El refugio es una cuestión de responsabilidad

Hoy, 20 de junio, Día Internacional de las Personas Refugiadas, es una fecha para recordar a las millones de personas que se han visto obligadas a salir de sus países de origen a causa de los conflictos armados y violaciones de derechos humanos que viven al interior de estos. Actualmente contamos con 79,5 millones de personas refugiadas, desplazadas, apátridas y solicitantes de asilo, en lo que representa en un 1% de población mundial que se ve obligada a huir de sus hogares.

A la crisis de refugiados, que en los últimos años ha generado cifras record de personas que se han visto obligadas a salir de sus países, se suma este año la pandemia de Covid-19, que ha golpeado con especial dureza a la población migrante y refugiada, al encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad.

En este difícil periodo que atravesamos debemos decir que estas personas a pesar del grado de vulnerabilidad se han encontrado en primera fila, contribuyendo de manera significativa y sostenida con su trabajo, apoyando y solidarizarse con las personas más necesitadas del país de acogida.

Europa esta siendo irresponsable

El aumento que se ha venido dando en los últimos años de llegada de refugiados en los distintos países de la Union Europa no han generado respuestas positivas y efectivas en cuanto a garantía y protección de derechos humanos por parte de los distintos gobiernos. De hecho, la tónica ha sido la opuesta, y se han vulnerado los principios de responsabilidad y solidaridad, con políticas como el cierre de fronteras, la reducción de procesos legales de acceso a la protección internacional, los despliegues de operativos de criminalización, la tolerancia con el rechazo a la población migrante/refugiada y la indiferencia, cuando no sostenimiento activo, de conflictos armados en países como Libia o Siria. Europa ha sido irresponsable al permitir que a través del países que integran el Grupo de Visegrado refuercen la vigilancia y el control policial en las fronteras de la UE para impedir la llegada de refugiados que vienen solicitando protección internacional.

Tras años de crisis que han tenido su expresión más evidente y dramática en los miles de muertos en el Mediterráneo al tratar de escapar a los conflictos en sus países, la respuesta de las autoridades europeas ante la situación de los refugiados en plena pandemia, ha sido insuficiente. Aunque la Comisión exigió respetar los derechos de las personas refugiadas y mantener los procedimientos de acogida, varios países miembros de la Unión Europea continúan incumpliendo esta exigencia de forma sistemática.

Queda claro que la UE ha descartado su supuesto compromiso con las personas refugiadas, anteponiendo sus intereses económicos en un capitalismo moribundo, y con su financiación y sostenimiento de conflictos armados por todo el mundo, ignorando su responsabilidad para las poblaciones desplazadas a las que recortan y niegan derechos.

España tiene cuentas pendientes con el refugio

España ha sido uno de los países de la UE con más número de solicitantes de asilo registrados en los últimos años, que no se ha respondido, sin embargo, con un aumento proporcional en la concesión de asilo. Las trabas administrativas y el escaso interés en resolver esta acumulación de solicitudes, ha generado al día de hoy una acumulado de expedientes sin resolver con decenas de miles de personas que permanecen a la espera de una respuesta, con la esperanza de que se respeten sus derechos fundamentales.

Los refugiados no han resultado una prioridad para las autoridades, que, aunque han aumentado ligeramente la previsión presupuestaria para programas de apoyo, continúa excluyendo a la población refugiada de garantías de protección social, generando grandes bolsas de exclusión. Algunas administraciones autonómicas han tratado de paliar las limitaciones de los recursos estatales que, sin embargo, no alcanzan a cubrir las garantías necesarias para evitar la exclusión.

Pero la parte más grave de la actitud de España ante los refugiados, continúa residiendo en su política fronteriza, tomada por algún extraño motivo como blanda por la opinión pública, cuando incluye toda una serie de políticas ejecutivas que suponen directamente un atropello a los derechos humanos. Unas políticas que han llegado a los tribunales europeos, por prácticas como la restricción de movimiento mediante el ingreso en Centros de Internamiento de Inmigrantes, o las devoluciones en caliente que suponen una violación directa del principio recogido en el Convenio de Ginebra de no devolución.

A esto hay que sumar deudas históricas del país, deberes omitidos de forma vergonzante, como la responsabilidad que tiene como ex metrópoli para con decenas de miles de refugiados saharauis de los cuales parece buscar desentenderse de forma sistemática.

Seguimos luchando por los derechos del refugiado

A pesar de las dificultades que enfrenta día a día la población migrante, los solicitantes de asilo y refugiados en los distintos países de acogida, continuamos peleando para que se reconozcan y respeten de forma plena los derechos de acogida y protección internacional. Continuamos reivindicando medidas efectivas, eficaces y ágiles para garantizar derechos fundamentales, como el acceso a la vivienda, la asistencia sanitaria, el empleo y la educación. Combatiendo los crecientes discursos de odio que incitan a la discriminación y xenofobia a través de medidas de control, formación y prevención, apoyando planes de integración, convivencia e igualdad social. Y exigiendo a los distinto gobiernos el cumplimiento de los pactos y acuerdos firmados en convenios y tratados internacionales. Porque se trata de compromisos adquiridos por los países. Porque la política de refugio es una cuestión de responsabilidad.

Yuveli Muñoz es abogada especializada en derechos humanos y secretaria de migraciones del PCE