Miguel Santiago, portavoz de la Plataforma Mezquita-Catedral: «No podemos permitir que nuestro principal legado sea relegado por los intereses de una jerarquía católica»

– ¿Cuándo inició la Plataforma Mezquita Catedral su trayectoria, su activismo cultural en defensa de nuestro patrimonio? ¿Cuál fue el detonante? ¿Cuáles los principales logros hasta día de hoy?

Iniciamos nuestra trayectoria hace diez años. Un grupo de ciudadan@s, escandalizados por las arbitrariedades que el Obispado de Córdoba y Cabildo catedralicio cometen decidimos organizarnos para defender nuestro patrimonio, en concreto nuestro principal monumento: la Mezquita de Córdoba.

Fueron dos los detonantes que dieron lugar a nuestra plataforma. Por un lado, la inmatriculación de la Mezquita por parte del Obispado ocurrida en el año 2006, debido al cambio de ley en 1998 por el Gobierno Aznar a todas luces inconstitucional. Por otro, el haberle quitado el nombre al monumento. El actual obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, nada más tomar posesión en el año 2010 mandó cambiar toda la cartelería, trípticos, documentos… para designar a la Mezquita solo con la denominación de Santa Iglesia Catedral, lo que suponía minusvalorar la historia, arquitectura y memoria del principal monumento andalusí del mundo.

Nuestra lucha, denuncias y reivindicaciones, ha logrado recuperar el nombre de Mezquita, la retirada de los folletos de naturaleza confesional en la que se llamaba a la Mezquita “intervención Islámica de la Catedral”, la recuperación de su nombre en Google Maps, la publicación de las cuentas por el Cabildo, donde aparece que dedican más de 10 millones de euros a inversiones financieras; el reconocimiento de la necesidad de un Plan Director para el monumento, el reconocimiento de que el pago para entrar en la Mezquita no son donativos sino entradas, la apertura al público de la Torre-Minarete, la declaración de nulidad del convenio de la visita nocturna, la retirada de la marca comercial de Mezquita por el Cabildo catedral, el informe de la Comisión técnica municipal reconociendo la titularidad pública del monumento, la constatación de que el relato confesional sobre la Basílica de San Vicente no es admitido por el propio Cabildo ante las dudas científicas, la derogación de las normas que permitieron su inmatriculación en 2015, el listado de más de 200 bienes inmatriculados en la ciudad de Córdoba, con escándalos como la Plaza del Pocito en la Fuensanta o del Triunfo de San Rafael; la devolución del kiosco de San Hipólito y la Ermita de los Santos Mártires de Córdoba, la proposición no de Ley en el Congreso, a propuesta de la plataforma estatal Recuperando, para recabar el listado de bienes inmatriculados desde 1998: la resolución del Consejo de Transparencia, a propuesta de la plataforma Recuperando, obligando al Gobierno a divulgar la lista de casi 35.000 bienes inmatriculados desde 1998; la divulgación mundial y estatal que ha permitido asociar las inmatriculaciones al mayor escándalo inmobiliario de la historia cometido por la jerarquía católica con la apropiación de 100.000 bienes de toda índole desde 1946, muchos de ellos de naturaleza pública y de valor histórico incalculable; y el apoyo prestado para la creación de otras plataformas patrimonialistas: “Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla”, “Plataforma en Defensa del Patrimonio Andaluz”, “Plataforma Recuperando”.

– “Acabar con el reduccionismo cultural” de la Córdoba islámica o “proporcionar claves para entender las aportaciones de la cultura cristiana y su papel en la construcción de la ciudad”. Estos algunos de los argumentos para justificar el nuevo centro de recepción e interpretación de la Mezquita Catedral que la Iglesia Católica ultima en el Palacio Episcopal. La Plataforma Mezquita Catedral -de la que eres portavoz- ha tenido acceso al documento de 22 páginas que presenta las líneas generales del Plan Director que el Cabildo catedralicio ha depositado en la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ¿Debemos alarmarnos ante esta nueva ofensiva del Obispado de Córdoba contra nuestro Patrimonio histórico?

