Bolivia: Entre la estabilidad económica y la crisis política

Mientras especialistas enfatizan su estabilidad económica, se agudiza el conflicto cocalero, se encienden las internas del MAS y la derecha retoma las calles. Javo Ferreira, dirigente de la LORCI y editor de La Izquierda Diario de Bolivia echa luz sobre la compleja situación del país andino.

El gobierno de Luis Arce Catacora, parte de la llamada “nueva ola progresista”, tiene la particularidad de exhibir una situación económica bastante estable para lo que son los actuales parámetros latinoamericanos. Sin embargo, la situación política no parece correr con la misma suerte. El gobierno enfrenta desde hace varias semanas un importante conflicto cocalero, un sector clave de la base social de su partido, el MAS. Por su parte, la oposición de derecha empieza a volver a las calles luego de un período de repliegue tras las derrotas electorales y el encarcelamiento de algunos exponentes golpistas. En ese marco, se cuelan las internas del propio partido, que ya se empiezan a caldear pese a que faltan un poco más de tres años para las elecciones presidenciales. ¿Cómo sopesar las distintas tendencias actuantes hoy en Bolivia? Entrevistamos a Javo Ferreira, dirigente de la LORCI y editor de La Izquierda Diario de Bolivia.

LID: En los análisis que vienen haciendo en La Izquierda Diario Bolivia sobre la actual situación económica y política, Uds. hablan de “equilibrios precarios”. ¿A qué se refieren?

JF: Para entender la situación en la que se encuentra el Gobierno de Arce es fundamental tener en cuenta dos factores que muestran dinámicas relativamente contradictorias.

El primero es el que nombras tú, el económico, que constituye la mayor fuente de estabilidad. El gobierno de Luis Arce cuenta con esa ventaja que lo distingue del resto de la región. Es algo que viene resaltando toda la prensa internacional, cómo Bolivia va a contramano de las tendencias inflacionarias y al estancamiento económico que recorre el mundo y la región. Esta estabilidad económica, combinada con crecimiento y una balanza comercial con superávit, actúa como el mayor factor de estabilización de la situación política.

El segundo factor es que el golpe de estado del 2019 que desplazó a Evo Morales del poder del Estado, abrió una profunda crisis en el conjunto de las instituciones estatales, particularmente la Policía, las Fuerzas Armadas y el aparato judicial. Esta profunda crisis en el régimen político no pudo ser resuelta con el importante triunfo electoral de Arce con el 55 % de los votos, sino más bien fue postergada, mientras se extendía no solo al bloque golpista, que quedó sumamente fragmentado, sino también al propio MAS, donde las disputas entre el evismo y diversas corrientes de “renovadores” amenazan trasladarse a la propia gestión gubernamental.

La combinación de estos dos factores, que actúan en forma contradictoria, es lo que nos permite hablar de “equilibrios precarios”. La profunda falta de legitimidad de las instituciones estatales junto a la fragmentación de todas las formaciones políticas se encuentran “contenidas”, por decirlo de alguna forma, por la estabilidad económica. El Gobierno se encuentra frente a una carrera de velocidades, donde busca aprovechar los elementos de estabilidad para ir reconstruyendo alguna forma de hegemonía política mientras evita que la situación económica se deteriore acelerando los elementos centrífugos de su partido y del Estado.

LID: Nombraste las disputas entre el evismo y diversas corrientes de “renovadores” como parte de esta situación de «equilibrio precario». ¿Qué diferencias son las que se están expresando en esa interna, que como decís, se podrían trasladar a la gestión del gobierno?

JF: La disputa interna desarrollada al interior del MAS y que arrancó con fuerza luego del golpe de Estado, está estrechamente vinculada a las aspiraciones personales de los diversos caudillos y figuras públicas del MAS mirando las elecciones del 2025. El desplazamiento de Evo del poder provocó la emergencia de diversas corrientes y cuestionamientos, basados esencialmente en adjudicar la responsabilidad de lo sucedido al autoritarismo que Morales desplegó en sus últimos años de gobierno y a una disposición de tender puentes hacia las clases medias buscando evitar la polarización. Asi, en la fuente de las disputas internas están no sólo las aspiraciones presidenciales de Morales, que acaba de anunciar su postulación a través del ex alcalde de Warnes y firme evista, Mario Cronenbold, sino también las propias aspiraciones de los llamados renovadores como el vicepresidente David Choquehuanca y el mismo presidente Luis Arce, quien no ha desmentido en ningún momento sus aspiraciones reeleccionistas para el 2025. Ante el reciente anuncio de Cronenbold de la postulación de Morales para el 2025, el diputado del MAS y fuerte opositor a Morales, Rolando Cuellar, calificó el anuncio como un intento de golpe de estado al interior del MAS y una falta de respeto al presidente y al vicepresidente, lo que muestra la tensión interna que se desarrolla en ese partido. Por su parte Evo Morales ha presionado al gobierno de Arce para el cambio de ministros y viceministros, amenazando con utilizar la bancada parlamentaria oficialista como expresión de una nueva oposición al gobierno de Arce.

