El sitio de la izquierda está en la oposición

Muy cabreadas estaban las más de 100.000 personas, mayoritariamente jóvenes, que el pasado 13 de octubre salieron a las calles de Madrid exigiendo una vivienda asequible y clamando contra los especuladores que la hacen imposible. También ponían a caldo a las Administraciones que permiten que la especulación fluya, cuando no la alientan expresamente.  Censuraban a Ayuso y pedían la cabeza de la ministra de Vivienda. Porque saben que, en lo tocante a la regulación, las competencias en vivienda son de las autonomías, pero la ley marco y, sobre todo, la pasta(hasta un 75%)la pone el Estado.

En esa manifestación se produjo un hecho sin precedentes en la historia de este país: organizaciones que están en el gobierno participando en una movilización contra éste. En un asunto, además, nuclear que determina el grueso de la política social y económica. Hay que admitir que el cuadro es un tanto surrealista: quienes recusan unas políticas han contribuido decisivamente, por activa o por pasiva, a su implementación desde el poder.

Sostenía Yolanda Díaz en una entrevista que un gobierno progresista no podía ser tan sólo de resistencia, sino que ha de transformar. Pero creo que hay que negar la mayor: el ejecutivo español gestiona en los últimos años políticas regresivas para la mayoría social. No se limita a resistir los duros, y golpistas, embates de las derechas. Ha asumido buena parte de los postulados socioeconómicos de éstas. Y para muestra, un dato: entre Octubre de 2019 y junio de 2024, nuestra cesta de la compra subió 14 puntos más que los salarios, según la OCDE. Sólo 2 países de este organismo registran una brecha mayor. Eso explica que, a pesar del crecimiento tanto del empleo como del salario mínimo, los sueldos de trabajadoras y trabajadores han caído, en términos reales, 4,5 puntos entre 2020 y 2024. En favor, claro está, de las ganancias del capital. La reforma laboral, elevada a los altares en el momento de su aprobación in extremis, ha quedado desnaturalizada a través de su contextualización. Así, no se han reforzado las competencias y efectivos de la Inspección de Trabajo y se han ignorado las recomendaciones del Consejo de Europa para elevar la indemnización por despido improcedente. Se ha elegido la insumisión, pese a las multas, frente a la directiva comunitaria que obliga a retribuir los permisos parentales. En Agosto se esfumó la protección de la que gozaban trabajadoras y trabajadoras acogidos a permisos para cuidados. De lo de los 200 euros por hijo menor ya no se habla. Y, en fin, se va a incentivar el retraso en la edad de jubilación, lo que de seguro provocará un sentimiento de euforia entre la gente joven desempleada.

Por consiguiente, la clase trabajadora ha empeorado sus condiciones de vida bajo este gobierno. También sus derechos, paradigma de lo cual es el aumento de las horas extras no cobradas. Y si vamos a los temas vinculados a la paz, el balance no puede ser más decepcionante: se ha alimentado la guerra de Ucrania con armas y dinero para Zelenski, se ha mantenido el comercio de armas con Israel y se ha deportado ilegalmente a saharauis a la dictadura marroquí.

Volvamos al tema de la vivienda. Sumar está siendo muy crítico con los de Sánchez a este respecto. Pero lo que está poniendo sobre la mesa como alternativa, a saber, generalizar el tope al alquiler, impedir la compra con fines especulativos y limitar drásticamente los pisos turísticos, son meros parches que esquivan la solución real: levantar un gran parque de vivienda pública, fundamentalmente a partir de los 4 millones de casas vacías existentes. No hacer esta propuesta es coherente con el apoyo que la gente de Yolanda ha prestado al techo de gasto para 2025 y años sucesivos, ya que en los presupuestos que saldrían de ese tope no cabe la inversión multimillonaria, el 2% del PIB anual, que requiere el parque de vivienda que propugna IU. Y a tenor del plan de ajuste que el ministro Cuerpo acaba de llevar a Bruselas, tampoco hay sitio para las mejoras que la sanidad, la educación, la dependencia y las infraestructuras requieren: los 6 mil millones que en los próximos 7 años subirá el gasto público van a ser absorbidos con creces por los incrementos previstos en pensiones y Defensa. Y ante este horizonte de recortes, la izquierda deambula por Babia.

 Las cosas están mal. Y los principales responsables(aunque no únicos)de ello son quienes se reúnen cada martes en La Moncloa. Para quienes están indignados, el gobierno es parte del problema, no de la solución. La izquierda tiene que elegir entre ser cómplice de esta situación o constituirse en una opción para la ciudadanía. Si escoge esto último, no le queda otra que pasar a la oposición para evitar que, llegado el momento, la gente sólo tenga ante sí dos papeletas con posibilidades: la de Sánchez y la de Feijóo.

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