Venezuela: La Guerra Económica y la Asamblea Constituyente Nacional. Para qué sirve un Estado soberano sin una Economía soberana…

La perspectiva de una asamblea constituyente nacional ofrece una oportunidad propicia para avaluar y blindar los avances ya logrados en la reclamación de la soberanía del país, y consolidar las provisiones constitucionales relacionadas con este propósito. Un aspecto de particular importancia es el económico: como queda claro desde la elección de diciembre 2015, sin protección constitucional los éxitos logrados en cuanto a la recuperación y consolidación de sectores estratégicos de la economía y el desarrollo de proyectos y programas sociales se encuentran muy vulnerables frente a la posible adopción de políticas neoliberales por el gobierno de turno. Los análisis de James Petras (2016) y Michel Chossudovsky (2016) proporcionan una perspectiva clara de que pasará en Venezuela si las fuerzas leales al país y el pueblo venezolano perdieran las ramas legislativas y ejecutivas a las fuerzas leales a los amos de Washington DC y Wall Street (véase también “México: La muerte de Pemex”, de Ruptura Colectiva).

Australia: Perdida la guerra económica, sin que nadie se dio cuenta

Otro ejemplo es Australia, donde la privatización del Estado y la comercialización de servicios esenciales han sucedido a través de etapas incrementales aunque sistemáticas, resultando en la usurpación de muchos de los sectores más importante tanto de la economía como de la infraestructura y los servicios esenciales. La historia reciente de la estructura de la economía demuestra como los gobiernos de turno al nivel nacional, actuando como una suerte de ‘Frente Nacional’ (una alianza entre los dos partidos políticos en Colombia desde 1958 hasta 1974), se han entregado empresas y sectores estratégicas a un grupo de tres conglomerados financieros con domicilio en Londres y Nueva York (procesos similares han sucedido en los seis estados de la federación).

A lo largo del siglo XX el Estado se encargó de la planificación, construcción, operación y mantenimiento de la gran mayoría de las obras de infraestructura y la provisión de servicios esenciales – transporte, vías, puertos, aeropuertos, la producción y distribución de electricidad, telecomunicaciones, el tratamiento y el suministro de agua, la salud, la educación, etc. También tenía un rol estratégico e impulsador en el desarrollo económico, industrial y agrícola. Tanto el gobierno nacional como los gobiernos de los seis estados crearon una multitud de autoridades y empresas estatales de todo tipo para participar en un amplio rango de industrias y mercados. Con el paso de tiempo lograron establecer una base sólida de infraestructura, capacidad industrial y tecnológica y desarrollo económico, con un balance bastante eficaz y razonable entre la participación y control del Estado y el rol del sector privado en la economía.

Establecieron una diversa y adelantada capacidad de investigación y desarrollo científico y tecnológico al nivel nacional, principalmente a través de la entidad CSIRO (entre otros), complementada por las universidades públicas y un amplio rango de entidades e institutos creados por los gobiernos de los estados. Entre 1972 y 1975 el gobierno nacional (bajo el liderazgo del primer ministro Gough Whitlam) intentó fortalecer el rol del Estado en sectores estratégicos, particularmente la explotación de recursos naturales y la planificación económica y social en distintas regiones del país, sin embargo el gobierno fue derrocado por un golpe de estado (un proyecto conjunto del Establishment del Reino Unido y EEUU). Desde principios de los años de 1980 los gobiernos de turno han privatizado y comercializado cada vez más de la infraestructura y la provisión de servicios esenciales, y privatizado la mayoría de las empresas y negocios estatales. Al nivel nacional comenzó con la privatización de la línea aérea nacional (Qantas) y el banco nacional (Commonwealth Bank). Otra venta importante fue la empresa nacional de telecomunicaciones (Telstra), otra vez una empresa bien manejada que cumplió sus funciones estratégicas, económicas y sociales exitosamente por la mayor parte.

Ahora cada una de estas empresas se encuentra bajo el control de tres “inversionistas” extranjeras (HSBC, JP Morgan y Citicorp), las cuales han tomado control de una gran parte de la bolsa de valores principal y los cuatro bancos más grandes del país (“the big 4”, ANZ, National Australia Bank, Westpac y Commonwealth). Como nota la página de la bolsa de valores (Australian Stock Exchange – ASX): “El sector financiero contiene cuatro de las cinco empresas más grandes y constituye 46% del mercado [Commonwealth Bank 16%, Westpac 12%, ANZ 10%, National Australia Bank 9.5%].” Las tres gigantes HSBC, JP Morgan y Citicorp tienen control sobre tres de ellos, y una parte significante del otro (al menos aproximadamente 40% de las acciones de Commonwealth Bank, 8% de Westpac, 49% de ANZ y 40% de National Australia Bank).

