Nucleares, cambio climático, transición energética y nuevo gobierno
El 19 de julio, el grupo parlamentario Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea (abreviadamente, Unidos Podemos) registraron una Proposición de Ley (en adelante, PL) sobre Cambio Climático y Transición Energética, para su debate y votación en el pleno del Congreso. En dicha PL se incluye el articulado que legisla el cierre ordenado de los siete reactores nucleares mediante la no renovación de los actuales permisos de funcionamiento en 2020, 2021 y 2024 (básicamente artículos 20 y 109) . Una PL sobre la no renovación de los permisos en los mismos términos fue presentada por Unidos Podemos el 3 de marzo de 2017, siendo bloqueada su admisión a trámite de debate por la mayoría del PP, con el argumento de que suponía una injerencia en la política presupuestaria del gobierno, mediante una interpretación restrictiva del punto sexto del artículo 134 de la Constitución.
La cuestión: ¿es realista esa PL en lo que a energía nuclear se refiere? ¿Podemos confiar en que una decisión parlamentaria llevará sin más a un cierre nuclear? ¿Existe un amplio consenso político sobre la no renovación de los permisos en 2020, 2021 y 2024? ¿Ha cambiado algo respecto a la situación existente antes de la caída del gobierno Rajoy?
El discurso oficial sobre la adaptación del sistema energético a la “mitigación” del cambio climático reserva a las nucleares un papel ambiguo, basta leer las conclusiones de la Comisión de Expertos sobre transición energética presentadas el pasado abril (1). A diferencia de las centrales de carbón, en que sí existe consenso general para cerrarlas a corto plazo (si exceptuamos sectores empresariales, sociales y políticos vinculados a la minería que defienden una “transición sin prisas” con un final que no se concreta), en España las nucleares disponen de las bazas que les brindan sus éxitos de propaganda y su blindaje político y mediático.
Entre los éxitos propagandísticos está la falacia de su “nula emisión de gases de efecto invernadero”. Repetida hasta el aburrimiento, esta mentira goza de impunidad y ha alcanzado consenso porque el discurso sobre nucleares, tanto el oficial de la industria como el crítico del movimiento ecologista, ha girado en torno a las fantasías económicas, dejando de lado núcleos históricos de la crítica social a la energía atómica: los impactos globales sobre la salud y el medio ambiente que provocan las emisiones radiactivas cotidianas, los riesgos de un accidente irreversible, y las vinculaciones con la industria armamentística. En este contexto se ha evitado que se realicen estudios sobre emisiones de gases de efecto invernadero en todo el ciclo de fabricación del combustible, y en todo el ciclo de gestión y tratamiento de residuos radiactivos.
Por otra parte, el blindaje político y mediático permite a la industria repetir la mentira de que “cerrar las nucleares provocaría subidas del precio de la electricidad”, como el eje central de la campaña de alargamiento de unos reactores que llevan ya más de 30 años, y cuyas averías y problemas técnicos se multiplican.
El resultado de estos despropósitos es que la industria nuclear en España ha logrado imponer un falso dilema: que es “necesaria” para mitigar el cambio climático, y que puede verse “obligada” a cerrar porque la presión fiscal no le permite ser “competitiva”. En este punto, el cambio de gobierno del PP al PSOE les ha permitido mejorar sus bazas en la negociación con el poder político.
Durante los años de gobierno del PP, contando con la complicidad del CSN, y especialmente con el culebrón desplegado en torno al cierre de Garoña, permitieron a la industria nuclear alcanzar todos sus objetivos (2). Entre 2012 y 2017 la normativa estaba preparada para que los siete reactores tramitasen sin problemas la renovación de sus permisos hasta los 60 años de funcionamiento, pero la insaciable codicia, el apetito de aumento de beneficios de unas empresas eléctricas que proyectaban nuevas aventuras en el escenario internacional (3), hicieron tambalearse todo lo conseguido.
Lideradas por IBERDROLA, una parte de las eléctricas exigió al gobierno del PP, además de todo lo logrado, la reducción o desaparición de los impuestos que gravan el funcionamiento de las centrales nucleares (4); y el PP, consciente de los servicios prestados al sector a lo largo de cinco gloriosos años, y sabedor de que sería quien pagaría los platos rotos electorales en caso de incremento de tarifas, se negó a ello.
Desde febrero de 2017, y hasta el cambio de gobierno en 2018, Álvaro Nadal, el ministro del sector, ha sido un negociador correoso: consciente del derecho de su gobierno a cobrar a las eléctricas los favores prestados se ha negado a transigir en el punto de los impuestos. El incremento de las descalificaciones y críticas a su figura en la prensa económica ha corrido en paralelo al incremento en las alabanzas y elogios a Ignacio Sánchez Galán, presidente de IBERDROLA (5), mientras las bases organizativas del sector eléctrico desarrolladas a lo largo de los últimos 20 años, saltaban por los aires ante el empuje de la globalización energética (6).
