¿Por qué es importante la aprobación del Plan Económico Financiero presentado?

La exigencia de la UE de garantizar la estabilidad presupuestaria llevó en septiembre de 2011 a reformar el artículo 135 de la Constitución Española introduciendo una regla fiscal que limita el déficit público y prioriza el pago de la deuda. El artículo 135 establece el mandato de desarrollar el contenido de este artículo en una Ley Orgánica. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera fija una regla de gasto: Ninguna administración puede incrementar su gasto público más del crecimiento estimado del Producto Interior Bruto (PIB). Por ejemplo: si el PIB a nivel estatal está previsto que sea del 2%, el incremento del gasto en el Ayuntamiento de Madrid no puede superar el 2%.

La regla de gasto fijada ata de pies y manos a las administraciones y limita la capacidad de implementar políticas sociales. En los ayuntamientos con superávit, como Madrid, se ve constreñida la  capacidad de gasto y de hacer inversiones sociales necesarias para la ciudadanía.

El Plan Económico Financiero para 2016 y 2017 presentado por el gobierno municipal de Madrid,  prevé un incremento del gasto social y de las inversiones en infraestructuras y servicios públicos. El plan demuestra que el Ayuntamiento tiene recursos de sobra para ejecutar los presupuestos aprobados, que presentará las cuentas saneadas tanto en términos de saldo como de deuda y que por tanto tiene sufiente capacidad de ingreso para no tener que sujetarse a una estricta aplicación de la regla de gasto.

En el caso de que no se aprobase el Plan Económico Financiero en abril de 2017 con la liquidación del presupuesto de 2016 el Ministerio podría considerar que se ha incumplido la regla de gasto y podría exigir un recorte en gasto social de 430 millones de euros con repsecto a lo presupuestado. Un recorte del 9,5% que pondría en riesgo programas enteros. Además de las posibles sanciones que podría adoptar el Ministerio, como la intervención directa en el Ayuntamiento o la inhabilitación del delegado.