Francia tiene una gran responsabilidad en la no-descolonización del Sáhara Occidental

Académicos e investigadores internacionales dirigen una carta abierta al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, exigiendo que Francia asuma su responsabilidad histórica frente a la situación del Sahara Occidental y apoye un referendum en pos de la independencia de los Territorios Ocupados por Marruecos.

Señor  Presidente, el 27 de febrero del 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia  sobre  los  acuerdos  de  pesca  entre  UE  y  Marruecos  recordó  de  la  manera  más  clara  la ausencia  de  soberanía  del  estado  marroquí  tanto  sobre  el  territorio  del  Sáhara  Occidental  como sobre sus aguas adyacentes, y reafirmó el derecho imprescindible del pueblo Saharaui, representado por el Frente POLISARIO, a determinar libremente cómo administrar sus recursos naturales. Esa sentencia que impedirá, de ahora en adelante, a los estados miembros de la UE importar productos (agrícolas,  de  pesca,  mineros…)  originarios  de  este  territorio  no  autónomo  para  las  Naciones Unidas, no hace más que enfatizar la urgencia de un proceso pacífico de descolonización de este territorio, conforme a la resolución 1514 (XV) de la ONU, esperada desde la salida de España, en febrero 1976.

Sin embargo, en este proceso, Francia apoya ante el Consejo de Seguridad, cada año en el mes de abril,  la  posición  de  Marruecos,  que  se  opone  a  la  ampliación  del  mandato  de  la  misión  de mantenimiento de  La Paz  de las Naciones unidas   (MINURSO) para incluir la observación de la situación de los derechos humanos y la preparación de un referéndum de autodeterminación, primer objetivo  del  cese  de  fuego  de  1991,  exigido  por  las  mismas  Naciones  Unidas  desde  1966.  Esa posición francesa permite al estado marroquí – considerado hasta hoy por la ONU, la OUA y la UE como potencia ocupante del Sáhara Occidental desarrollar su política de colonización, favoreciendo desplazamientos de poblaciones originarias de Marruecos, encarcelando y juzgando presos políticos saharauis en el territorio marroquí: dos violaciones evidentes (entre otras) del derecho internacional y del derecho humanitario internacional.

El Estado Francés volvió a destacarse el pasado 12 de febrero con su actitud inaceptable cuando dos abogadas  francesas  que  representan  a  19  presos  saharauis,  condenados  en  2017  durante  un simulacro de juicio a penas muy severas, hasta la reclusión a perpetuidad ( grupo llamado de Gdeïm Izik ), quisieron visitar a sus clientes, en el normal ejercicio de sus funciones, para informarse de su salud, y fueron arrestadas a su llegada a Marruecos y expulsadas, sin que la Embajada de Francia en Rabat haya considerado necesaria su intervención. A raíz de ese evento, uno de los presos, Naama Asfari, a cuya esposa se le negó durante más de 18 meses el derecho de visita, fue inmediatamente puesto en un calabozo separado, lo que motivó una huelga de hambre entre otros presos del grupo. Esa huelga provoca una  gran inquietud entre los  observadores de los derechos humanos quienes, afortunadamente, siguen vigilando su situación.

Esa última tragedia, avalada por el Estado Francés, es un argumento más a favor de la ampliación del mandato de la MINURSO a la observación de los derechos del hombre en el Sáhara Occidental, esto  mismo  que,  desde  hace  muchos  años,  piden  las  autoridades  saharauis,  y  las  organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos. Se observa una escalada de la represión por parte de las autoridades marroquíes, y al mismo tiempo, desde hace algunos años, es obvio que se va cerrando el territorio: las misiones de los observadores internacionales, abogados, representantes públicos,  periodistas,  activistas  defensores  de  los  derechos  humanos,  investigadores,  académicos, cual sea su nacionalidad, son más y más frecuentemente intimidados o expulsados por las fuerzas policiacas marroquíes.

Sólo la organización de un referéndum de autodeterminación podrá acabar con la colonización de ese territorio, ayer por España (que sigue siendo potencia administradora de jure por la ONU) y hoy por  Marruecos.  Esa  colonización  se  manifiesta  a  través  de  la  presencia  masiva  dentro  de  las principales ciudades de ese territorio de las fuerzas policiacas  y militares marroquíes, encargadas hoy  en  día  de  asfixiar  cualquier  movimiento  saharaui  de  protesta,  aunque  sea  pacífico.  Esa colonización se caracteriza de otro lado por la explotación sin tapujos de los recursos naturales del territorio, especialmente los fosfatos y las reservas de pesca, las riquezas más codiciadas del Sáhara Occidental.  El  tercero  aspecto  de  esa  colonización  se  distingue  por  una  política  voluntarista  de desplazamiento   de   poblaciones,   desequilibrando   rápidamente   la   sociología   del   territorio. Finalmente,  la  colonización  planifica  la  aculturación  de  la  sociedad  saharaui,  reduciendo  a  mero folclor   la   cultura   local   específica,   sin   poder   esconder   un   movimiento   más   subterráneo, especialmente al nivel escolar, de discriminación de esa misma cultura.

