Institucionalidad dictatorial y perversa

En nuestra República Dominicana y en otros países del mundo colonizado es bastante común que se le atribuya a la “inexistencia de institucionalidad” lo que es muy propio de determinadas modalidades dictatoriales de institucionalización, basadas incluso en patrones constitucionales que facilitan su conformación.

En todos esos casos no es que no existan instituciones o que éstas no funcionen, sino que ellas operan y se relacionan de determinada manera,  con fines predeterminados contrarios a la democracia, a la transparencia de la función pública, a la honestidad y a la justicia.

Igual, quienes interpretan de esa manera estas situaciones, hablan también de la existencia de una “democracia imperfecta” que es preciso reformar, sin detenerse o evadiendo analizar las raíces del mal que incluye una constante negación de democracia.

 En ese tenor aquí no pocos analistas, comunicadores, políticos varios-pintos, intelectuales  “progre”, académicos de renombre, dirigentes sociales, comentaristas… repiten en tono muy crítico que “falta de institucionalidad”, y hablan a granel de un país  “desinstitucionalizado”, enrostrándole al gobierno esa “carencia”, presentándola además como el mayor problema de la nación. Igual se las pasan haciendo propuestas para que las “instituciones funcionen” o  para que se establezca una institucionalidad democrática dentro del sistema dominante.

·         IR AL  FONDO DEL PROBLEMA.

La verdad es que esa manera de enfocar tamaño problemón no tienen nada que ver con lo en estos casos acontece  a nivel de Estado y poder, que por ser tan detectable con ciertas herramientas analíticas y poco esfuerzo, me inclino a pensar  que en una buena parte de los defensores de esas ideas, incluidos politólogos y sociólogos de vasta cultura, lo hacen para evadir la realidad y no asumir una línea transformadora.

Así, una crítica aparentemente radical, pero de fondo muy conservador, conduce a estos analistas y opinadores a hacer sugerencias esencialmente conservadoras e ilusorias.

Porque la verdad en el caso dominicano es que aquí -heredada de la subcultura despótica  que encarnaron los dictadores Trujillo y Balaguer y de la ideología que entiende el patrimonio del país como patrimonio de los jefes del poder político, económico y militar- existe una institucionalidad confeccionada y montada para robar, explotar, violar lo que sea y abusar impunemente del resto de la sociedad.

Es una institucionalidad con bases constitucionales, que ha sido estructurada como suma de instituciones amarradas desde un Poder Ejecutivo casi omnímodo, auxiliado por un Senado, un Consejo de la Magistratura y una parte del sistema de partidos a su servicio.

Contrario a lo que se vende como una democracia en crecimiento, la verdad es que se trata de una dictadura presidencialista institucionalizada, cuyos poderes legislativo, judicial, electoral, órganos fiscalizadores…operan bajo órdenes y “señas” del Presidente de la Republica en funciones de jefe de Estado, que pasa a ser una especie de monarca mientras logre perdurar en el cargo dentro de un contexto jurídico-político disfrazado de democracia representativa.

 Y como en el capitalismo -y mucho más aun en su perversa modalidad neoliberal- pesa tanto el poder económico, la riqueza acumulada y la propiedad concentrada, acontece que las jefaturas de la partidocracia y la tecnocracia corruptas se meten a empresarios-capitalistas al vapor y se asocian a la cúpula empresarial privadas para formar una asociación delictiva o poder mafioso que usa esa institucionalidad perversa como instrumento de acumulación originaria de capital, y como mecanismo de impunidad.

Una institucionalidad de ese tipo no se reforma desde ella misma. Hay que romperla por vía extra-institucional y extra-electoral para crear otra nueva por vía constituyente.

 El agobiante escenario que vive el pueblo dominicano bajo un Poder Constituido con etas características, ha provocado, que como se dice en algunas conclusiones del FORO PRO-CONSTITUYENTE de las Izquierdas “que las masas comiencen a promover novedosas iniciativas de movilización y lucha, muchas de ellas expresadas en formidables concentraciones “verdes” contra la corrupción y por el fin de la impunidad, las cuales aceleran la progresiva descomposición de la institucionalidad vigente”.

 Esa reflexión resalta que “la propuesta de impulsar un Proceso Constituyente emerge   como salida política ante la crisis “orgánica” que actualmente muestra el poder constituido, lo que requiere la conversión del pueblo en lucha, consciente de su soberanía, en Poder Constituyente, creador de lo nuevo.” Y concluye afirmando que  a su vez el  Poder Constituyente, para poder crear lo nuevo, debe actuar como  “Poder Destituyente;  esto es, como una fuerza capaz de hacer colapsar el gobierno de turno y las instituciones decadentes, y redefinir las relaciones de poder.”