El cambio de gobierno ha venido a romper esta escalada de tensión. La nueva ministra del ramo, Teresa Ribera, ha recibido una cascada de elogios desde IBERDROLA desde el momento de su nombramiento (7). Ahora la industria nuclear ve posible alzarse con todos los triunfos.
¿Y cuáles son esos triunfos?
Se trata de consolidar un incremento de beneficios en cualquier escenario de futuro que se presente.
– En un escenario “normalizado”, la reducción o liquidación de impuestos como paso previo a la renovación de permisos de funcionamiento hasta la fecha que consideren adecuada (aunque suenen menos los 60 años continúan siendo la opción más valorada), eso permitiría plantear una exigencia de compensaciones económicas (vía lucro cesante) si un gobierno “díscolo” decidiese el cierre de uno o varios reactores por motivos sociales, de salud o seguridad.
– Y ante la posibilidad de que un gobierno “razonable” apueste por un cierre a medio plazo de las nucleares, las eléctricas disponen de varias estrategias. Saben que los políticos son conscientes de que existe una mayoría social que no olvida los peligros atómicos (y que el recuerdo de Fukushima no se esfuma pese a la minuciosa política de ocultación desplegada), por lo que pueden optar por un cierre pactado que los políticos puedan “vender” como un triunfo ante sus electores. Ya se han dado casos (8).
En este escenario a medio plazo las eléctricas tratarán de, primero, traspasar el máximo de los costes de cierre hacia el sector público; segundo, asegurar un calendario de cierre “a la carta”, incluso reactor por reactor, de manera que cada período de funcionamiento esté garantizado para generar el máximo de beneficios y, tercero, pactar un tipo de compensación económica dada la “bondad” climática de la energía nuclear y el motivo “político” de su abandono.
Con lo que volvemos a la PL presentada por el grupo de Unidos Podemos ¿existe un consenso institucional y una voluntad política capaz de hacer frente al poder de unas empresas eléctricas respaldadas por bancos y medios de propaganda? No, ni mucho menos.
Desde el PSOE se sigue insistiendo en el inconsistente discurso del cierre a los “40 años”, eludiendo el espinoso asunto de la renovación de los permisos de funcionamiento en 2020, 2021 y 2024 (cuando ningún reactor habrá llegado aún a esos míticos “40 años”), y sin que en el partido haya consenso en un punto tan irreal como los “40 años” (9).
Y el resto de los partidos políticos con representación parlamentaria, excepto el PP, mantienen una estudiada política de “mirar para otro lado” cuando se trata de nucleares, como lo prueba su calculado silencio sobre la cuestión en los programas electorales (10).
Conclusión: es una ingenuidad creer que sólo mediante un acuerdo legal se llegará al calendario de cierre de centrales nucleares a corto plazo y sin compensaciones económicas que plantea la PL. Los recursos de que disponen las eléctricas para imponer sus intereses son imponentes (11). La única manera de que moderasen el uso de de dichos recursos sería abordar un camino que ni los grupos políticos con representación parlamentaria, ni la mayoría de las ONGs ecologistas, están dispuestas a transitar: la conversión del mayoritario rechazo social pasivo a la energía nuclear en un movimiento activo.
Sin esa condición la presentación de la PL del grupo Unidos Podemos no pasará, en lo tocante a la energía nuclear, de un bonito y útil ejercicio de propaganda política.
NOTAS
(1) http://www.
(3) Las compras, ventas y expansiones internacionales de Iberdrola, Enel-Endesa, Naturgy (Gas Natural – Fenosa) y EDP en los últimos meses son espectaculares, ver: http://www.expansion.com/
o http://www.europapress.es/
(4) http://www.elmundo.es/
(5) Ver http://www.mientrastanto.org/
(6) Ver: 25/06/2018. Unesa cambia su nombre por el de AELEC en medio de una crisis interna.https://cincodias.
https://cincodias.elpais.com/
(7) 16/06/2018 Sánchez Galán (Iberdrola) ve con buenos ojos a la nueva ministra Teresa Ribera. http://www.expansion.com/
(8) Declaraciones de Teresa Ribera: http://www.europapress.es/
(10) http://www.
(11) Algunos ejemplos: 20/07/2018. https://www.bolsamania.com/
15/07/2018 https://www.vozpopuli.com/
* Miguel Muñiz Gutiérrez es miembro de Tanquem Les Nuclears – 100% RENOVABLES, del Col·lectiu 2020 LLIURE DE NUCLEARS, y del Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya. Mantiene la página de divulgación energética www.sirenovablesnuclearno.org
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