Obstáculos fundamentales para la paz
1. El derecho a la propiedad privada. Para la burguesía, los explotadores de la fuerza de trabajo, después del derecho a la vida, este es el principal derecho humano. Son enemigos de la nacionalización de las tierras y de las grandes empresas y se niegan a compartir sus propiedades con los demás humanos. Argumentan tercos que todo lo que poseen ha sido adquirido mediante el sudor de su frente, sin robar a nadie, de acuerdo con la Constitución y las leyes; alegan, además, que ellos no son culpables de la pobreza de quienes lo son por culpa de los vicios, de la pereza, del consumismo compulsivo, de los malos negocios y de la voluntad divina.
Junto al derecho a la propiedad reclaman el derecho a la herencia, es decir, que cuando muere un propietario sus riquezas pasan a manos de sus herederos naturales o testamentarios.
Jamás reconocen que sus riquezas fueron obtenidas gracias a la fuerza de trabajo no pagada o plusvalía o que engañaron con ventajismos a otras personas o que las despojaron de sus propiedades. En la raíz de todos estos “derechos” ha habido violencia, guerras, invasiones, leyes fabricadas por ellos mismos para proteger sus bienes mal habidos.
En Colombia es fácil lo anterior. Los voceros del Centro Democrático, entre ellos Lafaurie, defienden el derecho a las tierras usurpadas a los campesinos pobres y medianos o compradas a precio de huevo mediante muerte, amenazas y chantajes a sus poseedores con el argumento que fueron “adquiridas de buena fe”. Esta es la principal razón para boicotear los Acuerdos de La Habana.
La propiedad privada sobre los bienes de consumo (p. ej. vivienda y vehículo para la familia, una pequeña empresa para sobrevivir) no amerita rechazo; lo que sí debe limitarse es la magnitud de la propiedad privada sobre los medios de producción (haciendas, fábricas, bancos). De igual manera las herencias deben distribuirse entre los herederos y el Estado.
2. Los derechos a la educación y la salud. Cuando se invocan estos derechos se alude a la cobertura total y gratuita más la excelente calidad de los mismos. El Estado tiene la obligación de garantizarlos, creando la infraestructura indispensable y capacitando científica e integralmente a quienes prestan los servicios. Es inadmisible que un Estado que recauda sumas gigantescas en su erario prefiera robárselas y no invertirlas adecuadamente en estos servicios
Los educadores deben ser los mejores profesionales, los mejor preparados y mejor pagados en cada región; la profesión docente no puede ser un escampadero para vegetar y combinar con otras profesiones. Unidos a la educación van los derechos a la libertad de pensamiento, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad religiosa. Los docentes bien calificados son la clave en la formación de seres autónomos, conocedores a profundidad de las diferentes vertientes filosóficas, religiosas, políticas, que les permitan escoger aquellas con las cuales los estudiantes se consideren mejor identificados.
Lo mismo debe ser con la salud, la cual precisa de un seguimiento permanente a cada individuo, desde su época prenatal. Con los adelantos científicos de la actualidad no puede tolerarse el desconocimiento de las amenazas genéticas, de las deficiencias orgánicas y nutricionales. La prevención y control desde los primeros años de vida garantiza la buena salud en la adultez.
La educación y la salud son servicios que no pueden convertirse en empresas privadas de alta rentabilidad.
Estas y otras propuestas que describiremos luego son las que no aceptan los enemigos de la paz.
Armenia, 8 de Mayo de 2017
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