Crónica de una violencia de ultraderecha anunciada

Es septiembre de 2013 y son las elecciones al Bundestag, el parlamento alemán. Un partido de extrema-derecha, Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán), irrumpe en el panorama político, pero finalmente no entra en el Parlamento, al quedarse por debajo de la barrera del 5% que establece la ley (en el 4,7%). Sin embargo, pronto se extiende su presencia a otras cámaras: Parlamento Europeo y las Cámaras de Sajonia, Turingia y Brandeburgo (2014), Hamburgo y Bremen (2015) o Sajonia-Anhalt, Baden-Württemberg, Renania-Palatinado, Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Berlín (2016). En 2017 son tercera fuerza en el Bundestag.

¿Su discurso? Anti-inmigración, tradicionalismo, nativismo, euroescepticismo y anti-islam. Desde 2015 marcan la agenda política: el discurso vira hacia los temas que les interesan, fundamentalmente en temas como el asilo y la «islamización de Europa» (un concepto abanderado ya por el movimiento neonazi PEGIDA).

Paralelamente, la violencia de la extrema-derecha crece en Alemania. No se había ido nunca. El grupo terrorista neonazi NSU («Clandestinidad Nazionalsocialista») había matado a diez personas en sus trece años de vida. Sin embargo, el número total de víctimas supera las 200 desde 1990 según la Amadeu Antonio Stiftung. Algo es más preocupante aún. Si bien en los primeros cinco años de la década de los 2010 las víctimas habían sido siete, desde 2016 a 2020 han sido 26. ¿Casualidad que se dé en un contexto político en el que la extrema-derecha tenga además un altavoz en los parlamentos y en los medios? No parece.

Recordemos. AfD entra en los primeros parlamentos en 2014 y se extiende en los siguientes años. En el registro histórico de atentados de la extrema-derecha se observa que es precisamente en 2014 cuando el número de atentados en toda Alemania pasan de 837 a 1029, pero en 2015 a 1.485 y en 2016 a 1.698, justo en los años en los que AfD ganó más protagonismo con su discurso de odio con menor contestación mediática y popular. Su discurso no solo va dirigido a los colectivos afectados: demandantes de asilo, musulmanes, colectividad judía, etc., sino también a representantes políticos que los defienden.

Así, se suceden año tras año desde señalamientos en redes sociales a cartas amenazantes contra representantes políticos, hasta que en algún momento estas se convierten en violencia llegando al asesinato. Se señala dónde viven, dónde trabajan ellos y ellas o sus familias. Un caso es el de Ferat Ali Kocak, político antifascista de Die Linke (La Izquierda) en el distrito de Neukölln de Berlín, que ha sufrido diversos ataques, desde la quema de su coche llegando a poner en riesgo la vida de su familia, hasta esvásticas pintadas en locales de sus parientes.

Sin embargo, la violencia de la extrema-derecha no conoce límites. Por ejemplo, Karamba Diaby, primer parlamentario alemán negro, de origen senegalés, por el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD, por sus siglas en alemán), y que ha estado involucrado en iniciativas parlamentarias contra el negacionismo del Holocausto y portavoz de «Integracion» del Budestag, ha sufrido desde el primer momento ataques a través de las redes sociales por simpatizantes neonazis y miembros del partido de extrema-derecha Partido Nacional-demócrata de Alemania (NPD). Pero los ataques han traspasado incluso lo digital, cuando en enero de 2020 su oficina en Halle fue tiroteada, por suerte sin víctimas.

Pero cuando se abre el melón del discurso del odio y el acoso a los políticos que se posicionan en contra, relativizando este acoso en el mejor de los casos o justificándolo en el peor, es cuestión de tiempo que la violencia llegue al extremo. El 1 de junio de 2019, el presidente del distrito regional de Kassel, en el Estado de Hesse, Walter Lübcke (de CDU, Unión Democristiana) estaba sentado en la terraza de su casa cuando un neonazi (siglas S. E.) se acerca sin ser percibido y le dispara un tiro en la cabeza. Muere a las pocas horas. ¿El crimen de Lübcke? Haber defendido políticas de asilo.

En los casos de Ferat Ali Kocak (Die Linke) y de Walte Lübcke (CDU) surge una pregunta: ¿cómo saben los criminales dónde viven ellos o sus familias? ¿Por qué no pueden sentirse seguros en sus casas? ¿Qué medios, usuarios en redes o filtraciones han colaborado en el señalamiento de los espacios privados de estas personas? Y en todos los casos, ¿hasta cuándo se justifica la violencia de la extrema-derecha, cuando tiran pelotas de tenis a tu casa, cuando pintan esvásticas o hay que esperar a que haya víctimas? ¿Es una democracia un sistema que permite el hostigamiento y el señalamiento, que deja que los discursos de odio pongan en peligro la vida de las personas con demasiados silencios cómplices?

Teniendo en cuenta que en España todo este proceso se podría decir que ha empezado a escalar en 2018, cuatro años más tarde que en Alemania. ¿A qué esperamos para frenar la crónica de una violencia de extrema derecha anunciada?

Jaime Martínez Porro, militante de IU Berlín.