«No podemos seguir consintiendo miles de muertes evitables en las fronteras de Europa»

El 20 y 21 de julio, en Logroño, se celebró el primer Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) de la presidencia española de la Unión Europea. Un encuentro en el que se debatieron las principales cuestiones sobre migración y asilo, y en el que se debía concretar el último punto sobre el que aún no hay consenso: el mecanismo de solidaridad y los procedimientos de asilo y retorno para responder a situaciones de emergencia como las provocadas por la invasión de Ucrania.

Especialmente preocupante es que se puedan suspender las normas de asilo europeas en tiempos de crisis o alegando causas de fuerza mayor como la pandemia, menoscabando derechos fundamentales y erosionando la construcción de un Sistema Europeo Común de Asilo.

Un sistema menos humano

En este sentido, el papel de España durante su presidencia de la UE este semestre va a ser fundamental para dar un giro totalmente radical y cambiar el rumbo ante la peligrosa deriva que están tomando las negociaciones, sobre todo tras el último Consejo de la UE del pasado mes de junio en el que se reforzó aún más el enfoque de control y externalización de fronteras, en detrimento de los derechos humanos y las vidas de las personas migrantes y refugiadas.

Si saliera adelante la propuesta del Consejo, se mantendrían los criterios que hacen recaer principalmente la responsabilidad en los países de primera entrada como España, en lugar de aliviar la presión en los mismos y avanzar en el principio de responsabilidad compartida y solidaridad entre los Estados. Además, se introduciría la obligatoriedad de realizar controles de salud o seguridad a todas las personas que llegan a las fronteras y se expandirían los llamados procedimientos fronterizos exprés, que implicarían tramitar más solicitudes, de forma más rápida y con menos garantías.

Nos preocupa que la reubicación no tenga carácter obligatorio ni permanente, lo que permitiría la acogida de personas refugiadas de una forma más equilibrada entre todos los países europeos. A cambio, el Consejo plantea a los Estados no fronterizos la posibilidad de eximirse de esos traslados contribuyendo con 20.000 euros por cada ubicación que no se realice para financiar acciones en materia de control migratorio fuera de nuestras fronteras.

El derecho de asilo en peligro

Tampoco se avanzaría hacia un acuerdo que previniera y evitara más muertes en el mar, sino todo lo contrario, ya que las personas que quisieran migrar tendrían que optar por rutas más peligrosas y mortales. De hecho, se impondrían más obstáculos a las personas para acceder al procedimiento de protección internacional, como por ejemplo nuevos controles obligatorios al llegar y la consideración (ficticia) de que las personas “no han llegado”, aunque físicamente se encuentren en territorio europeo. Además, se fijaría un objetivo de solicitudes que deberían ser tramitadas de forma acelerada, lo que llevaría aparejada una merma de garantías, como la asistencia jurídica gratuita o el derecho a información.

Igual de preocupante es que se deje la puerta abierta a inadmitir solicitudes y retornar a las personas en función de la nacionalidad o de que procedan de un país de tránsito considerado “seguro” de forma totalmente discrecional. Al mismo tiempo, se introduciría la presunción de riesgo de fuga y se pondría el foco en evitar los movimientos secundarios con mecanismos para penalizar tanto a los Estados miembro que “no lo impidan” como a las personas solicitantes de protección internacional que lo pretendan. En esta línea, se aplicarían controles y alertas de “riesgo para la seguridad nacional” poco transparentes y sin garantías, que estigmatizarían y criminalizarían aún más a las personas migrantes y refugiadas.

Artículo original publicado en CTXT.