Derecho y deber de acogida

No tiene sentido. Se les llama ‘refugiados’ cuando han sido erradicados de su casa y de su pueblo y tan solo son demandantes de la acogida en un lugar donde refugiar su vida y la de los suyos. La falsedad de esta nominación suena a voluntad de eludir responsabilidades. Al menos no es la generosidad ni la justicia las que impregnan el tratamiento de las víctimas de intereses crueles. En los últimos tiempos podemos observar cómo el derecho de acogida de las víctimas se ha invertido en un deber a evitar. Tomando como referencia las políticas de las naciones de la Unión Europea se advierte que se trata la acogida como una obligación asumida por no haber más remedio. No porque tengan voluntad real de hacerlo.

En estas políticas, tanto europeas como españolas, el epicentro no es la persona, sino el poder económico que dicta lo que haya de hacerse con las personas. Ciertamente ha habido política de acogida, pero arrastrada por unas políticas anteriores que marcaron unas cotas de solidaridad que hoy se encuentran muy rebajadas. Las políticas de acogida de hoy no pueden evitar los compromisos de ayer, pero se llevan a cabo obligadas por las normativas y prácticas de otra época. Algunos ejemplos que demuestran la voluntad de acogida los encontramos en estos hechos: a) El reconocimiento administrativo de asilo se hace en porcentajes mínimos de los solicitantes y de las personas a las que les asiste el derecho. b) Cuando en Europa recientemente se reconoció su deber de acogida, se hizo sobre cantidades restringidas de personas, mediante un procedimiento de reparto discriminatorio y humillante e incumpliendo los compromisos adquiridos. c) Los pactos y acuerdos firmados con países ajenos a la U.E. como Turquía, Libia y Marruecos sin importar condiciones de seguridad pero sí asegurando su falta de presencia en la frontera. d) Confinamiento en campos de concentración de personas demandantes de refugio para allí quedar condenadas al olvido.

El objetivo real de las políticas de asilo no es el verdadero acogimiento de personas, sino la gestión de unas prácticas conforme al dictado de unas determinadas exigencias políticas y económicas. Si bien puede haber una atención a las personas acogidas con hondo sentido humanitario a título personal, el cometido exigido al entramado humano, dedicado al funcionamiento de los centros de acogida, es de gestión fiel a la literalidad de un proyecto ajeno a las condiciones exigidas para la auténtica acogida. En este sentido, el hecho de que la atención de acogida se externalice, trasladando la responsabilidad del Estado a las ONG y de estas a empresas subcontratadas, da prueba de la falta de interés político en el asunto.

Las muestras de esta realidad son múltiples, pero no hay otra más evidente que un centro de acogida aislado de todo núcleo urbano. ¿Qué clase de acogida puede ofrecer España a las personas solicitantes, si el primer obstáculo para su integración lo constituye la ubicación del centro al que las destina?

¿Cómo pretende que comiencen a integrarse en una sociedad, si de entrada las excluye de la misma? Esto ocurre en el centro de acogida de Majaravique, en Sevilla, en el Polígono Industrial Majaravique, en el kilómetro 4.5 de la vía que va desde Sevilla al pueblo de la Rinconada. Es gestionado por CEAR

(Comisión Española de Ayuda al Refugiado). Este centro, que por su situación ofrece dificultades para la socialización de quienes en él residen, les condena al aislamiento. En realidad, no es más que una concreción de la actual política europea y española con respecto a personas refugiadas, que va restringiendo sus derechos progresivamente y en la que prima la mera gestión frente a una acogida real, humana y solidaria de las personas.

En este contexto, no es de extrañar que el día 15 de octubre un grupo de unas 60 personas acudieran a la sede de la APDH en Sevilla, para denunciar su situación. Su intención no era más que la asociación les ayudara a defender sus derechos como personas acogidas.

El centro no es adecuado porque dificulta la integración de las personas que allí se encuentran, pero también por otros motivos. De un lado, porque aloja a multitud de familias que encuentran un sinfín de impedimentos para acompañar al colegio y al instituto a sus hijas o ir al hospital cuando un hijo se pone enfermo. Tampoco es adecuado, porque se encuentra junto a una carretera en la que el tráfico es alto, pero no hay paso de peatones que permita cruzar a la parada de autobús. Por otra parte, es de señalar que en el mismo edificio están conviviendo 188 personas de todas las edades, nacionalidades, idiomas y condiciones familiares. La masificación ofrece una grave dificultad para la convivencia en unas condiciones dignas.

Por todo ello, creemos que el antiguo hotel Majaravique, dedicado hoy a centro de acogida de personas solicitantes de asilo en primera fase, se inscribe en la línea política de personas refugiadas dispensada por los últimos gobiernos.

Personas refugiadas, migrantes llamados “económicos” y menores extranjeros dependientes, no se encuentran en la indiferencia social, son de interés social y es por ello por lo que son objeto de las políticas partidistas. En cada práctica de menosprecio o de falta de respeto a las personas extranjeras se está evidenciando la xenofobia. Pero además, dada la dignidad de las personas y la sensibilidad social patente, si quienes tienen obligación de una acogida humanitaria a las personas extranjeras, las dejan expuestas a la exclusión, al menosprecio social y al borde de la delincuencia, deben repensar muy en serio su razón de ser.

La exclusión de hoy es, sin duda, el conflicto de mañana.