Pese a la virulencia de estas disputas, las mismas no expresan diferencias sustanciales en términos programáticos y políticos. Nadie cuestiona los pactos sostenidos por Evo Morales con la derecha de la Media Luna o los sectores agroindustriales, de la misma forma que nadie cuestiona los ataques neoliberales que el gobierno de Arce está llevando contra los trabajadores estatales. Más bien estamos ante una pelea a dentelladas por espacios de poder dentro de la administración estatal, posiciones claves si se piensa en construir liderazgos electorales.

LID: El conflicto cocalero volvió a estar en el candelero en estos días pero viene desde hace tiempo. ¿Cómo entender ese complejo entramado?

JF: Uno de los más importantes conflictos de las últimas semanas tiene que ver con el control del mercado legal de la hoja de coca. Es imposible comprender este conflicto por fuera de las políticas del MAS con respecto a la llamada “lucha contra el narcotráfico” que impuso el imperialismo estadounidense en los años 80 y 90. El gobierno de Evo Morales sostuvo esas políticas, a lo sumo les imprimió un carácter “soberano”, es decir, sin la participación de la DEA, que fue expulsada del país, o de la embajada norteamericana, pero sin resolver la problemática social que generan estas políticas.

En esos años se clasificaron los cultivos de coca entre los “tradicionales”, para consumo interno y que se producían en la zona de los Yungas, y los “excedentarios”, que supuestamente se producían para la demanda del narcotráfico. Sobre este segundo sector se restringió la producción, se declaró la zona del Chapare como zona “transicional”, lugar de donde surgió Evo Morales como dirigente cocalero, sobre la que se implementaría un proceso de sustitución de cultivos, y en el resto del país directamente se prohibió. La última Ley promulgada por Evo Morales, la 906, amplió la zona de producción legal en el Chapare y se mantuvo la disposición de que solo dos mercados pueden vender la hoja de coca legalmente: uno en Sacaba, Cochabamba, y otro en La Paz. El actual conflicto se desata con la apertura de un mercado paralelo en La Paz. Desde hace semanas, miembros de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), cuyo líder es Freddy Machicado, protestan contra el funcionamiento de este «mercado paralelo», liderado por Arnold Alanes, a quien cuestionan por no haber sido elegido legítimamente por la base de Adepcoca. Es un conflicto cuya naturaleza está basada en el enfrentamiento entre pobres contra pobres producto de una política que descarga los efectos de la lucha contra el narcotráfico sobre las espaldas de las comunidades campesinas productoras de la hoja.

Los gobiernos del MAS evitaron cuestionar estos acuerdos y convenios internacionales basados en la prohibición y represión. Por eso las compañeras y compañeros de la Liga Obrera Revolucionaria venimos planteando que cualquier solución duradera al conflicto cocalero tiene que partir por cuestionar las políticas imperialistas para la coca, hay que abrir la discusión sobre la libertad de cultivo, comercialización e industrialización de la coca, es decir, una política basada en la legalización y no en la represión de las comunidades campesinas productoras.

LID: ¿Cómo se cuelan en este conflicto sectorial las disputas con la derecha y las internas del oficialismo?

JF: El Gobierno de Arce intervino en el conflicto en apoyo al grupo de Alanes, que le es políticamente afín, con una feroz represión, lo que provocó resistencia y enfrentamientos.

Desde el oficialismo se busca despojar de toda legitimidad a estas protestas afirmando que “son de la derecha”. Esto es muy pernicioso porque de esta manera están empujando a sectores importantes de la base cocalera detrás de la oposición reaccionaria. Por ejemplo el secretario de actas de Adepcoca, dirigida por Machicado, ha venido sosteniendo un discurso lindante con fuerzas golpistas al afirmar que “ya han sacado un presidente” y de ser necesario lo volverían a hacer, en alusión al gobierno de Arce. Este lenguaje beligerante es el resultado de la política del MAS de acusar cualquier atisbo de crítica como directamente golpista o de derecha, cuestión que es aprovechada por la oposición para intentar “hacer pie” en sectores descontentos.

LID: Hablando de la oposición reaccionaria, la derecha viene utilizando la postergación del Censo Nacional de Población y Vivienda para retomar las calles. ¿Cuál es su situación actual luego de la vuelta del MAS al gobierno y el encarcelamiento de Añez?

JF: Efectivamente empezaron con una gimnasia callejera. Sin embargo, tanto desde el Gobierno como desde los cívicos cruceños [la derecha golpista del departamento de Santa Cruz] han empezado a tender puentes y a abrir espacios de diálogo y negociación, como el realizado en Santa Cruz, que aunque sin fecha precisa aún, mostró la voluntad de opositores y Gobierno de llegar a acuerdos. Estos intentos de negociación están muy condicionados por la situación más general de las relaciones entre la oposición y el oficialismo. Así, el lento desarrollo de los tres juicios con el caso Golpe de Estado -que ya ha puesto tras las rejas a una decena de funcionarios y funcionarias, entre ellas a la expresidenta Jeanine Áñez- despierta susceptibilidad en todo el bloque golpista, que ve la necesidad de reconstruir un bloque derechista que mejore su capacidad de resistencia y negociación con el Gobierno de Arce y con el propio aparato judicial. Sectores de la derecha van a intentar transformar cualquier cuestión en un conflicto anti gubernamental para condicionar al gobierno de Arce y establecer algunos límites a la eventual detención del líder cívico cruceñista, el golpista Luis Fernando Camacho, y otros cívicos, como exigen diversas organizaciones sociales y populares.

