Honduras. Diez años del golpe de Estado: “Los bancos han sido los más beneficiados” (II)

Se cumple una década del Golpe de Estado en Honduras, y conmemoramos este hecho definitivo para los pueblos del país centroamericano y toda Nuestra América. En la primera parte de esta entrevista explicamos lo que generó este golpe a la democracia, los responsables y las transformaciones más evidentes. Para esta segunda parte, Camilo Bermúdez nos ubicó el rol del gobierno de los Estados Unidos y de instituciones como el Fondo Monetario Nacional FMI, y el cambio del movimiento social con estas condiciones.

Colombia Informa: ¿Qué papel jugó la comunidad internacional en el golpe de Estado y en la continuación de la dictadura hasta hoy?

Camilo Bermúdez: Honduras ha sido históricamente un país subyugado por el control de los Estados Unidos -EEUU-, ha sido denunciado por mucha gente incluyendo a Berta Cáceres, como un país que sirve de experimento en cuanto a políticas y estrategias de control social que luego son utilizadas en otros países de la región. Un nuevo tipo de golpe de Estado se abrió en Honduras, los golpes desde el Poder legislativo. O sea no fueron los militares que dijeron “vamos a tomar el poder mientras cambia el Presidente” sino que se dio dentro del poder legislativo. Y luego fue ese mismo golpe de Estado que le dieron a Dilma [Rousseff], fue lo que se hizo en Paraguay, se intentó hacer en Ecuador y se intenta en Venezuela. El papel de Honduras dentro de la geopolítica siempre ha sido de experimentación, un espacio de control militar para hacer una avanzada contra los procesos progresistas de América Latina.

El hegemón aquí son los EEUU y ellos respaldan todas esas políticas de privatización, despojo, control, militarización, de control de la empresa privada, apertura de la inversión extranjera en detrimento de las políticas sociales; toda las violaciones de derechos humanos, el tema de masacres, violencia, persecución política contra el movimiento social, opositores políticos, los asesinatos de defensores de la tierra, los territorios; y todo esto la comunidad internacional menoscaba. No importa que sea un gobierno dictatorial porque si es un Gobierno que sirve a los intereses de EEUU no hay problema. Vemos esa contradicción con todo el tema de la política de seguridad y antidrogas que Honduras está implementando; el Presidente, su familia, ministros, y personas muy cercanas están vinculadas o han sido señaladas de vinculación con el narcotráfico pero no son procesadas porque sirven a los intereses del gobierno de los EEUU.

Los Gobiernos de la Unión Europea -UE- tienen cierta influencia en Honduras porque invierten y tienen programas de financiamiento en el país, ellos siguen la guía del gobierno de EEUU y lo que hacen es tratar de paliar con programas asistencialistas. Pero mantienen un respaldo irrestricto con el Gobierno de Honduras, por ejemplo con el fraude electoral de noviembre del año 2017, que desencadenó toda la violencia, inestabilidad e ingobernabilidad que se vive y la UE respalda. Incluso la Organización de Estados Americanos -OEA-, que no es un organismo independiente, declaró que debían repetirse las elecciones en las que ganó el actual Presidente Juan Orlando Hernández.

C.I.: ¿Y las instituciones internacionales?

C.B.: Creo que es un tema interesante que no se ha tocado mucho en Honduras. Después del golpe de Estado el país se ha endeudado, impresionantemente con instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, el Fondo Monetario Internacional -FMI-, el Banco Mundial -BM- y otras instituciones privadas como el Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-. Todas estas instituciones han sido beneficiadas del golpe de Estado. Los bancos nacionales e internacionales son el sector que más beneficios ha tenido en el incremento de su poderío, de su capital económico.

Honduras es un país muy pequeño. Sin embargo hay más de 300 concesiones para proyectos hidroeléctricos, cerca de 100 concesiones para proyectos mineros, la tercera parte de la costa litoral del mar caribe hondureño está concesionada y aprobada para la explotación del petróleo, están las zonas especiales de desarrollo económico -ZEDES- en la zona sur y norte, proyectos turísticos, hoteleros, proyectos de puertos; proyectos de todo tipo que la mayoría sirven para la generación de energía, y otros para infraestructura. Dentro de este panorama, la Banca internacional invierte y todas las concesiones se aprueban, es un Gobierno supremamente corrupto, todas esas concesiones se dan y el Gobierno paga los préstamos; no importa si se desarrollan o no los proyectos.

