Levantar al Exterior tras el fin del voto rogado

El 9 de junio de 2022 pasará a la historia para la comunidad española residente en el Exterior como el día en el que se reformo la Ley Electoral para acabar con el ruego de voto, un sistema ideado por PSOE y PP, entre otros, y que ha sido llegado a calificar de “sufragio censitario”. No quiero entrar a valorar la reforma, en cualquier caso, positiva, porque ya ha habido en estos últimos días mucha literatura al respecto, sino mirar hacia el futuro político que tenemos por delante.

Tras más de una década de la presencia de este sistema electoral injusto, la población en el Exterior ha podido sentir el desaliento, el desapego y el desarraigo hacia un país que no solo expulsaba a su ciudadanía por la precariedad y la falta de empleo, sino que además le robaba su derecho al sufragio, la sanidad o desatendía a la administración en el exterior. Han sido años de lucha para conseguir una victoria que, no obstante, ha tardado mucho en llegar, agotando a no pocas personas por el camino. Una victoria que está rodeada de otras luchas no resueltas, como son las reivindicaciones del Personal Laboral del Servicio Exterior (PLEX), en huelga en muchos consulados, o la de los y las descendientes para obtener una nacionalidad robada, entre otros motivos, por discriminaciones de género o de tipo político. En el primer caso, las promesas del Ministerio de Hacienda o de Asuntos Exteriores siguen haciendo oídos sordos; en el segundo, la Ley de Memoria Democrática, propuesta por Unidas Podemos y el PSOE, sigue bloqueada por la oposición de la derecha y algunos grupos que apoyaron la investidura del Gobierno.

Pero las victorias llegan, si no se pierde la esperanza. Y la victoria en la modificación de la Ley Electoral no es menor. Supone un cambio de lógica que otorga a quienes vivimos en el Exterior un poder de influencia electoral desconocido desde hace años. Nos pone en el mapa y puede poner también en el centro del debate político nuestras reivindicaciones: las de las condiciones laborales dignas y la necesidad de reforzar la plantilla en el Servicio Exterior para así mejorar los servicios a la ciudadanía que no para de crecer (2,7 millones según el PERE), las de la nacionalidad a descendientes, las mejoras en el sistema educativo (por ejemplo, las aulas ALCE), la ampliación del reconocimiento al exilio republicano y a las Brigadas Internacionales, mayor asistencia en materia fiscal o de pensiones, una circunscripción electoral en el Exterior (como en Portugal o Francia) que nos represente con voz propia, el refuerzo de los Consejos de Residentes Españoles, la protección de trabajadores y trabajadoras desplazadas y, así, un largo etcétera.

También el derecho a un retorno digno para las personas que lo deseen, que se fundamente en las mejoras de las condiciones materiales y vitales de nuestro país de origen, apoyadas en procesos de acompañamiento, asistencia y aligeramiento de la burocracia. Es indudable que los avances de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo en material laboral y salarial, en defensa de las trabajadoras, supone un punto de inflexión para que haya más personas que, por un lado, no sean expulsadas por la precariedad; por otro, que deseen retornar con unas condiciones laborales menos precarias (aunque quede camino por andar). El derecho al retorno se sostiene también sobre el reforzamiento de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, que han sufrido y siguen sufriendo tantos hachazos (por ejemplo, en la Comunidad de Madrid o en Andalucía). El derecho al retorno es el derecho a una vida digna, en la que no seamos esclavas de un salario precario que nos ponga en la tesitura de arrastrar esa precariedad o hacer las maletas.

Todas estas reivindicaciones, todos estos debates, podemos ponerlos sobre la mesa con más fuerza, toda vez que nuestros derechos políticos y el derecho al sufragio elevan nuestra capacidad de influencia. Somos más de 2 millones de electores y electoras en el censo CERA que queremos que nuestra voz sea escuchada. Mientras la participación electoral del Exterior ha sido tan ínfima, pocas organizaciones han prestado atención a nuestra comunidad, porque no sacaba rédito electoral. Sin embargo, es el tesón de organizaciones sociales como Marea Granate o la Federacion International d’Entitats Catalanes (FIEC), de los Consejos de Residentes Españoles y el Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior, de las organizaciones políticas como Izquierda Unida en el Exterior, el Partido Comunista de España en el Exterior o Podemos en el Exterior, las que hemos mantenido viva la lucha, a pesar de ver cómo muchas veces se nos escapaba una victoria que rozábamos con la punta de los dedos.

Es hora de pasar a la ofensiva, de ponernos en pie, de tejer comunidad, de transmitir alegría combativa y convencer a la ciudadanía en el Exterior de que organizarse y luchar es nuestra herramienta para mejorar nuestras condiciones de vida en calidad de emigrantes, descendientes o trabajadores y trabajadoras desplazadas. Construir una comunidad que sea además solidaria y abierta, que teja luchas con otras comunidades migrantes o exiliadas, como nuestras hermanas y hermanos saharauis; una comunidad que se abra pasa en un gran frente amplio de izquierdas, feminista, ecologista y antifascista; una comunidad de ayuda mutua y organizada.

Tenemos una enorme tarea por delante, la de tornar la rueda del desaliento y el desarraigo en una rueda de ilusión y de esperanza; tenemos la tarea de poner en pie a una comunidad de millones de personas, para que den el paso de sumarse y organizarse social y políticamente, porque solo así nuestra voz será escuchada. Queremos seguir celebrando conquistas en derechos, pero llegarán si conseguimos sumar.

*Por Jaime Martínez Porro, corresponsable de Organización de IU Exterior.