Pensamiento crítico. En el ADN del modelo: pinochetismo y violencia en el Chile de hoy

Desde hace más de 100 años el único “enemigo” que ha tenido que enfrentar las fuerzas armadas y de seguridad de Chile es al pueblo. Es conocido que en las pocas ocasiones en que se han visto obligados a desafiar a un contrincante armado, han hecho gala de una cobardía inaudita, generalmente rehuyendo el combate. El propio dictador cuando fue atacado el 7 de septiembre de 1986, utilizó a su pequeño nieto como escudo para protegerse de las balas a pesar de encontrarse resguardado por el blindaje de su vehículo.

Contrasta esta actitud con la “valentía” que las fuerzas armadas y carabineros ha derrochado través de la historia ante el pueblo desarmado, su impronta asesina lo demuestra: Lo Cañas 1891, Santiago 1905, Plaza Colón de Antofagasta 1906, Santa María de Iquique 1907, Punta Arenas 1920, San Gregorio 1921, Marusia y la Coruña 1925, Ranquil 1934, Seguro Obrero 1938, Plaza Bulnes 1946, Población José María Caro de Santiago 1962, El Salvador 1966, Puerto Montt 1969, dictadura cívico militar (1973-1990), represión contra el pueblo mapuche durante 200 años y ahora 2019 en todo el país.

Otro tanto ocurre en Bolivia y en casi toda América Latina cuando tras la Independencia, las fuerzas armadas fueron transformadas en rastrera institución al servicio de la oligarquía. Después de recibir influencia inglesa y alemana para su configuración durante el siglo XIX, las corporaciones armadas devinieron en apéndices de Estados Unidos después de la irrupción de este país como primera potencia mundial en el siglo XX.

Estados Unidos, al aplicar la Doctrina Monroe después de finalizada la segunda guerra mundial, creó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) con lo cual legalizó –bajo su mando- la subordinación de los ejércitos latinoamericanos, conjugando su acción a partir de los enunciados de la doctrina de seguridad nacional que asumió al pueblo como el enemigo a vencer.

La guerra fría culminó, el enemigo comunista “desapareció”, pero el entramado de dominio y represión se mantuvo incólume hasta hoy. Los acontecimientos en Chile y Bolivia son expresión clara de que resulta muy difícil avanzar en la senda de la independencia real y la libertad si no se resuelve el denominado “problema militar”.

En el otro lado, los casos de Cuba primero, y de Nicaragua y Venezuela después, muestran con prístina transparencia lo que ocurre cuando se desarrollan procesos de lucha en los que las fuerzas armadas como parte del pueblo son invaluables valladares de la defensa de la soberanía nacional y la preeminencia de los intereses populares por encima de cualquier otro.

Es sabido también que asumir tal decisión implica una ofensiva de dimensiones superlativas contra los pueblos que resisten, la cual incluye operaciones militares, amenazas, chantaje, intentos de asesinatos de dirigentes, sanciones comerciales, bloqueos económicos y financieros y todo tipo de acciones encaminadas a hacer rendir por cualquier vía a los pueblos que no transigen.

Las circunstancias actuales hacen recordar aquella máxima de Lenin de que “el problema de la revolución es el problema del poder”, así mismo retumba en nuestros oídos esa otra idea que escuchábamos de los que nos antecedieron en las luchas populares: “el Estado es un órgano de dominación de clase y sus principales instrumentos son las fuerzas armadas y el poder judicial”.

Los recientes acontecimientos en Venezuela, Chile y Bolivia son expresión lúcida de que tales paradigmas subsisten en la disputa que las masas oprimidas enfrentan en el camino hacia su liberación. Las fuerzas armadas, una vez más, son el elemento que define en una u otra dirección el avance o retroceso –en términos políticos- de los procesos sociales.

Desde hace algunos años, ante el hecho cierto de que en diferentes países los pueblos han conquistado determinados dominios dentro de la democracia representativa, la oligarquía ha comenzado a responder avasallando esos espacios ocupados e incluso, destruyendo la misma democracia que dijeron defender: por una parte las elecciones dejaron de ser el único instrumento para optar, ahora tan solo con el aval de Estados Unidos cualquier persona logra auto designarse como mandatario de un país, igualmente el acceso de la izquierda al poder puede ser cercenado de tajo a través de la fabricación por parte de la justicia de delitos no comprobados que permiten encarcelar a líderes populares sin argumentación y sin prueba alguna de la comisión de dichos delitos.

Si eso falla se recurre a la instancia superior creada por Estados Unidos en América Latina para organizar golpes de Estado y darles legalidad cuando la potencia del norte así lo requiere. Ese instrumento denominado Organización de Estados Americanos (OEA) es el órgano imperial de fachada para realizar tales actos delictivos, con el lamentable aval por acción u omisión de todos los países miembros que con su presencia dan legitimidad a tales desmanes.

Finalmente, se necesita un operador, ese papel lo han jugado las fuerzas armadas arrastrando tras si a la policía. Sin embargo, en los últimos años esta ecuación se ha venido invirtiendo: ahora son los órganos policiales los que “llevan la batuta” en la acción golpista que los conduce a servir de espada ejecutora de las decisiones imperiales con apoyo castrense. Así fue en el abortado golpe de Estado contra el presidente Correa en septiembre de 2010, así ha sido ahora en Bolivia. De la misma manera, es la policía de carabineros la que está ejerciendo la más brutal represión en la historia reciente de Chile.

