Ante la renovación de MUFACE, MUGEJU e ISFAS

El Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) sigue con atención la situación que se ha producido al hilo de la renovación del convenio de MUFACE con las empresas privadas del sector seguros (DKV, ASISA y ADESLAS, esta última propiedad de Mutua Madrileña y Caixabank).

Como es sabido, la negociación entre Gobierno central y las empresas ha encallado por la falta de acuerdo en las cuantías a abonar por el Estado a estas compañías por cada usuario de MUFACE que opta por la asistencia sanitaria privada y no por los servicios públicos de salud.

Tras constatarse esta situación, rápidamente han salido a la palestra diferentes voces y líneas argumentales para defender la posición del Gobierno o de las empresas, situando como eje principal de la discusión si es mucho o poco el precio que se paga por cada asegurado y cuánto cubre del «coste real» para las empresas.

El PCTE quiere denunciar la trampa que se esconde tras este falso dilema. El asunto central aquí no es cuánto cuesta la atención médica privada y cuánto de ese coste debe ser cubierto por el Estado, sino por qué sigue existiendo el mutualismo administrativo y por qué, en el marco de un empeoramiento acelerado de la sanidad pública, el Estado financia la atención médica privada para una parte de los funcionarios que se ven obligados a formar parte de MUFACE, MUGEJU e ISFAS.
Esta cuestión no puede abordarse de forma separada del resto de dinámicas que operan en nuestra sociedad. Específicamente, no puede separarse de la acelerada tendencia a la mercantilización de cada vez más esferas de la vida social, fenómeno que han favorecido y gestionado todos los Gobiernos españoles desde los años 70, al ritmo que han ido imponiendo los monopolios en su necesidad de rentabilizar su capital entrando en sectores que, durante un corto período, estuvieron casi exclusivamente en manos de los Estados.

La lógica que subyace bajo el modelo de conciertos sanitarios para los funcionarios es la misma que la que justifica los conciertos educativos o la que fomenta la aparición y multiplicación de centros educativos universitarios y de formación profesional privados, o la gestión de los servicios sociales por cada vez más entidades privadas. La sanidad, la educación y los servicios sociales son grandes áreas de negocio en las que el capital privado se rentabiliza por dos vías, mediante dinero público vía conciertos, mediante dinero de la población vía cuotas, o mediante una conjunción de ambas.

Esta lógica mercantilizadora y privatizadora, que han sostenido los diferentes Gobiernos, es independiente de la situación socioeconómica que pudiera existir en el momento en que se pusieron en marcha el mutualismo administrativo o los conciertos educativos, que hoy es otra. Hoy nos encontramos ante una situación en la que, entre otros factores, los distintos monopolios tienen capacidad para imponer sus condiciones al Estado y para disfrazar de «derechos de los usuarios» lo que no son más que vías de negocio, donde lo principal es la rentabilidad económica.

En esta situación, además, constatamos el lamentable papel que están jugando las principales organizaciones sindicales del sector público, que están enfocando este asunto desde dos prismas absolutamente erróneos como son su cercanía o no al actual Gobierno de coalición socialdemócrata –que les hace bascular entre el ataque al Gobierno o la equidistancia más insoportable– y un corporativismo que confunde derechos con privilegios y que utiliza «a los mutualistas» como excusa para plantear la continuidad de un modelo que carece de justificación y legitimidad.

Estamos convencidos de que esta disputa entre Gobierno y aseguradoras terminará con un acuerdo que incremente aún más el coste del concierto sanitario. El argumento de quienes afirman que el sistema sanitario público no podría asumir la atención a todos los mutualistas que optan actualmente por el seguro privado pesa mucho en la opinión pública, independientemente de que sea cierto o no y de qué factores dependa.

El PCTE lucha por un sistema sanitario único, público y gratuito capaz de desarrollar, junto a los centros médicos y hospitales, una amplia red de atención médica integral en los centros de trabajo, en los centros de estudio y en los barrios. Por eso nos oponemos frontalmente a la existencia de modelos como el de MUFACE, MUGEJU e ISFAS y abogamos por su desmantelamiento inmediato, garantizando la atención y los puestos de trabajo en el sistema sanitario público, incrementando también las plantillas de ese sistema, como primer paso en un proceso de eliminación de los conciertos de todo tipo.

Pero que nadie se llame a engaño. Los servicios públicos, aunque los ofrezca en exclusiva el Estado, no resuelven los gravísimos problemas sociales y económicos que surgen de una sociedad basada en la explotación capitalista, y siempre van a estar supeditados a los intereses de la acumulación capitalista. La única forma de garantizar, de manera completa y definitiva, las condiciones de vida y trabajo de la población es a través del poder obrero, la economía planificada y la socialización de los medios de producción concentrados.