LID: ¿En este marco, cuál es la situación de la clase trabajadora?

JF: La clase trabajadora es la que viene soportando los efectos más duros de la crisis desatada con la pandemia. Tanto el Gobierno de Áñez antes como actualmente el gobierno de Arce, vienen tomando medidas que buscan reducir o limitar de manera creciente los derechos laborales y los derechos a la organización sindical. Así, durante el último tiempo, por ejemplo, la burocracia sindical ha impulsado movilizaciones contra los tribunales del trabajo exigiendo que hagan cumplir las leyes laborales, con resultados fracasados. Es el mismo Gobierno de Arce que por ejemplo despojó a miles de trabajadores aeronáuticos de todos sus derechos laborales, prohibiendo incluso los derechos a la organización sindical, al imponerles la ley 2027, del Estatuto del Funcionario Público, es decir una ley profundamente neoliberal que el MAS ha sostenido e incluso extendido a todas las reparticiones estatales. La división y fragmentación de las filas obreras no ha sido revertida, sino que incluso a lo largo de los 14 años de Evo Morales, los índices de precariedad e informalidad laboral se han extendido tanto que, según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario [CEDLA], la sindicalización de la fuerza de trabajo se habría reducido a casi un 13 % de la fuerza laboral del país, de un aproximado 25% que se tenia 15 años atrás.

Sin embargo, esta nueva clase obrera construida durante el ciclo neoliberal y durante el evismo está empezando a mostrar síntomas de recuperación, lo que se viene expresando no tanto en luchas sindicales o corporativas, que se complica por esa misma situación de precariedad, sino más bien en términos políticos. La resistencia al golpismo que llevan adelante vastos sectores populares tuvo importante participación de estos sectores asalariados sumamente precarizados, desde las barriadas de Senkata o Kara Kara por ejemplo. También se ven tendencias crecientes a resistir los ataques patronales, tanto en empresas mineras o fabriles, aunque aún sin lograr despertar procesos de lucha más amplios. Creemos que estas tendencias se van a ir desarrollando en la medida que la crisis política y del régimen de conjunto se mantenga abierta. A esa hipótesis apostamos los socialistas revolucionarios.

LID: En este marco, ¿cómo salir de la trampa entre el MAS en sus distintas fracciones y la derecha golpista?

JF: Estamos en un escenario sumamente fluido, por lo que hablábamos al principio, la falta de legitimidad de instituciones estatales clave y la fragmentación, tanto de la derecha golpista como del oficialismo del MAS. Si bien esta tremenda polarización política está contenida por la relativa estabilidad económica, puede incentivar en franjas de las y los trabajadores y del movimiento popular la recepción de nuevas ideas y proyectos políticos. Creo que las trabajadoras y trabajadores tenemos la posibilidad de escapar de esa polarización que se estableció con el golpe de Estado entre el MAS y la oposición derechista, impulsando una política genuinamente independiente, enfrentando a la derecha, pero también a los esfuerzos contemporizadores del MAS. El proyecto de Evo Morales y Arce de impulsar una Revolución democrática y cultural preservando las reglas de juego capitalistas ha llegado a su agotamiento. Esto se hizo evidente con el golpe de Estado del 2019, que reveló que los esfuerzos por impulsar reformas legales que apunten a la inclusión social habían fracasado, porque el MAS se negó a afectar los intereses materiales de las clases sociales portadoras de esa cultura excluyente y racista. También lo muestra el conflicto cocalero, porque pese a los 14 años de Evo, Bolivia sigue condicionada por las políticas internacionales e imperialistas sobre la hoja de coca o la extrema dependencia de capitales extranjeros para avanzar en la explotación del litio o minerales “tecnológicos”, como se conoce a las tierras raras que Arce pretende aprovechar.

Si bien la situación económica se mantiene estable, las demandas sociales no dejan de crecer, llevando a que por ejemplo campesinos de Achacachi amenacen con retirar apoyo al Gobierno si no satisface demandas locales de desarrollo. En este escenario, es fundamental desplegar una política independiente, que sea capaz de enfrentar los esfuerzos golpistas y derechistas de reagrupamiento pero también la política del MAS, que se ha reducido a la mera administración del Estado sin nada nuevo que ofrecer. Creo que se abre un escenario propicio para que las y los socialistas podamos sembrar nuestras ideas para forjar una alternativa revolucionaria y socialista desde abajo, desde la autoorganización de las trabajadoras y trabajadores del campo y la ciudad.

Fuente: Izquierda Diario