Estatuto del becario: valentía para acabar con la explotación

La situación de la juventud sigue siendo extremadamente preocupante en el conjunto del país. Aunque se han mitigado algunos de los problemas que más le afectan —como la reducción de las tasas de desempleo y de temporalidad— todavía su situación es comparativamente peor que la de otras cohortes. La tasa de paro de la población entre 25 y 35 años sigue por encima de la barrera de los diez puntos porcentuales y un tercio tiene contratos temporales. Al mismo tiempo, las tasas de emancipación siguen siendo muy bajas y se sitúan todavía por debajo de los niveles alcanzados antes de la crisis de la pandemia.

Cierto que se ha salido de un periodo de esclerosis en la atención de sus problemáticas. Medidas como la última reforma laboral o la ley de vivienda han tenido como objetivos prioritarios la mejora de la situación de la población joven. Los resultados siguen al momento siendo tímidos vistos los datos previos. La acción política en apoyo a la juventud se enfrenta a ciertos obstáculos que dificultan la toma de decisiones firmes, estructurales y que impliquen una redistribución con un enfoque generacional evidente.

Su peso en la masa electoral es bajo, y nuestro Estado de bienestar tiene un claro sesgo en favor de los grupos de población más mayores en parte debido también a ello. Vivimos además instalados bajo una retórica meritocrática que trata de justificar la travesía por el desierto que la juventud debe de afrontar en su transición a la vida adulta. Se ha normalizado que muchos y muchas jóvenes, especialmente de clase trabajadora, para adquirir experiencia profesional y alcanzar una situación estable y digna en el empleo, deban transitar primero largos periodos de precariedad. Toda esta travesía deja cicatrices que se hacen notar en la vida adulta. Ésta se alcanza habiendo acumulado muy poco salario y tiempo de cotización.

Los visos de fraude que se están produciendo con los nuevos contratos formativos en nuestro país, funcionando como contratos temporales encubiertos, ha vuelto a poner algo de foco sobre esta cuestión. Afectan a los sectores de la economía más estacionales y precarios, muchos de los cuales están ocupados por jóvenes en busca de sus primeros ingresos (hostelería es el claro ejemplo).

Toda esta travesía deja cicatrices que se hacen notar en la vida adulta. Ésta se alcanza habiendo acumulado muy poco salario y tiempo de cotización. Todo ello repercute directa o indirectamente en el acceso a la vida independiente. A nadie se le escapa que se le está negando a la juventud el acceso una la vivienda digna, y que quienes lo logran han de asumir unos costes elevados, por lo general además en el parque de vivienda más económico y deteriorado y con tenencia compartida. Los apoyos familiares siguen siendo fundamentales en estos casos, por lo que tampoco puede hablarse de una auténtica emancipación e independencia.

Durante las últimas etapas de la anterior legislatura el desarrollo del denominado estatuto del becario ha sido el centro de gravedad de la cuestión juvenil. A pesar de su trascendencia para el futuro de muchos y muchas jóvenes, poco o nada ha estado en el centro del tablero mediático, ejemplificando de nuevo la débil atención que se le presta en nuestro país como también la escasa ambición política en torno a esta cuestión.

El nuevo estatuto nació con el objetivo de regular un ámbito, el de las prácticas formativas, que hasta ahora quedaba en manos del sector académico. Sin embargo, sindicatos y estudiantes llevaban tiempo denunciando la existencia de situaciones abusivas. En muchos casos el estudiantado terminaba por acometer funciones que van más allá de las estrictamente formativas, asumiendo tareas propias del personal contratado y laboral, con el consiguiente beneficio para empresas y centros de prácticas. Con o sin prácticas abusivas, en la mayoría de los casos el alumnado contribuye durante su proceso de formación al desarrollo de las actividades y por consiguiente a generar beneficios en los lugares en los que desarrollan su formación.

Por consiguiente, entre otras cuestiones, se ha venido demandando que se retribuya al alumnado en prácticas por realizar estas tareas y que puedan cotizar a la seguridad social durante el tiempo en que se desarrollan. No se trata solo de medidas compensatorias por el tiempo trabajado. Ambas tienen el potencial de incrementar ligeramente los ingresos y tiempo de cotización acumulado durante la etapa juvenil. En otras palabras, de reducir el efecto cicatriz al que se hacía mención anteriormente y avanzar hacia una redistribución de la masa salarial en nuestro país más justa, hacia quienes menos participan de ella.

Esta propuesta, que se consideró en las etapas iniciales de la elaboración del estatuto, fue rápidamente descartada debido a las presiones tanto del sector empresarial como de los rectores de las universidades españolas, tanto privadas como públicas: ahí están los diferentes comunicados del CRUE. Este hecho refleja una perspectiva más bien limitada. Y si bien desde enero de 2024 sí será obligatoria la cotización del alumnado de prácticas, gran parte (el 95 %) de este coste recae sobre el erario público. Todo lo cual deja las cosas prácticamente como estaban, pero con la salvedad de que la mayor parte de la cotización del alumnado en prácticas la pagaremos entre el resto de contribuyentes, y no quien se beneficia de esa labor: el empresariado.

La nueva norma, cuya aprobación pondrá a prueba el diálogo social y la mayoría parlamentaria progresista, prevé en el último borrador acordado con los sindicatos poner freno a algunos de los excesos que vivían los estudiantes en prácticas. Así, se limita su duración, el número de becarios en cada empresa y se obliga a abonar los gastos que tienen los estudiantes cuando realizan este tipo de formación práctica, que recordemos no tiene figura de relación laboral entre empresa y becario. También se contempla que será la Inspección de Trabajo y Seguridad Social quien vele por su cumplimiento.

Sin embargo, y ante las demandas empresariales y de la derecha española y nacionalista, el último borrador también mantiene las prácticas extracurriculares. Es decir, aquellas que no entran en ningún plan de estudio y que, por lo tanto, deberían regirse por las leyes laborales, que ya contemplan contratos como el de prácticas o el de formación, con una relación entre empresa y trabajador que conlleva cotización, derechos y salario.

Tanto a nivel estatal como en algunas comunidades gobernadas por fuerzas políticas progresistas se ha expresado la voluntad de mejorar la situación de la juventud. Para lograrlo, será necesaria una profundización en el compromiso con las clases populares y la disposición a asumir riesgos al abordar políticas profundas y redistributivas. En ese sentido, cabe recordar que, aunque en un principio desde el Ministerio de Trabajo se proponía un modelo “vanguardista” para acabar con el “trabajo gratis”, las presiones universitarias y empresariales han dado sus frutos y, con cada borrador que se presenta, los estudiantes pierden derechos.

Revertir la problemática juvenil requiere de esa audacia y valentía que parece flaquear en el Gobierno. Y el estatuto del becario representa solo una de las numerosas pequeñas contiendas en las que se decide el futuro de la juventud. El desafío no es sencillo, lo sabemos. Por ello es imprescindible unificar apoyos en pro de una causa, la de un estatuto del becario digno, en la cual desde la izquierda transformadora, desde postulados comunistas, debemos posicionarnos claramente en favor del estudiantado en particular y de la juventud precaria de clase trabajadora en general, demandando la remuneración de esas prácticas y la asunción de los costes de las contribuciones al empresariado y centros de trabajo.

Eduardo Mayordomo. Militante del PCE-EPK en Navarra