Andrés Bódalo: “El campo andaluz no ha cambiado respecto a la II República y el franquismo”

El dirigente del SAT Andrés Bódalo participa en un acto organizado por los sindicatos alternativos en Valencia. 

“He trabajado en el campo con ocho años y laborado en las tierras del señorito”. El juez de vigilancia penitenciaria concedió en septiembre de 2017 el tercer grado (régimen de semilibertad) al secretario de Acción Sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Andrés Bódalo, cuando llevaba un año y seis meses en la prisión de Jaén II. Exconcejal de Jaén en Común, Andrés Bódalo, de 45 años, fue condenado en octubre de 2015 a tres años y seis meses de prisión por la Audiencia Provincial de Jaén. Los hechos juzgados remiten a septiembre de 2012, cuando activistas del sindicato se encerraron en la Casa de la Cultura de Jódar (Jaén), para reivindicar un Plan de Empleo Público por los escasos días de trabajo de la campaña de la vendimia. Diariamente los jornaleros salían del encierro, con pancartas, en marcha por las calles de este municipio agrícola de 12.000 habitantes. Además, a varios sindicalistas se les citó a declarar en el Ayuntamiento, regido por el PSOE, por un expediente sancionador relacionado con el uso público de la megafonía.

El SAT denunció “persecución política” en la sentencia, ya que en ningún caso se produjo violencia física sino “un momento de tensión”. El juez consideró que existía un delito de atentado con la agravante de reincidencia; Además de Andrés Bódalo, otros tres sindicalistas fueron condenados a un año de prisión. En un comunicado posterior al fallo de la Audiencia Provincial, el sindicato subrayó las declaraciones contradictorias en el juicio entre miembros de la Guardia Civil y de la Policía Local; y alertó de la criminalización de las luchas sociales y sindicales: “El SAT es el sindicato más represaliado de Europa, con cerca de un millón de euros en multas, peticiones de cárcel de 600 años y cerca de 500 sindicalistas procesados”. La organización se comprometía, en este contexto, a continuar reivindicando “la no violencia activa como método de lucha”.

En abril y mayo de 2016 se organizaron marchas a la cárcel de Jaén y desde Jódar hasta Madrid para pedir la libertad de Andrés Bódalo; 16 militantes del sindicato, incluido el exportavoz del SAT, Diego Cañamero, iniciaron una huelga de hambre en la Puerta del Sol de Madrid. En febrero de 2017 tres mil personas se manifestaron en Jaén por la amnistía para Bódalo, con la participación de ciudadanos llegados de otros puntos de Andalucía, Madrid, Cataluña, Murcia y el País Valenciano. “Luchar por nuestros derechos no es un delito”, fue la consigna. Asimismo Izquierda Unida, Podemos, EH-Bildu, organizaciones populares, sindicales y cargos públicos – además de los ayuntamientos de Jaén y Jódar- pidieron el indulto del sindicalista, que su familia respaldó con 5.000 firmas. Constituido en 2007, El SAT se define como un sindicato “a pie de tajo, alternativo, de clase y anticapitalista”. Actualmente también defiende la libertad de Bódalo con una “rifa contra la represión”, cuyo premio es un viaje a Cuba o el equivalente en metálico.

El activista nacido en Úbeda (Jaén) ha participado en un acto organizado por Intersindical Valenciana y la Coordinadora Obrera Sindical (COS), en colaboración con la CGT y la CNT, en la Sociedad Coral El Micalet de Valencia. En conversación previa al acto, recuerda que el próximo 24 de julio está citado en el Juzgado de Paz de Jódar; el motivo es la querella que contra él ha anunciado el gerente de la empresa Aguas de Jódar SA, Antonio Llergo. En esta sociedad mixta, gestora del servicio municipal del agua, comparten la propiedad el Ayuntamiento de Jódar, gobernado por el PSOE, y Aqualia, empresa cabecera para la gestión hídrica del grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), cuyo principal accionista es el magnate Carlos Slim. FCC ha aprobado la venta del 49% de Aqualia al fondo de inversión australiano IFM Global Infrastructure por 1.024 millones de euros. El 17 de julio una manifestación promovida por el SAT con el apoyo de IU recorrió el municipio para denunciar, según el cartel de la convocatoria, “abusos en la factura del agua”. Encabezó el acto una pancarta con el lema “Aguas de Jódar y Aqualia nos roban, el PSOE consiente”.