Esto tiene una explicación. El devenir del nuevo siglo que trajo la llegada al gobierno de presidentes progresistas, también significó en muchos casos cambios importantes en la correlación de fuerzas a favor de la izquierda en los parlamentos. De esta manera, las disposiciones atingentes a la soberanía nacional, incluyendo instalación de bases militares, formación de las fuerzas armadas e influencia de Estados Unidos en los ejércitos de América Latina y el Caribe que deben ser decididas en el parlamento, comenzaron a ser limitadas por acción de miembros de los poderes legislativos provenientes de partidos populares y progresistas.

Para burlar esos preceptos, Estados Unidos recurrió a establecer una relación directa con gobernantes locales de derecha que si podían aceptar la presencia militar estadounidense tras el ropaje de bases de cooperación en materia de seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada así como colaboración para el enfrentamiento conjunto de las consecuencias de desastres naturales.

De esta manera, se comenzó a observar en nuestra geografía, el incremento de bases militares escondidas bajo el subterfugio de centros de cooperación policial, así mismo se inició una etapa de ejercicios conjuntos de fuerzas policiales y de seguridad con contrapartes norteamericanas, pero que en todos los casos eran organizados y ejecutados por el Comando Sur de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

En el caso de Chile, en 2012, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera se estableció en Fuerte Aguayo en la ciudad de Concón, a unos 135 km. al noroeste de Santiago una instalación militar de Estados Unidos para entrenar fuerzas policiales y militares de Chile y de la región en acciones de “guerra urbana” de conformidad con las doctrinas contrainsurgentes de la Casa Blanca, ejecutadas por la CIA y el Pentágono según informó en junio de 2012 el Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo (CEPRID).

Según la embajada de Estados Unidos la misión de esta base era “ejecutar operaciones de mantención de la paz o de estabilidad civil”, En el mismo artículo, CEPRID explica que “en septiembre de 2011, el Ministerio de Defensa de Chile firmó un acuerdo de cooperación con el general Douglas Frazer, comandante del SOUTHCOM [Comando Sur de las fuerzas armadas de Estados Unidos]. A este efecto “Frazer propuso la creación de `protocolos´ para apoyar a países afectados por desastres naturales, proporcionándoles asistencia militar, pero esa fue una tapadera del verdadero objetivo del Fuerte Aguayo: entrenamiento a las fuerzas policiales y militares para reprimir a las organizaciones populares con el uso de los métodos más sofisticados, modernos y de elevada tecnología”.

De la misma manera, se debe recordar la firma en marzo de 2011 de un acuerdo de cooperación entre el gobierno de Chile y la Agencia Nacional para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA), por el cual se entregaría asistencia y entrenamiento para actuar en escenarios de “emergencia nacional” que conlleven a la instauración de un estado de excepción y la suspensión de garantías constitucionales.

El mencionado artículo expone un certero análisis que visto a la luz de lo ocurrido en el último mes, arroja irrefutable explicación de la brutal violencia desatada por Carabineros desde el 18 de octubre. Citando al periodista Armando Romero, el escrito señala que: “… la participación de Fuerzas Especiales de Carabineros, en el ejercicio anual de los cascos azules de la ONU (Peacekeeping Operations Americas), en el Fuerte Aguayo de Concón [y] la intervención de la Escuela de las Américas (School of the Americas), significa una nueva etapa de penetración en la región que se incrementa con Piñera que permitió la realización del Consejo Militar en este año, en el que tuvo destacada actuación Stephen Johnson, director del Área de Latinoamérica del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de Estados Unidos, notable agencia de la penetración imperial caracterizada por sus labores desestabilizadoras de gobiernos peligrosos´ oindeseables´ para los intereses de Washington”.

Y continúa señalando:”En ese Consejo Militar, el Comandante en Jefe del Ejército de Chile, Juan Miguel Fuente-Alba señaló sin ambages la necesidad de un análisis `relacionado con los eventuales roles que podrían asumir las Fuerzas Armadas y el Ejército en particular, dados los complejos y actuales escenarios que se generan en el ámbito de la seguridad, al momento de preservar los valores, intereses y bienes que la propia sociedad busca cautelar´. En otras palabras, los militares chilenos están y estarán en guerra con los mismos parámetros del fascismo pinochetista”

Esta nota que fue escrita el 12 de junio de 2012 trasluce con claridad meridiana como ya en su primer gobierno, Sebastián Piñera comenzó a preparar a las fuerzas armadas y carabineros para -en alianza con Estados Unidos- reprimir al pueblo en caso de que explotara la olla de presión que significaba la existencia de un sistema caracterizado por la enorme exclusión de la mayoría de los chilenos.

Nadie debe extrañarse ahora de la brutalidad pinochetista de este gobierno, propia de su ADN represivo y sanguinario, al que se han plegado vergonzosamente todos los partidos de derecha estén o no en el gobierno.