno, lo cual irritó a la derecha. Pero, finalmente, podemos ver hasta qué punto este pasado sigue persiguiendo al presente. Sólo podrá ser derrotado mediante avances radicales en los derechos sociales y democráticos y el desmantelamiento del legado neoliberal.

*Versión ampliada de una entrevista publicada en la revista L’Anticapitaliste, marzo 2023.

Traducción: viento sur