Andrés Bódalo subraya que el poder “nos acusa porque le molestan nuestras acciones”. Entre otras, la entrada de 200 activistas del SAT en establecimientos de la firma Mercadona en el municipio de Écija (Sevilla) y Carrefour, en Arcos de la Frontera (Cádiz), para “expropiar” carros con alimentos y productos de primera necesidad y repartirlos en comedores sociales. Los medios de comunicación titularon con expresiones como “robo” y “asalto”. Los hechos ocurrieron en agosto de 2012, cuando Andalucía registraba –según la Encuesta de Población Activa (EPA)- una tasa de paro del 34%, diez puntos por encima de la media estatal (24,6%). El segundo Informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía (junio de 2018), integrado por una veintena de ONG, sindicatos e investigadores universitarios, señala que en 2016 el 35,4% de la población andaluza tenía unos ingresos inferiores al umbral de pobreza, frente al 22,3% del estado español y el 17,3% de la UE-28. Por la acción en Mercadona (cuyo principal accionista y presidente es Juan Roig, empresario con una fortuna de 3.800 millones de euros) han sido encausados una veintena de militantes del SAT, entre otros Andrés Bódalo, que están pendientes de juicio.

Bódalo acumula 40.000 euros en multas durante una década, según informa, por la ocupación de fincas de grandes terratenientes, cortes de carreteras y movilizaciones pacíficas; también fue detenido por la Guardia Civil en febrero de 2014, a instancias del juzgado de Baeza (Jaén). La detención se produjo tras la denuncia de un empresario agrícola, en el contexto de lucha por la finca “La Rueda-Casa Baja”, ubicada entre los términos municipales de Úbeda y Baeza y propiedad del BBVA. En octubre de 2012 el SAT ocupó simbólicamente esta finca de olivar, de 580 hectáreas, para reivindicar su explotación en régimen de cooperativa. En mayo de 2013 fue ocupada de nuevo por jornaleros y activistas, que iniciaron tareas de limpieza; las tierras, destacó el SAT, llevaban “más de tres años paradas”. En un comunicado el sindicato jornalero señaló que el despliegue policial y de efectivos de la Guardia Civil “superaba en más del triple el número de trabajadores”.

Una de las batallas históricas del SAT es la ocupación de la finca de Las Turquillas, de la que es titular el Ministerio de Defensa en el término municipal de Osuna (Sevilla). Se trataba de que una parte de las 1.200 hectáreas de tierra –la mayoría en baldío- pudieran gestionarlas cooperativas de jornaleros. En el verano de 2012 fue ocupada la finca por el SAT, y desalojada 18 días después por la Guardia Civil; por estos hechos el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó en noviembre de 2013 al alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo; al entonces portavoz del SAT, Diego Cañamero, y a los sindicalistas Juan Vega y José Rodríguez a una pena de siete meses de prisión por un delito de “desobediencia a la autoridad” (del que fueron absueltos por el Tribunal Supremo en 2014) y a 1.200 euros de multa por “usurpación de inmueble”. En mayo de 2013 cerca de 400 activistas entraron con los mismos objetivos en la finca. Un nuevo intento de ocupación, y posterior desalojo policial, se produjo en julio de 2014.

Otro frente en el que los jornaleros del SAT han invertido energías y tesón es la finca Somonte -de 400 hectáreas en el término municipal de Palma del Río (Córdoba)-, propiedad de la Junta de Andalucía y que 500 trabajadores en paro ocuparon por primera vez el cuatro de marzo de 2012. “Esta finca abandonada sale mañana a subasta, por lo que una treintena de personas de Posadas, Palma del Río y otros pueblos se han quedado en la finca para comenzar a trabajarla”, explicó el SAT en un primer comunicado. Un mes y medio después la Guardia Civil realizó el primer desalojo, al que siguió otra ocupación por un centenar de jornaleros.

En marzo de 2013 el SAT hizo balance del primer año de trabajo colectivo en Somonte, que se tradujo en la siembra de 55 hectáreas de trigo, 20 de girasol, dos de garbanzos, una de patatas, ajos, cebollas, coles y acelgas, 200 olivos, 1.500 encinas y se pusieron en riego por goteo cinco hectáreas de tierra, entre otros avances; “más trabajo y vida que en 50 años de explotación por los terratenientes y la Junta de Andalucía”, resumió el sindicato campesino. Entre junio de 2016 -cuando los expresidentes de la Junta Chaves y Griñán, del PSOE, fueron procesados por el caso de los ERE- y junio de 2017, los jornaleros fueron desalojados en tres ocasiones de la finca pública por la Guardia Civil. Otra cuestión es el itinerario judicial. Ocho militantes del SAT fueron absueltos en julio de 2017 por el juzgado de Posadas (Córdoba) de presuntos delitos relacionados con estas ocupaciones, y otros 48 jornaleros el pasado mes de febrero. La Junta de Andalucía ha recurrido contra la decisión judicial.

