La doble vara de medir del PP, del ministro Borrell y de la UE
Las condenas por la expulsión de Venezuela de una comisión de eurodiputados han puesto de manifiesto la doble vara de medir del Partido Popular, de los ministros de Asuntos Exteriores de España y de Francia y de altos cargos de la propia Unión Europea, que no reaccionan así cuando Rabat echa del Sáhara Occidental a políticos, abogados, periodistas y defensores de Derechos Humanos.
La expulsión el 17 de febrero de Venezuela de Esteban González Pons, vicepresidente primero del Grupo Parlamentario Popular Europeo (PPE) y portavoz del Partido Popular, de los europarlamentarios españoles Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca y Juan Salafranca, de la holandesa Esther de Lange y del portugués Paulo Rangel provocó contundentes repulsas que contrastan con el silencio que se mantuvo con otros eurodiputados a los que no se permitió acceder a los territorios de la excolonia española del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos.
Tras su expulsión de Venezuela Esteban González Pons dijo que “cuando un país cierra las ventanas y cierra las puertas para que no se vea lo que ocurre dentro, es que está a punto de pasar de las palabras a los peores hechos“, y el presidente del PP, Pablo Casado, apuntó que la expulsión “es una afrenta del sátrapa Maduro para que nadie vea el sufrimiento de los venezolanos” y que “España debe liderar las iniciativas que pongan fin a la represión y miseria provocada por el sanguinario dictador”.
A la repulsa se sumaron los ministros de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell y de Francia, Jean-Yves Ledrian, y el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, que reclamó a los Gobiernos de la UE medidas “acordes” para responder a la expulsión.
Estas declaraciones bien podrían haberse referido, también, al régimen marroquí, que continua realizando expulsiones de políticos, periodistas, juristas y activistas de Derechos Humanos del Sáhara Occidental, el territorio que invadió hace más de 43 años y en el que no quiere testigos de lo que ocurre a la población saharaui.
Pero ni el PP, ni el PSOE, ni la Unión Europea han expresado su queja por las expulsiones de españoles del Sáhara Occidental, cuyas aguas se han incluido en el reciente acuerdo pesquero con Marruecos acordado por el Parlamento Europeo, en contra de la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE que establece que el Sáhara Occidental y Marruecos son territorios diferentes. Como ha escrito Fito Álvarez, de Por un Sáhara Libre, “Del Sáhara Occidental también les expulsan, pero a Maduro le exigimos respeto y a Mohamed VI le rendimos honores”.
Europarlamentarios expulsados del Sáhara Occidental
En lo que se refiere a miembros del Parlamento Europeo, el 27 de febrero de 2017 Marruecos expulsó del Sáhara Occidental a las españolas Paloma López y Lidia Senra Bermejo, al español Josu Juaristi y a las suecas Bodil Valero y Jytte Guteland, a quienes ni siquiera permitieron bajar del avión en el El Aaiún y obligaron a volver a las Palmas.
Unos años antes, el 9 de abril de 2014, una delegación oficial del Parlamento Europeo tenía previsto viajar a los territorios ocupados del Sáhara Occidental para comprobar la situación de los Derechos Humanos, pero fue vetada por las autoridades marroquíes.
La delegación la encabezaba la eurodiputada socialista portuguesa Ana Gomes y entre sus siete componentes se encontraba el español Willy Meyer, de Izquierda Unida. Tenían programadas visitas a presos políticos saharauis, encuentros con defensores de Derechos Humanos como Aminetu Haidar y Brahim Dahane, y entrevistas con familiares de presos y desaparecidos. También habían solicitado una visita a la Cárcel Negra de El Aaiún.
![Willy Meyr](https://contramutis.files.wordpress.com/2019/02/willy-meyr.png?w=360&h=204)
Willy Meyer en el aeropuerto de Las Palmas tras ser expulsado de El Aaiún en octubre de 2011
Meyer denunció que, por el contrario, Rabat daba facilidades para desplazarse a Marruecos, e incluso a los Territorios Ocupados, a los eurodiputados favorables al régimen marroquí y citó la visita a la ciudad saharaui de Dajla de una delegación de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Marruecos encabezada por el socialdemócrata italiano Pier Antonio Panzeri, sentando “un deplorable precedente de reconocimiento de la ocupación marroquí y legitimando el expolio de los recursos pesqueros del pueblo saharaui que entra en contradicción con el Derecho Internacional”.
Un año antes, el 6 de marzo de 2013, fueron expulsados de Casablanca, a donde llegaron para dirigirse a El Aaiún, cuatro eurodiputados del Intergrupo Paz para el Pueblo Saharaui, entre ellos los españoles Willy Meyer y el socialista Vicent Garcés.
A Meyer ya se le impidió entrar en El Aaiún en otras dos ocasiones: el 7 de noviembre de 2010 junto con tres periodistas españoles -los agentes llegaron a entrar en el avión y hubo forcejeos y agresiones-, y el 30 de octubre de 2011 acompañado por el abogado José Pérez Ventura. Cuando descendía del avión fue interceptado por varios policías marroquíes, forzado a empujones a subir a la aeronave por lo que cayó por las escalerillas. Al llegar a Las Palmas de Gran Canaria se le asistió de rotura fibrilar en el lado izquierdo del cuello y policontusiones.
Veto a abogados y periodistas
A las expulsiones de los europarlamentarios hay que añadir la de juristas que acuden a juicios de activistas saharauis en el Sáhara Occidental ocupado o en ciudades marroquíes, como ocurrió con el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias Jesús María Martín Morillo en abril de 2016 y marzo de 2017.
El veto a la prensa en la excolonia española es permanente como lo demuestra la continua expulsión de periodistas, que fue numerosa en noviembre de 2010 tras el asalto de la policía y del ejército marroquíes al campamento de protesta saharaui de Gdeim Izik, en las afueras de El Aaiún. Entre la más de una docena de informadores expulsados se encontraron Angels Barceló, Nicolás Castellano y Ángel Cabrera de la Cadena SER, Ana Romero y Alberto Cuellar de El Mundo, Tomás Bárbulo y Uly Martín de El País, el corresponsal de ABC en Rabat, Luis de Vega, y los periodistas de Efe Alfonso Bauluz y Carlos Cristóbal.
En los cinco últimos años y los dos primeros meses de 2019 las expulsiones de políticos, abogados, periodistas y defensores de Derechos Humanos fueron constantes, como refleja la siguiente relación, aproximada, sin que en el caso de los españoles motivase una queja formal del Ministerio de Asuntos Exteriores: