Italia a las puertas de un proceso de infracción por déficit excesivo
La decisión de la Comisión Europea (CE) de rechazar el proyecto de presupuesto de Italia para 2019, coloca a este país a las puertas del inicio de un procedimiento de penalización por déficit excesivo.
El proyecto prevé una reducción de la relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto de 1,7 por ciento el próximo año, seguido por 1,9 y 1,4 en los dos siguientes.
Para alcanzar esos objetivos, Roma decidió subir al 1,0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) la privatización de inmuebles y otros bienes, por un valor de unos 18 mil millones de euros, con lo cual asegura una mayor reducción de la deuda, aun cuando no se lograra la meta de crecimiento.
En defensa de su política fiscal expansiva, el gobierno expone la necesidad de impulsar el ritmo de crecimiento económico para cerrar la brecha que separa a Italia del resto de los países de la Unión Europea (UE) y, al mismo tiempo, cumplir compromisos relacionados con el desarrollo social.
Tras varias semanas de forcejeo en torno a los indicadores previstos por Roma en su estrategia presupuestaria para el próximo año y el bienio sucesivo, la tensión entre ambas partes llegó a un punto de quiebre cuando el órgano regional publicó su dictamen sobre las propuestas presentadas por los países de la Eurozona.
En cuanto a Italia, la CE precisó que su proyecto confirmó ‘la existencia de un caso particularmente serio de incumplimiento, respecto a la recomendación hecha a este país por el Consejo Europeo el 13 de julio’ último, por lo cual consideró aplicable un procedimiento de infracción por déficit excesivo.
En su argumentación, el órgano regional recordó que la deuda pública italiana ascendió en 2017 a 131,2 por ciento del PIB, la segunda en la Unión Europea, sólo superada por Grecia, y a su vez, una de las más elevadas del mundo, con un promedio per cápita de 37 mil euros por habitante.
Señaló además que, en 2017, Italia egresó 65 mil 500 millones de euros, equivalente al 3,8 por ciento del PIB, sólo por el pago de intereses de la deuda, cuyo monto la priva, además, del espacio fiscal necesario para estabilizar la economía ante repentinas situaciones excepcionales.
El dictamen añadió que el abultado endeudamiento representa también una carga intergeneracional, la cual incidiráen el nivel de vida de las futuras generaciones de italianos.
Finalmente llamó la atención sobre cómo, ‘en ausencia de políticas fiscales prudentes’, el país se expone al deterioro de la confianza de los mercados sobre los títulos soberanos de la deuda, con un impacto negativo tanto en el pago de intereses, ‘como en los gastos generales para financiar la economía real’.
Un límite máximo de 3,0 por ciento del déficit y 60 de la deuda pública, respecto al PIB, son dos de los pilares del PEC sobre los cuales la Comisión Europea mantiene una vigilancia estrecha para garantizar la estabilidad financiera.
En los casos en los cuales la relación entre la deuda y el PIB rebasa el 60 por ciento, se establecen anualmente metas de reducción, con el propósito de alcanzar el nivel deseado en un período determinado.
Las normas prevén dos niveles de penalización, el preventivo, consistente en la aplicación de controles más estrictos, y los procedimientos de infracción, con medidas progresivas, que pueden llegar a una fianza equivalente al 0,2 por ciento del PIB y hasta una multa ascendente al 0,5 por ciento.
Los procedimientos de infracción pueden ser por ‘desviación significativa’ o por ‘déficit excesivo’ y en todos los casos deben ser aprobados por el Consejo Europeo, a propuesta de la Comisión.
A partir de ese momento se abre un período de tres a seis meses durante el cual el país afectado debe realizar los ajustes indicados por el Consejo, integrado por los jefes de Estado o de Gobierno de los países miembros de la Unión Europea, el cual decidirá sobre la continuación del procedimiento de infracción.
En todos los casos, hasta ahora, se realizaron ajustes y compromisos que evitaron llegar hasta el final en la aplicación de las sanciones.
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