Costa Rica.“Es criminal aislar a un país del sistema de protección internacional de derechos humanos”

La próxima presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Elizabeth Odio, advierte, antes de iniciar la entrevista, que debe abstenerse de expresar opiniones políticas. Sin embargo, inevitablemente un repaso por el estallido social en América Latina que reclama acciones de los organismos internacionales, las agendas conservadoras en la región, la dilación de Costa Rica para garantizar algunos derechos humanos y la discriminación hacia las mujeres incluso en la misma conformación de la Corte, se convierte en una charla política.

A sus 80 años, Odio emprenderá el próximo año la tarea de dirigir el tribunal encargado de dictar sentencias sobre las violaciones a los derechos humanos, un órgano al que llegó en el 2016 propuesta por el Gobierno de Luis Guillermo Solís, el mismo que posteriormente hizo a la Corte la consulta que abrió las puertas al matrimonio igualitario.

Odio participó en la elaboración de esa opinión consultiva: “Porque todo lo que tiene que ver con Costa Rica me interesa. Si ahora se hace otra solicitud de opinión consultiva volveré a participar, porque lo que tenga que ver con los derechos en Costa Rica a mí me interesa, obviamente”, dice y aclara que en lo relacionado con demandas contra el país ella sí se abstiene de participar.

La exjueza del Tribunal Internacional para juzgar los crímenes de la antigua Yugoslavia y de la Corte Penal Internacional, quien también ocupó cargos de vicepresidenta y ministra en Costa Rica, habló con UNIVERSIDAD sobre el nuevo reto y el rol que le corresponde a la Corte IDH.

“Cuando yo veo a algunos irresponsables como los que he oído aquí que dicen ‘nos salimos de la Corte’, pero ¿usted sabe lo que significa salirnos de la Corte? Es dejar totalmente sin protección a la gente”.

Para ser un tribunal de derechos humanos, parece paradójico que usted sea la segunda mujer que vaya a ocupar la presidencia de la Corte IDH. Tiene sobrados méritos, pero ¿la eligieron también para compensar esa poca participación femenina?

—Es totalmente paradójico y, sobre todo, supremamente discriminatorio. Y eso no empieza en la Corte, empieza en las decisiones que toman los gobiernos cuando proponen a sus candidatas o candidatos, esa es una decisión de tipo político, que se incuba en el patriarcado que domina en todas nuestras sociedades. De hecho, únicamente cinco mujeres hemos sido juezas de la Corte en 40 años. Eso ha sido una terrible discriminación, una terrible violencia contra las mujeres y contra el principio de igualdad que está consagrado no solo en la Convención Americana, sino en el Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando postula que todos y todas nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos (…)

Yo creo que la decisión que tomó la mayoría de la Corte de elegirme como presidenta responde, en primer lugar, a un deseo muy claro de ir reparando poco a poco una injusticia histórica, una discriminación inaceptable y también me imagino que pesó en el ánimo de ellos una carrera como la mía, que ha sido de muchos años dedicada a los derechos humanos y a la jurisdicción universal de la justicia penal internacional y de los derechos humanos.

¿Qué proyectos quiere realizar desde ese puesto?

—Me interesa muchísimo que aquí adentro se emitan ciertos reglamentos que aún no se han emitido, como el del acoso y violencia sexual, el acoso y violencia laboral, quiero hacer algunos pequeños cambios en relación con la presencia de una persona o un pequeño equipo de apoyo psicológico para las víctimas. Siempre hemos estado hablando de eso y queremos ya ponerlo en práctica, y hacer una serie de esfuerzos para que llevemos a cabo una serie de actividades de tipo académico, para llevar la capacitación a las y los jueces que se ocupan de temas que tienen que ver con derechos humanos, y especialmente notable en lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres.

Estamos viendo en la región gran incidencia de grupos conservadores -incluso religiosos- en política, y Costa Rica no es la excepción. Se ven los derechos humanos como una moneda política. ¿Puede la Corte IDH ser blindada de esto?

