Argentina abre de nuevo la puerta al FMI que hundió el país en la crisis del 2001

A pesar de la historia tumultuosa del Fondo monetario internacional en el país sudamericano, Argentina apretó de nuevo el “botón FMI”. Argentina había dado un portazo al FMI, institución que hace 17 años había arrastrado el país a la mayor crisis de su historia reciente, provocando la caída de cuatro presidentes en una semana. El gobierno de Macri acaba de reabrirle la puerta. Desde enero de 2006, cuando Argentina se liberó del FMI pagando su último crédito por 9.600 millones de dolares de deuda, en gran parte ilegitima, el país sudamericano no tenía que servir deuda al Fondo. Ahora, se instala de nuevo una relación servil hacia el acreedor más influyente del planeta.

Esta vez, el acuerdo alcanzado supera el de Grecia, que recibió 30 mil millones de dicho organismo en el 2010. Era entonces la cantidad récord otorgada por la institución en toda su historia, aunque la suma de los “rescates” griegos, con participación del FMI, arroja cifras mucho mayores. Observadores señalaron entonces la experiencia Argentina de 2001 como referencia para entender las consecuencias de estos planes que perjudican el día a día del pueblo griego…

El FMI endeuda a Argentina para vigilar su economía

El 7 de junio de 2018 quedará marcado a fuego en la piel de la historia argentina. Ese día, el gobierno de Mauricio Macri y el FMI firmaron un acuerdo por tres años que asciende a 50 mil millones de dólares (42.400 millones de euros, equivalente a alrededor de 1.110% de la cuota de Argentina en el FMI) [1] incluyendo un primer desembolso de 15.000 millones de dólares (12.700 millones de euros, correspondiente al 30 por ciento del total) hecho el 20 de junio. Además, a este paquete de 50 mil millones del Fondo, cerca del 10% del PIB del país, deben sumarse préstamos de otros organismos internacionales por valor total de 5.650 millones de dólares (4.799 millones de euros) en los próximos doce meses: del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 2.500 millones de dólares; del Banco Mundial por 1.750 millones de dólares y del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por 1.400 millones de dólares [2]. Son en total 55.650 millones de dólares de nuevo endeudamiento público para Argentina que se suman a los 320 mil millones de dólares de deuda pública registrados a fines del 2017. Así que, gracias al FMI y a otros acreedores, la deuda pública debería superar los 375 mil millones de dólares y aquella debería pasar del 57% del PIB a rondar como el 67%.

Recordamos también que, por encima de esa nueva deuda que no fue aprobada por el pueblo ni le va a beneficiar, Argentina sigue pagando una deuda odiosa heredera de la dictadura, deuda que según conceptos jurídicos debería ser anulada inmediatamente sin condición.

Una hoja de ruta marcada por el ajuste estructural que llevó a numerosos pueblos a los famosos motines de hambre, también llamados ‘motines – FMI’

Los créditos Stand-by del FMI (SBA, por sus siglas en inglés), con los cuales se presta a Argentina, son están asociados a una serie de condicionamientos de política económica. En este caso, a cambio del macro préstamo, como ocurrió en el 2001, el FMI exige la reducción del déficit hasta alcanzar el equilibrio, ahora como meta fijada para el 2020. O sea, el gobierno Macri tiene que cumplir el objetivo de déficit, antes del pago de la deuda, del 2,7% del PIB en 2018. Luego, bajaría abruptamente al 1,3% en el 2019 y al 0% en 2020, para llegar a un superávit del 0,5% en 2021.

También deberá limitar la inflación al 17% el año que viene, del 13% para el 2020, y de sólo 9% en el 2021. Un panorama poco creíble en un país donde la inflación anual se sitúa por encima del 20% desde hace 20 años, y más aún cuando la agencia de notación Fitch prevé que la tasa de la abultada inflación alcanzará el 27,5% a final de año como consecuencia de la depreciación del peso, erosionando así los salarios ya maltratados. De hecho, con una inflación récord cercana al 20% anual, muchos jubilados están luchando para llegar a fin de mes y los trabajadores están viendo caer su poder adquisitivo.

En definitiva, se supone que a medio plazo el acuerdo del FMI debería reducir el déficit fiscal a cero en 2020, y la inflación al 9% en 2021, cuando el gobierno de Mauricio Macri aumenta la deuda a niveles astronómicos para la población. A corto plazo, su reembolso le va a costar al pueblo argentino una abultada austeridad empujándole a una pobreza galopante. Todo apunta a que nuevos “motines FMI” vuelvan a ocurrir en contexto de crisis, un panorama ya famoso que se traduce en muertos y hambruna…

El precio del dinero del Fondo

Para alcanzar estas metas, en vez de suspender el pago de la deuda para auditarla u aumentar impuestos sobre los beneficios de las grandes empresas como podría plantear un gobierno atento a las necesidades de su pueblo, Macri prefiere recortar el gasto público. Esto significa caída en los sueldos, recortes en jubilaciones y pensiones, recesión y retrocesos en educación y salud… Y, por si fuera poco, el gobierno de Macri acaba de vetar una ley de la oposición que limitaba las subidas al precio de los servicios públicos. [3]

La directora del FMI, Christine Lagarde, después de haber felicitado “a las autoridades argentinas por haber llegado a este acuerdo”, concluyó: “considero que las reformas de Argentina merecen el respaldo del FMI y de la comunidad internacional”. Pero antes de ser respaldadas por el FMI y la comunidad internacional, Lagarde y Macri tendrán que convencer al pueblo argentino, que según una encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública para el periódico argentino Página 12, realizada justo antes del acuerdo, revela que nada menos que el 74 por ciento (de las 1200 personas encuestadas de todo el país) consideró que un eventual acuerdo del FMI sería perjudicial para el país. [4]

La “Carta de intención” enviada al FMI, firmada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y Federico Sturzenegger que acaba de presentar su dimisión como presidente del Banco Central, recalca “no renovar cargos en puestos no prioritarios”, “congelar las nuevas contrataciones en el gobierno nacional durante dos años” y eliminar “las posiciones redundantes”. Una formula sagrada típica del FMI para conseguir “que el gasto en personal caiga de 3,2% del PIB en 2017 a 2,7% hacia el final del programa”. En otras palabras, la vuelta al FMI significa más despidos de empleados públicos y una mayor caída del poder adquisitivo.

Adicción a la deuda perpetua

Ya en 2016, el gobierno de Macri se había vuelto aún más atractivo para los financieros especuladores cuando endeudó el país para pagar 9.300 millones de dolares a los fondos buitre que no habían aceptado la reestructuración de su deuda. Entre los beneficiarios, NML Capital de Paul E. Singer, líder de la ofensiva judicial contra la Argentina ante la justicia de Estados Unidos, que se quedó con 2.426 millones de dolares, el mayor monto, por unos bonos comprados por tan sólo… 177 millones. Luego, adicta a la deuda perpetua, la Argentina de Macri emitió en junio de 2017, por primera vez en la historia del país, un bono a pagar en 100 años: 2.750 millones de dólares con una tasa de interés del 7,9% anual. Tanto el FMI que llevó a una gran crisis social a Grecia con sus recetas a cambio de planes de endeudamiento llamados “rescates” como Macri son ahora los responsables políticos de lo que va ocurrir en Argentina en los próximos meses.

El pueblo de Jordania, que acaba de echar fuera a su gobierno junto con sus leyes impuestas por el FMI, enseña el único camino que le queda al pueblo argentino frente a una institución totalmente antidemocrática y autista.