El Régimen del 78 hace aguas

En muchas de mis columnas he ido afirmando, sin cortapisas, que el Régimen surgido de la Transición política española se va deslizando por la senda del autoritarismo, con preocupantes signos de una emersión de actitudes prefascistas. Eso me ha llevado a que, en las redes sociales, alguna persona bien conocida y representativa del espectro asociativo de Murcia me haya advertido de lo inadecuado y peligroso que resulta hacer ese tipo de afirmaciones. Empero, no voy a modificar un ápice mis apreciaciones. Porque, en efecto, varias señales nos indican que, como digo en el título de esta columna, estamos asistiendo a un evidente desmoronamiento del Régimen del 78. Y aunque es difícil, en los límites de un artículo como éste, abordar in extenso esas señales, voy a tratar, sin embargo, de dar unas pinceladas. Empecemos por los límites a la libertad de expresión.

No es de recibo que la Justicia se ensañe con raperos, tuiteros, titiriteros, etc. por, supuestamente, excederse en el ejercicio de la libertad de expresión, mientras asistimos, atónitos, a cómo se inhibe la Fiscalía ante amenazas tan claras del ¿periodista? Federico Jiménez Losantos cuando propugnaba atentar contra intereses alemanes en España o en Baviera en respuesta a la ‘protección’ de que goza Puigdemont por parte de la Justicia alemana. ¿Y qué decir de su última lindeza: bombardear Cataluña? Este nostálgico del Duque de Berwick, de estar ejerciendo en cualquier otro país de nuestro entorno, quizás hubiera dado ya con sus huesos en la cárcel. ¿Y qué decir también de las amenazas de muerte a Manuela Carmena por parte de algunos policías municipales de Madrid? Vistos estos dos claros ejemplos, ¿cómo puede ser calificada de actividad terrorista el corte de una autopista y no estas gravísimas afirmaciones? Está claro que la Justicia española está aquejada de un evidente déficit democrático.

Otro ejemplo de la endeble calidad de nuestro sistema democrático es la descarada e indisimulada manipulación de cualquier noticia por ciertos medios de comunicación. Y en ese menester, Eduardo Inda es un maestro consumado, valiéndose de su panfletario OKDiario. Sabida es su animadversión a todo cuanto huela a Podemos, pero, insatisfecho con los sucesivos ataques a esta formación política utilizando el señuelo de Venezuela, ahora ha traspasado los límites de toda decencia periodística entrometiéndose en la vida privada de Pablo Iglesias e Irene Montero. Inda es, en ese aspecto, un discípulo aventajado de Goebbels. Y ya sabemos a qué nos condujo en Europa la manipulación de la verdad por el nazismo.

Deslicémonos ahora por un tema no menos sangrante: el repudio por el PP y sus cargos públicos de todo cuanto huela a Memoria Histórica. Es sabido que ni en Alemania ni en Italia fue preciso legislar en esa materia, pues, superada por esas sociedades la catarsis por el trauma de lo que supuso su derrota en la II Guerra Mundial, a nadie se le ocurre allí mantener viva la memoria de Hitler y de Mussolini. Pero, en este aspecto, España es también una excepción. El Valle de los Caídos sigue siendo un insulto a los miles de represaliados por el franquismo. La existencia de una Fundación destinada a exaltar la memoria del dictador, también, y además nadie entiende que pueda seguir siendo legal. Los miles de cadáveres en fosas comunes sin exhumar, el nulo reconocimiento al exilio republicano, la no condena del franquismo por las Cortes, la negativa a investigar y condenar los crímenes de lesa humanidad de ese aciago periodo de nuestra Historia, la pervivencia de una Ley de Amnistía, que preserva, ante todo, la impunidad de los criminales franquistas, etc. son hechos que me autorizan a concluir que en España vivimos en un régimen político de bajísima calidad democrática, con una evidente deriva autoritaria.

Y en esta deriva autoritaria una institución aparentemente (sólo aparentemente) neutra, la Corona, tiene mucho que ver. Estoy convencido de que toda la arquitectura de la Transición política se diseñó para preservar los privilegios de cuna y otros muchos de la dinastía borbónica. La Corona se muestra renuente a despojarse de su pasado franquista, lo que es perceptible en muchas de sus manifestaciones. A título de ejemplo, su silencio respecto de la petición por parte de los grupos de izquierda de poner fin a los privilegios hereditarios del Ducado de Franco, establecido por el monarca emérito Juan Carlos I sólo unos días después de la muerte del dictador a favor de su viuda, Carmen Polo, es una muestra de ello. El rey Felipe VI, como sus predecesores, se muestra muy a gusto con la derecha, dispuesto siempre a defender los intereses de las clases dominantes y del partido en el poder. Encumbrado a la jefatura del Estado para salvar a una monarquía que hacía agua también por todas partes, ha dado muestras, además, de parcialidad. Todos recordamos su fuerte alegato contra Cataluña dos días después del referéndum del 1 de octubre.

En ese contexto de apoyo de la monarquía a lo más conservador del espectro político no son de extrañar, pues, los retrocesos democráticos, lacerantes, que estamos viviendo en estos últimos años. Como memorialista me enerva especialmente el nulo desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, que, desde 2012, no tiene consignación presupuestaria alguna. Y en lo que toca a nuestra Región, en días pasados, el PP y sus hasta ahora delfines, Ciudadanos, escenificaron el repudio a esa ley al negarse a tramitar en la Asamblea Regional la Ley de Lugares y Senderos de la Memoria Democrática, de Podemos.

Lo dicho: demasiados indicios nos apuntan a que estamos asistiendo a los últimos coletazos de un régimen que hace aguas por todas partes. Quizás porque la democracia, en el fondo, nunca arraigó del todo en este país.