—Creo que va a tener un papel muy importante la sociedad civil. La sociedad civil, en mi opinión, tiene que ser un actor muy importante para llevar a los gobiernos la preocupación de quiénes van a ser postulados o postuladas para las candidaturas en la Corte.

Esos temas polarizan a la misma sociedad civil, por ejemplo en las campañas electorales. ¿Le preocupa que llegue a cambiar la visión de la Corte IDH?

—Indudablemente que sí, porque esta Corte tiene 40 años de andadura judicial y en estos 40 años ha hecho unos aportes muy importantes en materia de protección de los derechos humanos, pero también en promoción. Sería realmente muy lamentable que un cambio de configuración de la Corte echara para atrás estos progresos.

¿Qué hacer entonces cuando en campañas políticas se proponen cosas como que nos salgamos de la Corte, que nos salgamos del Sistema Interamericano?

—Yo siempre he dicho que el principal instrumento de un sistema de derechos humanos es educación, para eliminar estereotipos, para conseguir el principio de igualdad y que se haga realidad. Tenemos que empezar desde lo más básico, desde las edades más tempranas, en la educación, y esto se va proyectando en las diferentes esferas de la sociedad.

Los medios de comunicación son cruciales para evitar discriminaciones, para evitar estereotipos, para evitar que el patriarcado se acentúe cada vez más y para evitar que el machismo sea un instrumento de identificación del género masculino, para que haya más bien un cambio en una masculinidad responsable, aunque es tarea de todos y de todas poder conseguir esos cambios.

Yo sí creo obviamente que también los partidos políticos tienen en esto una responsabilidad muy grande. A mí este tipo de discursos como el que usted menciona me parece una irresponsabilidad espantosa, una irresponsabilidad porque eso significa un desconocimiento de unos principios de derecho internacional y de derecho nacional constitucional que vienen acentuándose desde hace muchos años.

Teniendo eso en cuenta y las protestas en distintos países de América Latina, ¿cuál es el rol que le corresponde a la Corte Interamericana?

—Es muy importante entender cómo está constituido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es por dos órganos principales: la Comisión de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión fue establecida en la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1945. Es un órgano muy importante porque es a la que le corresponde ir a los países en donde están ocurriendo violaciones graves de derechos humanos, levantar informes y proponer medidas, que además se complementa con la facultad que tiene de dictar medidas cautelares para proteger in situ y directamente los derechos fundamentales de las personas que se ven amenazados por este tipo de violaciones, como las que han ocurrido últimamente en el continente. La Comisión además recibe las denuncias, las investiga y prepara los casos que vienen a la Corte.

La Corte no puede intervenir bajo ninguna circunstancia en problemas de violaciones o disturbios como los que han estado ocurriendo en nuestra región, la Corte tiene a su cargo el conocer las denuncias que envía la Comisión, conoce los casos, los examina, los estudia y si considera que hubo una violación de los Estados, dicta una sentencia y el capítulo de reparaciones.

La Corte de ninguna manera puede motu proprio intervenir. Si la Comisión le pide en un momento determinado que dicte medidas provisionales, como nos pasó con Nicaragua a raíz del encarcelamiento de una serie de manifestantes, entonces la Corte dicta medidas provisionales orientadas a la protección directa de los derechos fundamentales de víctimas o presuntas víctimas, pero solamente en esas circunstancias.

Cuando en esta actual Asamblea Legislativa se votó en contra de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se enseñara en los colegios, a mí me dio vergüenza universal”.

¿Cree que el sistema reacciona con la inmediatez que reclama la ciudadanía?

—Estamos asistiendo a una época en que la sociedad civil, yo diría que en un 90%, ha reaccionado de una manera pacífica pero muy contundente contra lo que en estas sociedades se consideran injusticias sociales muy fuertes que han venido acentuando diferencias sociales, que han venido limitando derechos, sobre todo derechos sociales, económicos y culturales, que han sido los más afectados con ciertas políticas públicas que no responden a satisfacer esas necesidades. Ahí hay una reacción de las sociedades civiles en este campo.

