No al golpe de estado de los jueces. “Las togas” no son el poder legislativo

Ante el acuerdo del Tribunal Constitucional que niega e imposibilita las funciones legislativas de las Cortes españolas, que vulnera y no respeta la Constitución española, la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), hace un llamamiento a todas las organizaciones y movimientos ciudadanos a manifestar su rechazo de lo que consideramos un auténtico golpe de estado por parte de los sectores más reaccionarios, que no quieren aceptar que la soberanía reside en el pueblo español, que se manifiesta a través de sus representantes elegidos democráticamente.

Es un insulto a la inteligencia e indignante que un grupo de magistrados del Tribunal Constitucional, recusados y caducados, incumplan la Constitución y no respeten el poder legislativo. Desde hace años, la falta de imparcialidad y el servilismo de los magistrados nombrados por las derechas, afectados por recusaciones y agotamiento de sus mandatos, invalida cualquier acuerdo. El Tribunal Constitucional formado por 11 magistrados se impone a las Cámaras Legislativas. El choque entre poderes está servido. El poder político queda sometido por el poder judicial hoy en manos de la derecha y ultraderecha de este país.

Que un Tribunal Constitucional, al que se le presupone garante de la Constitución, no cumpla con su cometido de exigir y permitir la renovación del CGPJ y, por tanto, su propia renovación, que al mismo tiempo que no respeta la separación de poderes y paralice un procedimiento legislativo, es lo suficientemente grave para que desde la ciudadanía salgamos de nuestro asombro y defendamos una democracia participativa. Consideramos que la decisión adoptada es nula de pleno derecho, ya que el Tribunal Constitucional no tiene competencias para pronunciarse sobre un procedimiento legislativo inconcluso. Eso se llama golpe de estado.

No es un hecho causal y aislado. Este comportamiento antidemocrático que se está extendiendo en el conjunto de los estados sometidos a la globalización neoliberal, que en todas partes intenta acabar con la soberanía popular y la democracia, en

beneficio de las élites económicas internacionales, que imponen recortes y privatizaciones de los derechos públicos a la vez que acentúan la represión contra los movimientos populares, la libertad de expresión y la de manifestación. Lo que ahora ocurre en España es un caso más del lawfare que ante el auge de la contestación social y de la desigualdad viene desarrollándose desde hace años en países de América Latina como Ecuador, Brasil Argentina y ahora Perú. Se trata de procesos en que desde el poder judicial se vacía el poder de los parlamentos y reduce la democracia formal a votaciones cada cuatro años, con sistemas electorales que benefician a los partidos con más recursos económicos y de comunicación, sustentados por el poder económico.

El momento elegido para dar este golpe, no es ajeno a la situación que vivimos. Que se frene los aspectos de la reforma del Código Penal que afectan al debate político del país, pero que en cambio se permitan las que endurecen la represión del movimiento social, no es ajeno a los tiempos que vivimos. Se dan en un entorno en que se recortan derechos, se reducen las políticas sociales por exigencia de la Comisión Europa y nos hallamos inmersos en una guerra y un gasto militar que no hemos decidido en ningún debate electoral la ciudadanía. La amenaza sobre nuestros salarios, pensiones, derechos laborales, desigualdades de género y la exclusión social, son evidentes para quien quiera verlo.

Es necesaria una respuesta social para defender la capacidad legislativa de las Cortes Generales y la separación de poderes, cosa básica en todo sistema democrático. No bastan las declaraciones formales, es necesario dar la palabra la gente. Por ello, hacemos un llamamiento a toda la población a rechazar la conducta ilegítima por parte del Tribunal Constitucional. Denunciemos y manifestemos nuestro descontento, para exigir que se restituya a las Cámaras Parlamentarias su poder legislativo, movilizándonos para denunciar este golpe de estado jurídico.

23 de diciembre de 2022