Indiscutiblemente. Es un paso más en intentar cambiar nuestra verdadera historia en pro de una obsesión por demostrar que Córdoba, por encima de todo, es una ciudad confesional católica. Este relato se inició hace tres décadas, sustentado por los tres últimos obispos de Córdoba. El Obispo Juan José Asenjo fue quién la inmatriculó por 30 euros e impulsó el nuevo relato de hacernos creer que en el subsuelo se encontraba la basílica de San Vicente, pretendiendo demostrar que fue catedral antes que mezquita y, tras la conquista castellana, volvió hacer catedral. Para estos obispos la etapa andalusí fue un simple paréntesis histórico en el transcurrir de historia. Demetrio Fernández le cambia el nombre y pretende convertir el Palacio Episcopal en el centro de operaciones para fortalecer este relato en contra del periodo más glorioso de Córdoba. No olvidemos que en esta etapa histórica Córdoba llegó a ser el centro del mundo. Su pretensión es Llevarse las taquillas a Palacio y con un audiovisual, previo a la visita conseguir que los visitantes del tercer monumento más visitado de España, reciban su adoctrinamiento. De ello se ha hecho eco recientemente periódicos tan prestigiosos como El País o The Guardian.

La ciudadanía no podemos permitir que nuestro principal legado sea relegado por los intereses de una jerarquía católica que al mismo tiempo que se enriquece con el monumento lo ningunea y desprecia. Los cuatro patrimonios de la humanidad declarados por la Unesco se deben a la Córdoba andalusí: la Mezquita (1984), el Casco Histórico (1994), los Patios (2012) y Medina Azahara (2018).

– ¿Conocen el contenido concreto que la Diócesis quiere volcar en este centro de interpretación? ¿Qué consecuencias podría acarrear minusvalorar u ocultar la historia islámica en relación con la declaración de Patrimonio de la Humanidad, otorgada por la UNESCO a la Mezquita-Catedral en 1984?

No, pero la intención lo dice todo en el documento que presentaron en la GMU. Mucho me temo que las Administraciones Públicas darán el visto bueno, sobre todo Junta de Andalucía y Ayuntamiento, a lo que le corresponda a cada una según sus competencias. No olvidemos que el PP y la jerarquía católica es la misma moneda con dos caras, son gemelos gestados con el mismo código genético. Con respecto al Gobierno tampoco esperamos nada, se pondrán de perfil, como han hecho con las inmatriculaciones. Nos dijeron que las iban a revertir, el mismo Presidente lo anunció en su discurso de investidura en la Cortes, y no están dispuestos a mover ninguna ficha, al menos en esta legislatura. Solo se han contentado con sacar el listado de los 35.000 bienes inmatriculados desde 1998.

Por otra parte, la Unesco solo actuaría en caso de poner en peligro la estructura, la arquitectura del monumento. En el terreno de los valores inmateriales no intervienen. Hay un vacío muy preocupante. Hace falta una legislación que proteja estos valores: historia, memoria…

-De hecho, vuestra plataforma ya presentó en junio de 2022 alegaciones al Plan Director del monumento al entender que la Iglesia Católica «vulneraba los valores protegidos por la Unesco», entre ellas, que dicho Plan Director “designaba el uso religioso como prioridad absoluta y prevalente ante cualquier otro”. ¿En qué quedaron esas alegaciones?

El ministerio de Cultura acaba de contestarnos de que no tienen competencias para actuar. Actuarían en caso del Plan de Gestión que si atañe a la Unesco y por consiguiente al Gobierno del país. Ellos entienden que el Plan Director es una normativa para el funcionamiento del templo elaborado por el Cabildo de la catedral, al que le tiene que dar el visto bueno la Consejería de Cultura de la Junta. De momento solo se han interpuesto algunas modificaciones por parte de la Administración autónoma. Pedimos reunirnos con los técnicos de la Delegación de Córdoba sin haber tenido ninguna respuesta.

Hemos escrito a los Defensores del Pueblo Andaluz y Estatal. Estamos a la espera de sus respuestas.

Lo que tenemos muy claro es que el movimiento ciudadano tendrá, tendremos, que seguir nuestra lucha por conseguir los dos objetivos que nos marcamos desde un principio: la reversión de la inmatriculación de la Mezquita y una gestión compartida y profesionalizada que no permita más arbitrariedades por parte de la jerarquía católica.