Otro macrojuicio es el previsto contra 38 jornaleros del SAT que un juzgado de Sevilla ha suspendido hasta junio de 2019. La acusación hace referencia a la ocupación, en noviembre de 2008, de la finca agrícola de “La Jarilla” en San José de la Rinconada (Sevilla), donde el SAT convocó una huelga –según explicó la organización- contra la decisión empresarial de no contratar a dos cuadrillas de jornaleros que habían decidido afiliarse al sindicato; “114 años de cárcel y 153.000 euros de multas para 38 sindicalistas. Basta de represión”, fue el lema de las convocatorias de apoyo.

Las movilizaciones, como la del 21 de julio hasta la prisión de Archidona (Málaga), también se han producido para respaldar a Fran Molero, militante del SAT de 29 años que lleva dos meses encerrado en la cárcel malacitana, tras una condena a cinco años de prisión y 16.000 euros de multa. Molero participó en 2013 en una manifestación convocada en Madrid por “Rodea el Congreso”, en la que fue detenido. El SAT ha pedido un nuevo juicio, ya que el realizado “no cumplió con las mínimas garantías procesales y democráticas”. Uno de los últimos represaliados es Óscar Reina, portavoz nacional del sindicato jornalero, a quien la Guardia Civil detuvo el dos de julio por orden de la Audiencia Nacional, acusado de un presunto delito de injurias a la corona; unas horas después el sindicalista fue puesto en libertad. El pasado 13 de junio Reina fue asimismo detenido por los comentarios en las redes sociales sobre la monarquía y las Fuerzas de Seguridad del Estado, realizados desde diciembre de 2016.

Coordinado por Eurostat y difundido por el INE, el Proyecto Urban Audit sobre ciudades españolas con más de 20.000 habitantes apunta que nueve de los 10 municipios con menor renta media anual por habitante en 2015 están en Andalucía. También son andaluzas 12 de las 15 ciudades con una mayor tasa de paro en 2017. En “La cuestión agraria en la historia de Andalucía. Nuevas perspectivas” (Centro de Estudios Andaluces, 2014), el historiador Manuel González de Molina subraya las desigualdades a largo plazo en el campo andaluz; así, 5.400 fincas concentraban en 1930 el 43,2% de las tierras agrarias, mientras que en 2010 eran 5.980 las fincas que acaparaban el 55% de las tierras. El profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla añade que las explotaciones familiares se sitúan por debajo del 70% del total, peso que han perdido en favor de las sociedades mercantiles. Asimismo, “el 20% de los titulares de las fincas acumulan el 80% de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC); en marzo de 2016, eldiario.es informó en un artículo (“La UE reparte 250 millones en subvenciones agrícolas entre 60 ricos españoles”) que dos familias andaluzas –Mora Figueroa Domecq (49,7 millones de euros) y Domecq (36,6 millones de euros)- lideraban la ratio de fortunas españolas que más subvenciones agrarias percibieron desde 2008.

“La situación no ha variado nada respecto a la II República y el franquismo”, explica Andrés Bódalo; “porque el manijero (encargado) del cortijo, que es el PSOE, ha estado dándoles los mismos privilegios que la dictadura; aquí continúan la Casa de Alba, los Bohórquez, el Duque del Infantado, el Marqués de Minidilla…. Son la misma burguesía, las mismas tierras y apellidos. Se apoyan en las subvenciones de la PAC, sin otorgarle utilidad alguna a las fincas; me he encontrado hace poco con  gente que se levanta a las cuatro de la mañana para cortar ajos, a 40 grados y por 25-30 euros al día; las criaturas van al tajo con las linternas, como los mineros, para poder ver los ajos y cortarlos; esto hay que verlo, en Andalucía existe la esclavitud del siglo XXI; hay, sobre todo en el medio rural, una situación de ‘emergencia social’, gente que está comiendo gracias a Cáritas y Cruz Roja”.

En estas circunstancias, el SAT ocupó en abril de 2017 una finca de 74 hectáreas de olivar propiedad del BBVA en las faldas del cerro de San Cristóbal, a seis kilómetros de Jaén, a la que llamó “Cerro Libertad” para reivindicar la amnistía de Andrés Bódalo. El pasado 19 de abril la Guardia Civil desalojó a los jornaleros, que respondieron con una nueva ocupación. En junio de 2017, cuando en la finca abandonada durante cinco años los campesinos habían sembrado la tierra, desvaretado los olivos y reformado el cortijo, 20 militantes del SAT fueron juzgados por la ocupación; 19 fueron absueltos y una de las activistas, María Montávez, secretaria de Organización del SAT en Jódar, condenada a pagar una multa de 180 euros.