No, Naciones Unidas nunca ha relajado su exigencia de un referéndum en el Sahara Occidental

La sorprendente decisión del ejecutivo de Pedro Sánchez de cambiar la posición de España respecto al conflicto del Sahara Occidental no deja de generar quebraderos de cabeza al Gobierno (pocos me parecen).

En el ámbito político interior, el giro promarroquí se ha encontrado con la respuesta en bloque de todas las fuerzas políticas, desde el nuevo líder de facto y de iure del PP Alberto Núñez Feijóo, que ha denunciado la voladura de «consensos ampliamente establecidos en la política española», hasta sus socios de gobierno de Unidas Podemos. En el ámbito económico, Argelia ya ha amenzado abiertamente con encarecer de forma drástica el precio de los hidrocarburos, tan necesarios en la actual coyuntura. ¿Quién podría haberse imaginado que algo así sucedería? En cuanto a la política exterior, el legislativo estadounidense ha dejado a España sola (toma paradigma Kissinger, Pedro) negando el reconocimiento de cualquier soberanía de Marruecos sobre los Territorios Ocupados del Sahara, mientras la cuestión ha vuelto a la primera línea de la política global con China implicándose.

Es muy posible que el cálculo del presidente del Gobierno y su ministro de Exteriores José Manuel Albares, fuese que la cuestión pasase sin trascendencia ni relevancia, mientras se explotaba la imagen de grandes estadistas internacionales por alcanzar «una nueva etapa en las relaciones con Marruecos» (pero, ¿¡en qué cabeza cabe!?). No lo sabemos, porque, por el momento, la respuesta del ejecutivo ha sido intentar esquivar sistemáticamente la cuestión de debates, ruedas de prensa, entrevistas y canutazos. Tendremos que esperar hasta el 30 de marzo para que el ejecutivo, por boca de su portavoz Isabel Rodríguez, de alguna clase de explicación o justificación en el Congreso.

De momento, tan solo podemos contar con los argumentarios y justificaciones de figuras externas como Zapatero, Felipe González o Borrell; líderes de opinión, figuras de la televisión, y entorno mediático afín en general. Y son de lo más variopintos: anteponer las relaciones con el vecino a la cuestión saharaui, el cínico e hipócrita argumento de la «solución realista» o, incluso, la necesidad de garantizar la integridad territorial de España (¿¡de dónde ha salido esta gente!?).

Dentro de esta compilación de indignidades intelectuales, destaca el argumento que pretende exponer que, ante el enquistamiento del conflicto durante décadas y la imposibilidad de aplicar el Plan de Arreglo de 1991 (que imponía la celebración de un referéndum vinculante para esclarecer a quién corresponde la soberanía del Sahara Occidental), las Naciones Unidas habrían ido matizando su posición sobre la autodeterminación del Sahara Occidental y la celebración de un referéndum . Un argumento esgrimido por el propio ministro Albares, que ha sido secundado por «informes» y artículos en medios como El Periódico o la plataforma de fact-checking (¡JA!) Newtral, que se atreven a afirmar que desde 2007 el referéndum ya no se marca como el objetivo y las resoluciones tan solo se exhortan a una solución negociada. Y que en los últimos años «se limita» a instar a una solución realista, precisamente la expresión reiterada de forma machacona por el ejecutivo. «Realista».

A todas luces, la idea es intentar transmitir que el Gobierno no contradice las resoluciones de la ONU ni supone un incumplimiento completo de sus responsabilidades internacionales como ex metrópoli, porque las propias Naciones Unidas estarían abiertas a una solución que no pasase por la celebración de un referéndum y el cumplimiento del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

Pero veamos lo que dice realmente la ONU.

La Asamblea General de la ONU realiza cada año una resolución sobre la cuestión del Sáhara Occidental. Ante un conflicto prolongado desde hace 47 años y aparentemente enquistado desde hace 31, la Asamblea General de Naciones Unidas tiene un momento de recuerdo puntualmente todos los meses de diciembre. Todas estas resoluciones, todas, incluída la del diciembre de 2021 comienzan refiriéndose al derecho inalienable de todos los pueblos a la libre determinación, así como a la Resolución 690 del 6 de noviembre de 1991 que establecía la obligatoriedad de la celebración de un referéndum según la hoja de ruta del Plan de Arreglo.

Este Plan de Arreglo, que sirvió para establecer un alto el fuego de los combates entre el ejército marroquí y el Frente Polisario tras más de una década y media de conflicto bélico, establecía la obligatoriedad de celebrar un referéndum para que el pueblo saharaui decidiese de forma soberana su futuro.

Los sucesivos enviados especiales han penado con distintos planes para aplicar esta solución sin ningún éxito. En el año 2000, el entonces enviado especial James Baker propuso un plan (Plan Baker) que aspiraba a resolver la situación mediante un referéndum con tres opciones: la independencia, la autonomía dentro de Marruecos, o la integración total en Marruecos. Pero Rabat impidió, una vez más, su celebración. En agosto de 2006, el entonces representante especial del secretario general para el Sáhara Occidental, Francesco Bastagli, llegó a dimitir en protesta por las maniobras políticas de Rabat para sabotear los mandatos de Naciones Unidas.

En el año 2007, y ante la propuesta de Marruecos destinada a establecer unilateralmente una autonomía en el Sahara asumiento completamente la soberanía sobre los Territorios Ocupados (esencialmente la posición que ahora ha pasado a defender España), el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se vió obligado a rebobinar e insistir, con su Resolución 1754, en la obligatoria libre autodeterminación del pueblo saharaui de acuerdo a los principios establecidos en la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a Países y Pueblos Coloniales.

Esta resolución es el instrumento agitado por esos medios y voces para tratar de argumentar que la ONU ha matizado su exigencia de un referéndum. Pero es una instrumentalización a mala fe, porque omite que la propia Resolución 1754 de 2007 se basa, reitera e incide en la Resolución 690, conteniendo de manera implícita la obligatoriedad de atender a la decisión libremente expresada por el pueblo saharaui.

Lo cierto es, hay que admitir, que la estrategia de Marruecos ha dado algunos frutos y en el seno de Naciones Unidas, ha cundido la desmotivación. En 2008 el entonces enviado especial Peter van Walsum se negó a desarrollar un nuevo plan que sustituyese al malogrado Plan Baker, sosteniendo que sin el acuerdo de Marruecos era imposible obtener una solución al conflicto, abandonando a renglón seguido su puesto.

Sin embargo, la posición no ha variado ni un ápice. Y es que, sencillamente, no puede variar, porque para cumplir la legalidad internacional vigente, la solución tiene que amoldarse a los principios recogidos en la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales. Unos principios que la asunción unilateral de la soberanía de los territorios ocupados por parte de la potencia invasora incumple frontalmente. Y esa apropiación de la soberanía es el punto de partida necesario para la propuesta de Marruecos. Su «tercera vía» que ahora asume como propuesta legítima España.

La celebración de un referéndum, la disposición de mecanismos con garantías internacionales para que el pueblo saharaui exprese libremente su voluntad, su determinación, es una cuestión sine qua non para dar obtener una salida al conflicto. Una tarea pendiente para la cual la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) continúa siendo renovada en sus funciones año tras año.

Aunque los sucesivos planes específicos hayan fracasado, la posición de Naciones Unidas no puede variar, por muchas gimnasias mentales y argumentales que presente Abalos y sus defensores. Le guste o no, ninguna solución que no respete la libre autodeterminación del pueblo saharaui podrá estar de acuerdo con la legalidad internacional vigente y los principios rectores de Naciones Unidas.