Más, poseen al menos 45% de Telstra, hasta 74% de Qantas, y 52% de las acciones de la misma bolsa (ASX). Lo mejor de todo (para los dueños de estas ‘inversionistas institucionales’, sean quienes sean – las estructuras de posesión y control son muy complejas y entrelazados entre un grupo privilegiado de gigantes financieros de todo tipo, muchos de los cuales no están obligados a publicar informes detallados sobre sus estructuras de posesión y control) es que generalmente se han comprado este control económico con el dinero de otras personas y organizaciones.

La economía y la Constitución

Para impedir la privatización y comercialización de empresas y proyectos estatales y sociales, hace falta protegerlos en la Constitución en los términos más fuertes posible. Por eso, toca buscar la mejor manera de incorporarlos en la Constitución y elaborar garantías para destacar la importancia de la soberanía económica, fortalecer el control del Estado sobre la elaboración de infraestructura estratégica, la provisión de servicios esenciales, y el manejo de recursos y sectores económicos estratégicos, y prohibir la privatización de estos sectores y actividades sin la convocación de un referéndum dirigido a ese asunto específicamente.

Hay muchos aspectos económicos que podrían incluirse en la Constitución, aunque no es el propósito de este artículo un análisis detenido de este asunto debido a limitaciones de espacio. No obstante, vale hacer algunos comentarios preliminares al respeto (desde luego, solamente un proceso riguroso y abierto sería capaz de elaborar las medidas más adecuadas para responder a las particularidades del país). En términos generales, podrían esclarecer y profundizar las prioridades y estrategias de corto, mediano y largo plazo para enfocar e impulsar el desarrollo social y económico. Esto podría incluir leyes y medidas específicas dirigidas a sectores y proyectos y los roles y responsabilidades del gobierno nacional, los estados, los municipios, y comunas y colectivos respetivamente. También haría falta elaborar provisiones relacionadas con la gestión y la contabilidad de tales organizaciones (por ejemplo, la participación de los trabajadores en la gestión de ellas), y medidas claras para impedir la corrupción y el nepotismo lo más posible.

Otro asunto clave es que, como nota Stansfield Smith (2016), todavía las empresas estatales y organizaciones comunales y colectivas constituyen una parte muy pequeña de la economía. Por eso, no importa que tan perfectas sean estas organizaciones y empresas comunitarias, colectivas y estatales si solo constituyen unos 2-3% (digamos) de la economía. Tarde o temprano, toca enfrentar de manera directa y estratégica los grandes monopolios de los sectores más lucrativos y fundamentales para garantizar la soberanía y capacidad económica e industrial del país (las industrias alimentarias, cerveza, telecomunicaciones, etc.).

Más, podría aumentar la conciencia del pueblo una campaña educativa sobre los efectos nocivos de los imperios corporativos gringos (Coca Cola, Nestlé, McDonalds, cigarrillos – Imperial Tobacco, Paul Morris, etc.), buscar reemplazarlos con productos saludables producidos en las economías locales y regionales hasta que sea posible, e impedir el camino libre de tales transnacionales y asociaciones anónimas de todo tipo al despojo de la economía y la opresión de los trabajadores (véase por ejemplo Sinaltrainal, 2015). Con el paso de tiempo, tales estrategias podrían proporcionar elementos fundamentales para la industrialización sistemática del país, en el mejor caso como parte de la liberación e integración de las economías de Latinoamérica.

Bibliografía Selectiva

Daniel Edgar, 2017, “Los mecanismos de control y contabilidad del Estado y el sistema de gobierno: un análisis comparativo de Colombia y Australia”, disponible en https://independent.academia.edu/DanielEdgar

James Petras, 2016, “Washington’s ‘New Managers’ in Latin America: Oligarchs, Bankers and Swindlers”, 08/07/2016, Global Research

Michel Chossudovsky, 2016, “Wall Street Behind Brazil Coup d’Etat”, 01/06/2016, Global Research

Ruptura Colectiva, 2017, “México: La muerte de Pemex, el gasolinazo y la crisis económica que se aproxima”, 12/01/2017, Ruptura Colectiva

Ryan Mallett-Outtrim, 2016, “Revolutionise or Compromise?”, 20/12/2016, Venezuela Analysis

Sinaltrainal, 2015, Luciano Vive, Sinaltrainal, Bogotá

Stansfield Smith, 2016, “Venezuela’s Communal Movement”, Counterpunch, 30/12/2016

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/05/22/venezuela-la-guerra-economica-y-la-asamblea-constituyente-nacional-para-que-sirve-un-estado-soberano-sin-una-economia-soberana/