Hay dos ejemplos claros. El BID le dio al país un préstamo de miles de millones de lempiras para la construcción de un proyecto de transporte público, similar al de Transmilenio en Bogotá, Colombia; buses articulados en unas vías de carril exclusivo. Ese proyecto ha sido financiado dos veces, en el primer gobierno de Hernández y ahora en el segundo, y no ha comenzado, no está ejecutado; nunca se puso en operación, hay unos grandes monumentos a la corrupción, estaciones que hay en Tegucigalpa que no funcionan porque todo el dinero de esos proyectos fue robado. Y, por otro lado, el FMI le hizo un préstamo a la empresa DESA de 15 millones de dólares para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Sin embargo nunca hubo una revisión de los problemas sociales, o políticos respecto de esa inversión, como el asesinato de la lideresa social Berta Cáceres. Simplemente el FMI vio la capacidad de devolución del dinero.

C.I.: Nos has explicado cómo el campo popular se ha transformado luego del golpe de Estado. ¿Qué pasó con el movimiento social?

C:B.: Después de todo esto y con la reestructuración en cabeza de la oligarquía hondureña, el movimiento social ha tenido una serie de puntos de inflexión. El golpe de Estado fue un momento de despertar del movimiento social; antes había movimiento pero la política nacional estaba coordinada desde otros espacios. El golpe de Estado es un momento de exacerbación, todo el pueblo sale a movilizaciones gigantescas todos los días durante muchos meses posteriores. Hubo un despertar del movimiento social, una coalición de organizaciones sociales y de otros procesos barriales, comunitarios, indígenas, de mujeres, negritudes, disidencias sexuales, partidos políticos; gente que se agrupó en contra del golpe de Estado.

El golpe después fue legalizado, una discusión muy importante en la que el Copinh y el movimiento Frente Nacional de Resistencia Popular estuvieron y resistieron. Luego hubo un debate, si los movimientos iban a continuar como estaban o entrarían en una lógica de partido político. Al final se impuso esta visión de convertirse en partido político y ahí es que se funda en el año 2011 el partido LIBRE, que rompe con el movimiento más popular que no cree tanto en las elecciones sino que piensa que es necesario para Honduras un proceso de refundación.

En ese momento de ruptura se participó en las elecciones, donde hubo una gran movilización pero el resultado, la derrota fue denunciado como un fraude electoral. Ha sido una constante después del golpe de Estado la división del movimiento social; sus líderes han sido asesinados, sus territorios han sido vendidos, todas las políticas sociales han sido desmontadas. Con la participación en las elecciones se ha dado un punto de inflexión, el proceso electoral ha sido relevante pero que no se convirtió en debate político nacional para el movimiento social sino en una participación puntual.

Luego en el 2015 se empezó a dar un movimiento de lucha en contra de la corrupción que se visibilizó en el año 2015 con el movimiento de antorchas de los ‘Indignados’. Fue un movimiento que estremeció al país porque despertó una movilización del pueblo, de toda la gente en contra de la corrupción en temas como la salud pública y proyectos de infraestructuras, evidentes para la gente. Se quería un instrumento como la Comisión Internacional contra la Impunidad CICI de Guatemala, que nació pero sin la posibilidad de hacer cambios fuertes, eso disminuyó el proceso de movilización de las antorchas y el movimiento indignado.

Posterior a eso otro punto inflexión ha sido el tema del fraude electoral del 2017. Un fraude descarado, la gente comprobó que necesita y quiere cambio de liderazgo político del país. Se desató una movilización monumental que no se veía desde el golpe de Estado de 2009. La crisis de pobreza, migración, violencia, desempleo e incluso de falta de inversión producto de las políticas de represión y las políticas de corrupción que se mantienen dentro del Estado, evidenciaron que no solamente existen ciertas organizaciones políticas o populares como el Copinh y la Organización Fraternal Negra Hondureña -Ofraneh- sino que son muchas las que están movilizadas, una vasta mayoría de la población hondureña que quiere un cambio.

Sin embargo esa gran efervescencia social no tiene un liderazgo claro más allá de los liderazgos que aparecen para las elecciones, y eso ha imposibilitado que haya una estrategia clara para derrocar al dictador Juan Orlando Hernández. Hay una gran efervescencia pero que no se ha podido canalizar y eso es uno de los retos más grandes que tiene el movimiento social y popular hondureño, poder articularse, realmente unirse a pesar de todas las diferencias que han sido inoculadas de vieja data, y poder orientarse hacia un proceso político distinto en Honduras.

CI ZP/JA/23/07/2019/18:30