El Sistema Interamericano, sobre todo voy directamente a la Comisión, reacciona tal vez no con la inmediatez, pero es que tampoco está previsto para eso. Entonces tal vez valdría la pena hacer alguna revisión de nuevos mecanismos que podrían atender esas reacciones sociales y que los estudios que se hagan, que las recomendaciones que se hagan y los informes que se hagan funciones más rápidamente de lo que han venido funcionando hasta ahora.

Cuando uno ve que países como Venezuela dicen “me salgo de la Corte” (en el 2012), ¿qué dice esto del sistema? Hay países que ya no le dan valor.

—Volvemos un poco a lo que decíamos antes, se necesitan varias acciones en la sociedad, que haya reclamos contra esas decisiones políticas, que haya una fuerte difusión de qué significa para un país quedarse aislado, qué significa para la gente, porque ahí está el punto clave, quedarse sin ninguna protección internacional.

Eso es muy serio, eso es muy grave. Sacar los derechos fundamentales de las personas del área de protección regional e internacional, ¿y quién nos va a ayudar?, ¿quién nos va a apoyar, ¿quién nos va a proteger?, ¿cómo van a reclamar ante las acciones indebidas de los Estados?

Es muy grave y es muy importante que lo sepa la sociedad civil. Cuando yo veo a algunos irresponsables como los que he oído aquí que dicen “nos salimos de la Corte”, pero ¿usted sabe lo que significa salirnos de la Corte? Es dejar totalmente sin protección a la gente. Toda esta labor que la Corte hace, que ha hecho por 40 años y que incide en las legislaciones internas de los países y que hace que los jueces de estos países conozcan la jurisdicción regional, se queda sin ninguna base. Es muy serio, es muy grave, aislar a un país y a una gente del sistema de protección internacional (de derechos humanos) es criminal.

En Costa Rica está por entrar en vigencia el matrimonio igualitario a raíz de la opinión consultiva de la Corte IDH y se espera que el Presidente firme una norma para el aborto terapéutico. En el matrimonio igualitario la Sala Constitucional dio un plazo para cambiar la legislación pero no se hizo. ¿No somos tan progresistas como a veces queremos parecer ante el resto del mundo?

—A mí me parece que la nuestra es una sociedad que mezcla diferentes tipos de elementos. En algunas partes somos muy progresistas, en otras no tanto, es un país muy curioso porque aquí han ocurrido cosas como la abolición del ejército, se reconoció el derecho de las mujeres a votar, se nacionalizó la banca, se nacionalizaron las fuentes de producción de energía. Pero hay un momento en que en esos movimientos pendulares de la historia se vuelve un poco para atrás y hemos visto retrocesos.

Por ejemplo, cuando en esta actual Asamblea Legislativa se votó en contra de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se enseñara en los colegios, a mí me dio vergüenza universal. La Declaración es un pilar fundamental del derecho internacional, de los derechos humanos, de la igualdad en dignidad y lo que se aprende cuando se estudia es eso. Entonces, sí hay en nuestro país corrientes que van, yo diría, a contrapelo de la historia, que quieren caminar para atrás, como el cangrejo. Yo espero que esos algún día reflexionen y reconozcan que en esta materia no podemos retroceder.

En el Código Penal de Costa Rica, hace prácticamente 50 años, se despenalizó el aborto, o mejor dicho la interrupción del embarazo cuando hay circunstancias que ponen en peligro la vida de la madre o que el feto sea inviable. No es propiamente un aborto, es una despenalización de la interrupción del embarazo que está asentada en criterios médicos y en los derechos de la mujer a no morirse. Los fetos están normalmente muertos. Ya lo que ha pasado, por ejemplo con una señora que planteó una denuncia contra el Gobierno de Costa Rica, es que la hicieran llevar a término un embarazo que era totalmente inviable. Eso es violencia de la peor clase contra la salud física y emocional de una mujer, entonces la famosa norma técnica es eso, yo no veo cual es el problema de que la firme el Presidente.

Fuente: Semanario Universidad