Parece haber una conspiración de silencio en los medios internacionales sobre la inadmisible discriminación de Israel hacia el pueblo palestino en la aplicación de la vacuna contra el Covid-19. En cualquier país del mundo sería impensable que las autoridades de salud vacunaran a un grupo de población y excluyeran a otro en el mismo territorio. Eso es exactamente lo que está pasando en Cisjordania, donde los colonos ilegales reciben la vacuna pero la población palestina nativa no. Todos los esfuerzos de la sociedad civil palestina y sus aliados en el mundo por denunciarlo se estrellan contra el muro de elogios y adulaciones que el régimen sionista sigue cosechando.
Es por eso que importa dar a conocer algunas de las denuncias, declaraciones y exhortaciones que organizaciones internacionales de derechos humanos, palestinas e incluso israelíes han emitido para denunciar dicho apartheid y exigir que Israel rinda cuentas, rectifique su política y cumpla con sus obligaciones ante el derecho internacional como potencia ocupante hacia la población ocupada. Reproducimos un mensaje de Inès Abdel Razek, advocacy officer (responsable de incidencia) en el Palestinian Institute for Public Diplomacy (PIPD), con sede en Ramala, que recoge esas voces palestinas ignoradas.
Trabajadores palestinos entran a Israel a través del checkpoint Mitar, cerca de la ciudad de Hebrón/Al-Jalil, en Cisjordania ocupada (Wisam Hashlamoun/Flash90).
La distribución de la vacuna Covid-19 en Israel: qué dice la población palestina
Inès Abdel Razek
En las últimas semanas, Israel ha sido elogiado en los principales medios de comunicación internacionales por ser un líder mundial en la campaña de vacunación contra el COVID-19.
Las y los palestinos y sus aliados/as han criticado este relato distorsionado que encubre la realidad racista y discriminatoria en la distribución de la vacuna COVID-19 por parte de Israel. Como escribe Yara Hawari (investigadora de Al-Shabaka) en Al-Jazeera, «hay un lado oscuro en la “historia de éxito de la vacuna” de Israel: mientras que está inmunizando a sus ciudadanos/os contra el COVID-19 a un ritmo inigualable, el gobierno israelí no está haciendo nada para vacunar a millones de palestinas/os que viven bajo su control militar.»
El Dr. Mustafa Barghouthi, médico y político que integra el comité de salud palestino para el COVID-19, escribió en el NY Times que aproximadamente 600.000 colonos/as israelíes que viven ilegalmente en Cisjordania ocupada recibirán la vacuna, mientras que los 3 millones de personas palestinas que viven en la misma zona no serán vacunadas. Añade que «La decisión del gobierno israelí de hacer que la vacuna esté disponible sólo para los ciudadanos israelíes no es sólo una injusticia moral: es autodestructiva. La inmunidad de manada no se logrará para la población israelí sin vacunar a la población palestina. Hay más de 130.000 palestinos trabajando en Israel y en las colonias, y cientos de miles de israelíes se desplazan entre las colonias o participan en actividades militares en los territorios palestinos ocupados.» Incluso los guardias de las prisiones están siendo vacunados, pero los presos palestinos no.
En una entrevista con Democracy Now, la congresista palestino-estadounidense Rashida Tlaib dijo que «Israel es un Estado racista y que niega a las y los palestinos, como mi abuela, el acceso a la vacuna». Añadió además: «Espero que nuestro país vea lo que el pueblo palestino ha estado tratando de decirnos desde hace mucho tiempo: que Israel no tiene la menor intención de preocuparse por el bienestar o de permitir la igualdad y la libertad para [el pueblo palestino]».
En diciembre, 29 ONGs palestinas, israelíes e internacionales firmaron una declaración conjunta en la que pedían que se garantizara la vacunación de la población palestina. El 18 de enero,165 ONGs del Consejo Palestino de Organizaciones de Derechos Humanos (PHROC), la Red de ONGs Palestinas (PNGO) y el Instituto Nacional Palestino para las ONGs (PNIN), hicieron cinco demandas concretas, exigiendo:
– a Israel, que cumpla inmediatamente con sus obligaciones en materia de Derecho Internacional Humanitario y garantice el suministro no discriminatorio de vacunas a todas las personas en el territorio bajo su control, incluyendo Gaza, Cisjordania y los prisioneros palestinos en las prisiones y centros de detención israelíes.
