Ecuador y el derecho a elegir y ser elegido
La democracia y el derecho a la participación generan hoy polémica en Ecuador, donde partidos validados en el Registro Oficial de Organizaciones Políticas podrían ser vetados de participar en las elecciones generales de 2021.
Las últimas semanas la formación política del exmandatario alertó en varias ocasiones, en las redes sociales, sobre intentos de proscribirla, para evitar la participación de Correa como candidato a una dignidad, en los comicios de febrero próximo.
En ese contexto, advirtió de una trama, orquestada desde la Contraloría, en uso de funciones que no le corresponden, para presionar al máximo órgano comicial con el fin de lograr el objetivo trazado.
Las presiones desde la institución de control llegaron al punto de predeterminar la destitución y multas para la presidenta del ente electoral, Diana Atamaint, y otros dos consejeros.
Incluso, en el caso de Compromiso Social, un fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó al movimiento y resolvió ‘negar la petición de nulidad’ interpuesta en su contra.
Aunque el CNE alertó que la decisión no implica la eliminación del Registro, sino una suspensión temporal, con el derecho a presentar su defensa en un plazo de 10 días, abogados, políticos, miembros de la organización y seguidores de Rafael Correa la ven como otro ataque contra la participación democrática de la primera fuerza política de este país sudamericano.
‘Ecuador vive una espiral autoritaria sin fin. Sepultan democracia y Estado de derecho’, afirmó al respecto el excanciller Guillaume Long, quien coincide en que la meta principal es frenar la participación libre y democrática del movimiento en las elecciones de 2021.
Mientras, desde la bancada de la revolución Ciudadana, loa asambleístas alertan que la suspensión es un atentado contra la Constitución y tildan de ‘vergonzosa’ la actuación desde la institucionalidad.
A la sazón, desde varios frentes aumentan las denuncias contra el contralor general, Pablo Celi, a quien consideran que ejerce el puesto de manera ilegítima, al no haber sido posesionado como tal.
Incluso, circula en las redes sociales un memorando, con firma electrónica del prosecretario general temporal de la Asamblea Nacional, Javier Aníbal Rubio, en la cual afirma: ‘me permito certificar que en los archivos de la Secretaría general no consta un acta de posesión del cargo del contralor subrogante’.
Asimismo, apunta que tampoco hay reporte de alguna convocatoria del legislativo, donde se incluyera como parte del orden del día, en una sesión de pleno, la juramentación en el puesto de Celi.
Tras considerarlo un usurpador, la demanda de Compromiso Social en el Tribunal Contencioso Electoral es la destitución de Celi.
Al mismo tiempo, el rechazo a la intromisión en la función electoral, por parte de la Contraloría, no solo se ha hecho público dentro de Ecuador, sino también desde otras latitudes e instituciones como el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela).
Desde finales del mes pasado, en una carta remitida al TCE, el ente manifestó preocupación ante las recomendaciones de la Contraloría, las cuales describió como ‘expresa y manifiesta interferencia en la autonomía y competencias privativas del Consejo Nacional Electoral del Ecuador’.
Al respecto, añadieron que disponer al CNE la eliminación de organizaciones políticas ‘irrespeta, inobserva y viola los elementales principios del Derecho Público’.
La existencia legal de Fuerza Compromiso Social, identificado por la Lista 5, quedó validada en los sufragios seccionales efectuados en esta nación andina en 2019, cuando alcanzó el 11,26 por ciento del total de votos, lo cual lo ubicó por encima de formaciones políticas como el oficialista Movimiento Alianza PAIS y el opositor Partido Social Cristiano.
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