Cerdos, mentiras y fondos buitre

Es éste un país raro, moldeado durante siglos por unas élites a las que la triada formada por la Ilustración, la verdad y el concepto de ciudadanía se la trae al pairo. No se entiende de otro modo lo que ha pasado con el ministro Garzón en relación a lo que planteó sobre las macrogranjas. Una mezcla de mentiras, ignominia y servidumbre hacia los poderosos de turno ha saltado a la palestra a cuenta de las reacciones provocadas por una obviedad dicha por el dirigente de izquierda Unida, a saber, que esas instalaciones industriales generan fuertes problemas ambientales y carne de escasa calidad. Ya anteriormente tuvo problemas cuando lanzó otra evidencia: que el consumo excesivo de carne roja es malo para la salud. Algo que dicen los gobiernos de casi todo el mundo, la OMS y nuestro médico de familia del centro de salud. En ambas circunstancias ha sufrido una agresiva respuesta desde la industria cárnica, las derechas, el PSOE y buena parte de la prensa. 

Primero, mintiendo sobre lo que realmente ha manifestado: ni en su día dijo que no había que consumir carne ni ahora ha denostado al sector ganadero, tan sólo cuestionado unas infraestructuras devastadoras que suscitan creciente rechazo en todo el mundo, particularmente entre las poblaciones cercanas a las mismas. También entre ganaderos perjudicados por unas prácticas que suponen una competencia desleal a base de una producción masiva de carne, que externaliza los costes ambientales y sanitarios y maltrata a los animales. Segundo, insultando y atacando la dignidad de Garzón: le han acusado de menoscabar la imagen de su país por hablar mal de nuestra ganadería en el extranjero, de ser un gandul que suelta ocurrencias para matar su aburrimiento(García-Page). Y tercero: El grueso de fuerzas políticas y de medios ha puesto de manifiesto, por enésima vez, su sumisión incondicional a aquellos sectores que, en un momento dado, concentran poder económico, independientemente de la coherencia de su modelo de negocio con la transición ecológica en la que presuntamente estamos inmersos. 

Garzón cuenta la verdad y tiene razón. Sus planteamientos son coherentes con las actitudes que al respecto han adoptado el gobierno central, varias comunidades autónomas, ayuntamientos con alcaldes populares y socialistas, gobiernos europeos y la propia UE. Así, los gobiernos de Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña y Navarra han aprobado iniciativas para prohibir o limitar la construcción y ampliación de estas granjas masificadas. A pesar de que los presidentes de los dos primeros, en un gesto de cinismo sin parangón, quizá movidos por dudosos cálculos electorales, se hayan puesto a la cabeza del linchamiento del ministro de Consumo. El ejecutivo aragonés llegó incluso a presentar el pasado mes de julio un proyecto de ley en el que se señala literalmente que ´la ganadería intensiva pone en peligro tanto la sostenibilidad ambiental del territorio como la sostenibilidad económica y social’. Hay que tener la cara muy dura para decir esto en verano y, en Navidad, crucificar a un responsable público que expresa eso mismo, si cabe con más diplomacia. 

En nuestra tierra murciana, el Ministerio para la Transición Ecológica advirtió en 2019 de la incidencia de las granjas de cerdos en el Mar Menor. Ese mismo año, el propio gobierno autonómico aseguraba que las balsas de purines estaban descontroladas, lo que no impidió al ejecutivo de López Miras autorizar más de 200.000 nuevas cabezas de ganado porcino, 35.000 de ellas junto a la albufera. Según el Ministerio, el sector porcino intensivo aporta en torno al 20% de los nitratos que acaban en el Mar Menor, si bien muchos expertos consideran que esta cifra es muy superior. No en vano en su cuenca hidrográfica hay unas 500 balsas de purines distribuidas en 160 hectáreas, que no cumplen la normativa para evitar filtraciones que alcancen los acuíferos.

El 2 de Diciembre de 2021, la Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplimiento reiterado de la Directiva sobre Nitratos, consecuencia de las malas prácticas del sector agropecuario. En Europa también se intensifica el debate sobre el impacto ambiental de la ganadería intensiva, hasta el punto de que el gobierno holandés subvenciona desde 2019 su erradicación.

Pero no es sólo que este sistema pone en peligro la sostenibilidad ambiental, sino también la económica y social, como sostenía hace unos meses el presidente aragonés Lambán, ahora reconvertido en inquisidor de ministros que opinan lo mismo que él opinaba antes de que se convocaran elecciones en Castilla León. Efectivamente, las macrogranjas eliminan el modelo de explotación familiar e introducen la uberización en la ganadería, que consiste en que una gran empresa cárnica o fondo buitre pone los animales, el transporte y el pienso de la granja, mientras el dueño de ésta, a cambio de un porcentaje sobre el número de cabezas sacrificadas, pone el trabajo, la infraestructura y la gestión de purines. 

Es un modelo especulativo: en cuanto el mercado dé señales de agotamiento(por ejemplo, cuando China deje de demandar tanta carne de cerdo) y los beneficios comiencen a menguar, tal como ocurre en todas las burbujas, los capitales emprenderán vuelo y dejarán un paisaje arruinado. Y de burbujas que estallan, dejando graves secuelas, sabemos mucho en esta región.

De este festival de bulos y descalificaciones, al menos se va sacando algo en claro: hay quienes están por la justicia ambiental y social; y los hay que están por defender, buscando contrapartidas, los intereses, tan dañinos como espurios, del lobby cárnico, que no de los granjeros.

joseharohernandez@gmail.com