Celebraron Juicio ético en Buenos Aires contra el Tribunal que condenó a las y los campesinos paraguayos de Curuguaty

Este lunes 18 de julio en Buenos Aires, el Movimiento 138 acompañado de varias organizaciones y referentes de derechos humanos como José Schulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Claudia Korol de Pañuelos en Rebeldía, se manifestaron frente a la embajada de Paraguay realizando un juicio ético contra todo el tribunal, los fiscales y el presidente paraguayo Horacio Cartes. Además se hizo un  pedido de nulidad del juicio que condenó a las y los 11 campesinos y campesinas de la Masacre de Curuguaty, con cárcel hasta 35 años de prisión en las peores cárceles de Paraguay. Entre las organizaciones que estuvieron presente además del Movimiento 138, fueron la Liga por ,los Derechos del Hombre, Pañuelos en Rebeldía, MST, Partido Comunista, Partido Comunista de Paraguay, PRML, Congreso de los Pueblos Capítulo Argentina, Marcha Patriótica Capítulo Argentina, Barricada Tv, Resumen Latinoamericano, OLP-Simón Bolívar, entre otras.

El proceso que condenó hace una semana atrás a estos campesinos y campesinas, y que pretendió justificar el golpe de Estado a Fernando Lugo por aquel hecho de junio del 2012 donde ocurrió lo que se denominó la “Masacre de Curuguaty”, fue un juicio  llevado sin  prueba alguna, una condena orquestada para que el campesinado abandone su idea de pretender romper con el status quo de los sectores más concentrados y corruptos de Paraguay.

Basta con el solo hecho de saber que por aquella masacre en la que fueron asesinados 11 campesinos y 6 policías, fueron condenados solamente los campesinos por supuestamente asesinar a los policías y a sus compañeros, sin permitirles que presenten la gran cantidad de pruebas como los papeles que permiten comprobar que esas tierras que ellos reclamaban para la reforma agraria, las de Marina Kue (Curuguaty) fueron reconocidas por el propio organismos regulador de tierras INDERT como propiedad del Estado. En cambio, el empresario stronista Blas Riquelme con su empresa Campos Morombi, pretendía desalojar a los campesinos tratando de adjudicarse esas tierras. Riquelme ya tiene un largo expediente por usurpar tierras del Estado junto con familiares del ex fiscal del caso como Jalil Rachid.

Este tribunal que nunca investigó los asesinatos de las y los 11 campesinas y campesinos, dio a conocer las causas de la sentencia a los otros 11 campesinos sobrevivientes de la masacre apoyándose en las hipótesis de la fiscalía que afirma que 70 campesinos y campesinas sin tierra realizaron una emboscada contra  más de 300 efectivos militarizados que disponían de francotiradores y hasta de helicópteros dispuestos en formas de tenaza contra este grupo de trabajadores tal como se ve en las imágenes que la defensa presentó y que fueron negadas por la fiscalía, y tal como fue comprobado por contradicciones de los propios oficiales durante el juicio.

Para colmo la sentencia del tribunal en el día de hoy contó con un Palacio de justicia totalmente militarizado que dispuso de  francotiradores, frente a una multitud que viene hace varios años solidarizándose con las y los campesinos condenados, y que crece día a día por  semejante injusticia.

Se trata de un tribunal que cuenta entre sus miembros con casos de corrupción y vínculos con el narcotráfico como el del prontuario que tiene el propio presidente del mismo juez Ramón Trinidad Zelaya acusado de tener vínculos y liberar narcotraficantes además de recibir coimas, y donde hasta el propio presidente Horacio Cartes que apoyó la sentencia cuenta con denuncias de invasión de tierras y causas de narcotráfico. No es casual que los propios sectores que realizaron el golpe de Estado al ex presidente Fernando Lugo a los pocos días de haberse producido esta masacre, hayan apoyado inmediatamente esta sentencia, tal como lo hicieron referentes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP). Sector que es responsable de la enorme concentración de tierras en pocas manos: un 2,5% de este grupo que es dueño del 85% de la tierra del Paraguay y está prácticamente exento del cobro de impuestos que recaen sobre el pueblo, al que se le quitan y contaminan sus tierras.

Es por todas estas razones que desde la Ciudad de Buenos Aires así como en buena parte de Paraguay, y varias localidades del mundo, los pueblos continúan pidiendo justicia por el campesinado. En Buenos Aires el juicio ético fue una manera de manifestación en donde de forma simbólica el pueblo pudo condenar a todos estos jueces, fiscales, empresarios y políticos que  sostienen estas enormes desigualdades sociales.

En tal sentido el tribunal popular a cargo de este juicio ético fue integrado por José Schulman quién afirmó que en Paraguay se los condena a las y los campesinos de Curuguaty porque el poder más concentrado de ese país les tiene un enorme temor a los campesinos y al estudiantado. Además cuestionó que en muchos países como Argentina los gobiernos sigan siendo cómplices de estas desigualdades tal como lo hizo el gobierno kirchnerista cuando devolvió a los 6 campesinos que fueron condenados antes de los de Curuguaty y que pedían asilo político, o como lo hace el gobierno macrista presentándose como uno de los grandes aliados del presidente Cartes. Y agregó Schulman que hay una diferencia entre lo que se podrá considerar o no legal y lo que se podrá considerar legítimo. Lo legal remite a la “justicia” y leyes que generalmente crea el capitalismo y los sistemas dominantes, y lo legitimo es cuando un pueblo se decide a luchar y romper esas reglas oponiéndose a la opresión tal como lo hicieron los pueblos de Latinoamérica cuando reclamaron la independencia frente a los imperios, y es a esta legitimidad la que debe predominar y no perder de vista la lucha por la liberación de las y los campesinos.

Por su parte Ever del Movimiento 138  se expresó en guaraní con contundencia y manifestó que esta es una lucha del todo el pueblo paraguayo, de Latinoamérica y del mundo que hay que sostener para pedir la nulidad porque se trata de la condena a todos y todas aquellos sectores oprimidos que reclaman por su derecho a la tierra frente a los sectores más ricos que sumergen día a día al hambre y a la miseria a nuestros pueblos.

Y por último Claudia Korol otra de las integrantes del juicio ético también  se expresó de manera similar a la de los anteriores integrantes y denunció como ese tribunal corrupto que condenó a las y los campesinos remarcaba elevando la voz la condición de “sin tierra”,  les temblaba el pulso y expresaban desprecio hacia el propio pueblo, pero que aún así el pueblo jamás se dará por vencido y se escracharán todas las veces que sea a ese tribunal, a esos empresarios, a esos políticos y  se seguirá marchando todas las veces que sea necesario contra las embajadas de Paraguay.