-Las taquillas para los visitantes del monumento -que se localizan aún en el Patio de los Naranjos- se trasladarían al Palacio Episcopal… Supongo que tanto los turistas como los cordobeses dejaremos de tener acceso a esta zona si no contamos con un ticket o entrada. Sin embargo, dicho patio se consigna en el PGOU como un espacio libre y de uso público. ¿Qué otras consecuencias podemos deducir en perjuicio de la ciudadanía?

El Patio de los Naranjos forma parte del Monumento y es un espacio relevante tanto por su vinculación con la edificación con la que comparte características y relevancia, como por el papel que ha desarrollado a lo largo de la historia de espacio de convivencia de las personas y de uso público.

El propio Plan Director expone (págs. 58 y 84) que el Patio de los Naranjos es “la plaza de la Medina” y un “gran espacio libre ajardinado”.

El planeamiento urbanístico vigente, PGOU más PEPCH, lo incluye entre los Espacios Catalogados en el Sistema de Espacios Libres exteriores, como el propio Plan Director refleja en la página 87.

La Sentencia del TSJA de 21 de septiembre de 1989 en un recurso propiciado por el Cabildo al PGOU de Córdoba, señala que con independencia de la propiedad “el Uso evidentemente es público porque está abierto al común” y también que “como la función que cumple el Plan (PGOU en este caso) en tanto que califica los usos de los espacios físicos, con independencia del dominio sobre los mismos, nada tiene que ver desde ese punto de vista con la titularidad de los bienes, hay que convenir que la Calificación de Jardín Público resulta adecuado al destino del Patio de los Naranjos y por tanto acorde con el papel que cumple el Plan”

Sin embargo, contra todo lo expuesto anteriormente, el Plan Director en sus propuestas de intervención y gestión, no considera el Patio de los Naranjos abierto e integrado en la medina y en la ciudad como espacio libre y de uso público similar a plaza pública, sino que al contrario establece más bien un espacio cerrado a la ciudad y casi únicamente vinculado al uso principalmente religioso que propone para el conjunto de la Mezquita-Catedral. Esto nos preocupa porque puede derivar en lo que ha hecho el Cabildo de la catedral de Sevilla cerrando el patio a las visitas turísticas desde 1992. Tendremos que estar muy pendientes para que esto no ocurra.

-Hace años saltó a la palestra el turbio asunto de las denominadas “inmatriculaciones de la Iglesia”. Descubrimos que cualquier representante del obispado, con atribuciones legales similares a la de un notario, podía apropiarse de un número indeterminado de inmuebles que no contaban con propietarios reconocidos en el registro de la propiedad. Así se registraron o inmatricularon miles de inmuebles en todo el país, desde Iglesias y cementerios hasta plazas públicas y garajes. En Córdoba, la Mezquita Catedral es el caso paradigmático: como ya has comentado, la Iglesia Católica pagó 30 euros por inscribirla en el Registro Público de la Propiedad de Córdoba bajo su titularidad. Lo hizo en 2006 gracias a la modificación de la ley hipotecaria de Aznar que suprimió la prohibición de inscripción de los templos destinados al culto católico en el año 1998. ¿Pueden anularse estas inmatriculaciones desde el Legislativo? ¿Se apeló al Tribunal Constitucional? En definitiva… ¿Qué vías se han explorado desde entonces para que se reconozca la titularidad pública del monumento?

Este tema está principalmente llevado por la plataforma estatal Recuperando. Es un asunto de Estado que se tendrá que resolver desde el propio Estado. El gran escándalo de las inmatriculaciones, 100.000 desde 1946, tendrá que acometerse desde el Parlamento a través de un marco legal que termine con el mayor pelotazo inmobiliario de la historia. Además, el Gobierno deberá trabajar en la figura de dominio público para los monumentos, como el caso de la Mezquita, que han sido indiscutiblemente del pueblo a lo largo de la historia, otra cosa es el uso que se le haya dado y quién lo use. En el caso de la Mezquita los obispos se han sentido usuarios del monumento, el deseo de la propiedad ha sido reciente, de hace treinta años, amparándose en las propias leyes del Estado, que a pesar de ser aconfesional siguen favoreciendo a la religión católica.