Señor  Presidente,  ¿cómo  entender  que  el  estado  francés  reivindique  desde  unos  años  un  papel mayor  en  el  mantenimiento  del  orden  político  regional  en  el  Sáhara-Sahel,  especialmente  por  la operación  Barkhane  y  por  el  G5  Sahel,  postergando  al  mismo  tiempo  la  aplicación  del  derecho internacional en el Sáhara Occidental? ¿Cómo se puede calificar la colonización de crimen contra la humanidad  (  su  propia  declaración  en  Alger  en  febrero  2017  )  e  impedir  al  mismo  tiempo  la descolonización  de  la  última  colonia  en  África,  lo  que  piden  las  Naciónes  unidas  desde  1963,  y después la OUA-UA, y la UE? ¿Cómo dar la posibilidad de un referéndum de autodeterminación en Nueva Caledonia el 4 de noviembre del 2018, sin cesar de posponer su realización en otro lugar?

Los firmantes de esa carta piensan que nada puede hoy en día justificar esa posición francesa, sino intereses económicos y geo-strategicos a muy corto plazo, con consecuencias deplorables sobre la estabilidad del Maghreb  y la emigración irregular hacia Europa. ¿Cómo la patria de los derechos humanos puede desatender a una población que fue capaz de remitir su futuro entre las manos de la justicia internacional para expresar libremente su derecho a la autodeterminación? ¿Cómo puede el Estado Francés, utilizando toda su influencia en el Consejo de seguridad, condenar indirectamente los refugiados de Tinduf a una nueva década de miseria, destreza y frustración?

Las  autoridades  saharauis  aceptaron  de  confiarse  en  la  ONU  y  en  una  resolución  pacífica  del conflicto,   depositando   las   armas   en   1991,   confiando   en   la   promesa   de   un   referéndum   de autodeterminación que todavía no se organizó, provocando el creciente sentimiento que las grandes potencias,  y  especialmente  la  Francia,  traicionaron  a  los  Saharauis.  Los  jóvenes  nacidos  en  los campamentos de Tinduf ahora cuando legítimamente tratan de inventarse un futuro, no tienen más que  la  inmigración  hacia  Europa,  ilegal  en  la  mayoría  de  los  casos.  Entre  ellos  más  de  400 Saharauis viven en El Centro de Bordeaux, requiriendo un derecho de asilo que Francia no tendría que rechazarlos, siendo uno de los estados más responsable de su desgracia.

La juventud saharaui, que no conoció nada sino el exilio y la ocupación, quiere por fin acceder  hoy a la dignidad que su lucha pacífica desde el cese de fuego de 1991 le tendría que otorgar. En la hora que muchos jóvenes, dentro del espacio Euro-Mediterráneo, son capaces de arrojarse en cualquier tipo de extremismo, es el momento de demostrar su valentía política otorgando una posibilidad de futuro a esa juventud que representa la nación saharaui de mañana, educada,  y animada por esos valores de libertad, igualdad y fraternidad tan esenciales para la Nación francesa.

Señor Presidente, el Estado francés todavía tiene la oportunidad, tal vez, de rectificar su posición de los últimos años, beneficiando la aplicación del derecho en el Sáhara, si decide tener un papel central en la resolución pacífica del conflicto que corroboré   las instituciones internacionales. Por primera vez desde el cese de fuego de 1991 un Europeo es Secretario general de la ONU (Antonio Guterres), y su enviado personal (Horst Kohler) también es un Europeo: eso puede significar una posibilidad inédita para que Europa – y Francia encabezando el movimiento – actúen para contribuir a  la  finalización  del  proceso  en  una  zona  histórica  y  estratégicamente  vital  para  ellas.  Pedimos entonces al Estado francés cuyo destino usted presida, de inscribir la cuestión del Sáhara Occidental en  la  agenda  de  las  próximas  reuniones  del  G5  Sahel,  y  al  Estado  Marroquí  que  respete escrupulosamente  el  derecho  internacional  y  el  derecho  humanitario  internacional,  que  libere inmediatamente  los  presos  políticos  Saharauis,  que  ratifique  una  reactivación     rápida  de  un referéndum de autodeterminación, y que entienda que cualquier solución o propuesta tiene que ser estrictamente basada en el derecho internacional.

Si el gobierno francés persiste en alinearse sistemáticamente con la posición marroquí, cancelando así cualquier posibilidad de desempeñar un papel creíble en el proceso de arreglo pacífico y político bajo los auspicios de la ONU, ello podría afectar seriamente el liderazgo europeo que usted, Señor Presidente, desea restablecer para Francia, ya que la Unión Europea no sólo defiende el respecto del derecho en su política interior, sino que también fundamenta su política exterior  en el respeto y la aplicación del derecho  internacional.