– a Pfizer, que no colabore con las políticas de colonización ilegal, discriminación, racismo y apartheid de Israel.
– a la comunidad internacional, que exija a Israel que rinda cuentas por la denegación de atención médica, que constituye una grave violación del Cuarto Convenio de Ginebra.
– a la Autoridad Palestina, que refuerce su papel activo para garantizar la protección de la población palestina durante una pandemia mundial, entre otras cosas recordando a Israel y a la comunidad internacional que deben poner fin a las políticas y prácticas discriminatorias israelíes.
En su declaración conjunta, las ONGs palestinas recordaron que «1,99 millones de israelíes, (incluyendo los y las ciudadanas palestinas de Israel) y de palestinos/as de la ocupada Jerusalén Oriental han sido vacunados/as al 13 de enero de 2021.» En comparación, aproximadamente 5 millones de personas palestinas que viven bajo la ocupación israelí en Cisjordania y Gaza todavía esperan ser vacunadas.
Además, Al-Haq envió una carta a Pfizer, el fabricante de vacunas, recordándole a la empresa «sus obligaciones internacionales en virtud de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos» de garantizar que su vacuna «no sea utilizada de manera que viole el derecho internacional de los derechos humanos o el derecho internacional humanitario.»
Tras la movilización de la sociedad civil palestina, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACDH) emitió una declaración en la que pidió a Israel garantizar la igualdad de acceso de la población palestina a la vacuna contra el COVID-19, subrayando que «este acceso diferencial a la atención sanitaria necesaria en medio de la peor crisis sanitaria mundial en un siglo es inaceptable». Human Rights Watch se le sumó.
Voces que defienden las posiciones de Israel han explotado los Acuerdos de Oslo para trasladar la culpa y la responsabilidad a la Autoridad Palestina (PA). En una típica declaración colonial y paternalista, el Ministro de Salud de Israel dijo a Sky News que los palestinos «tienen que aprender a cuidarse por sí mismos», mientras nos mantienen sin libertad y bajo una subyugación permanente.
En un artículo de opinión publicado en el Washington Post, Yara M. Asi aclara que si bien «Oslo estaba destinado a ser un acuerdo provisional que condujera a un arreglo político en un plazo de cinco años (…) casi tres décadas después se está utilizando para justificar la falta de responsabilidad de Israel con respecto al bienestar de la población palestina ocupada durante una pandemia».
Las ONGs palestinas en su declaración nos recuerdan que «el artículo 55(1) del Cuarto Convenio de Ginebra establece el deber de Israel, como Potencia ocupante, de garantizar el suministro de insumos médicos a la población civil en los territorios ocupados por todos los medios de que disponga». Las obligaciones de protección del Cuarto Convenio de Ginebra persisten independientemente de cualquier acuerdo entre el ocupado y el ocupante.
«Crear la impresión de que Israel ayuda de buena fe a la población palestina a hacer frente al virus, mientras al mismo tiempo la mantiene bajo ocupación, fue un logro notable de la maquinaria de propaganda israelí», añade Yara Hawari.
Por su parte, el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina ha hecho arreglos para recibir más de dos millones de dosis de las vacunas Oxford-AstraZeneca y Sputnik V de Rusia que, según indicó el Primer Ministro palestino durante la reunión de gabinete de la Autoridad Palestina el 18 de enero, «están en camino».
La pandemia de COVID-19 está echando luz sobre la lucha de décadas del pueblo palestino bajo la ocupación para acceder a servicios médicos y de salud equitativos y provisionales. Saleh Higazi, director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, dijo a Vice que «la campaña de vacunación está exponiendo aún más esta realidad de un sistema de dos niveles, en el que se le brinda derechos y protección a parte de la población que se controla, y se le niega al resto». También el analista Tareq Baconi señala en Twitter la omisión histórica de Israel en proporcionar a la población palestina servicios de salud adecuados, y menciona la miríada de «tragedias no relacionadas con el COVID que se han normalizado, desde pacientes de cáncer a quienes se les niega el permiso para recibir quimioterapia hasta la joven generación de amputados» en Gaza. Esta conducta de apartheid médico y sanitario, escribe Baconi, simplemente es consistente con la norma general.
Traducción: María Landi.