Ante las votaciones en el Congreso del 22 de enero de 2025

Las y los pensionistas asistimos desconcertados y encolerizados, ayer miércoles 22 de enero de 2025, al comportamiento de los grupos y partidos políticos en el Parlamento del Estado. Se presentaron tres Decretos Ley para su discusión y aprobación, muy importantes para toda la ciudadanía y en particular, el Real Decreto-ley 9/2024, también conocido como ley ómnibus, rechazado por los votos en contra del Partido Popular, Vox y Junts, con 171 a favor, 177 votos en contra y 1 abstención. Las medidas que decaen con el rechazo de este decreto son entre otras:

• La moratoria de desahucios y de cortes de suministros para familias vulnerables del escudo social.
• Los descuentos en el transporte y en el bono social eléctrico.
• La revalorización de las pensiones contributivas.
• El aumento de las pensiones no contributivas y mínimas.
• Niega la subida del salario mínimo.
• Las ayudas a los damnificados por la Dana y el volcán de La Palma.

El Decreto Ley 10/2024, para el establecimiento de un gravamen temporal energético durante el 2025, también fue rechazado por el PP, Vox, Junts, el PNV y UPN que han sumado sus votos, con 165 a favor, 183 votos en contra y 1 abstención.

La votación de este miércoles en el Congreso sobre pensiones, Decreto ley 11/2024, del 23 de diciembre, choca con el relato de un PSOE que lidera un gobierno progresista enfrentado a un PP retrógrado, trumpista y neoliberal: ambos partidos con el apoyo de Sumar, PNV, ERC, Coalición Canaria y UPN, con 298 a favor, 51 votos en contra y 0 abstención, hicieron posible la aprobación de una reforma del sistema público de pensiones para permitir que se pueda ampliar voluntariamente la edad de jubilación hasta los 72 años.

Esta situación, ataca directamente a las clases más desfavorecidas del Estado Español, abocándolas a la exclusión social y la pobreza, y protegiendo las ganancias desmedidas de las grandes eléctricas. Esta es la muestra de las políticas de tierra quemada que practican las derechas ultranacionalistas.

Por todo ello, COESPE junto con la Unidad de Acción de Movimiento Pensionista emplazamos al gobierno y al Parlamento a corregir esta situación antes del 20 febrero (momento en que se cerraran las nóminas de las pensiones de marzo), llamando a la movilización a pensionistas, estudiantes, trabajadoras/es y ciudadanía en general, con acciones de todo tipo de manera inmediata, convergiendo el sábado 22 febrero en todo el Estado, en defensa de los derechos públicos anulados.

“Gobierne quien gobierne los servicios públicos, los derechos y las pensiones públicas se defienden”

Comisión de Comunicación de la  Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE).

23 de enero de 2025.