Constituyente y nueva economía

La determinación económica es la macroestructura, de la cual dependen todos los componentes de la superestructura del Estado y de la nación y por la que todas sus leyes y normas (superestructura del Estado) han sido definidas en función de la preservación y fortalecimiento del capital,  desde un proceso originario de riqueza desigual, hasta llegar al reacomodo y modernas formas de capitalismo actual, cuyo origen fue a sangre y fuego, cuya riqueza individual e individualizada institucionalmente, han sido legitimadas y legalizadas en formas  absolutas que se han impuesto como verdades de fe, que justifican y muestran como algo normal, la explotación.

Esta realidad del mundo capitalista ha intentado cambiarse a través de un proceso gradual, equilibrado y pacífico de cambios, que, irremediablemente, han entrado en contradicción con la revolución bolivariana, socialista y chavista, que Nicolás Maduro, como heredero y conductor del legado del Comandante Hugo Chávez, está obligado a llevar adelante, tal y como está haciendo, con todos los obstáculos y ataques que reciben, tanto el Pueblo asalariado y trabajador, como el Presidente Maduro, de parte de quienes controlan aún, con total comodidad e impunidad, los medios y modos de producción capitalistas.

Esta es pues, la verdad de fondo de toda la  guerra económica actual, de todos los ataques del gobierno estadounidense y sus colonias lacayas y de la rebelión terrorista y asesinatos diarios que vienen ejecutando los líderes dela derecha opositora venezolana, a manos de paramilitares  y el lumpen de drogadictos, sicarios y malandros a quienes  les pagan con dinero y drogas, para asesinar y causar destrozos y barricadas.

En este contexto, Nicolás Maduro, haciendo uso de sus plenas facultades constitucionales, invocó al Soberano, es decir, al Pueblo, para una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), con la participación de constituyentistas electos por ámbito  regional y por los principales sectores de la vida nacional.

Esta nueva ANC decidirá el presente y futuro de la Patria. O consolidamos el socialismos bolivariano y chavista, o regresamos a la restauración de la IV República de explotación capitalista, ya sea con un pastiche de artículos constitucionales preñados de buena voluntad, que sólo servirían para justificar y disfrazar el capitalismo, o ya, para constitucionalizar una vez más, el Estado burgués de la liquidada  Constitución de 1961, con su llamada “democracia representativa”, que el gobierno estadounidense y la parasitaria burguesía fuerzan por imponernos por la vía del golpe de Estado e incursión de tropas desde Colombia, hecho que nos ahorraría muertos y destrozos, si ellos participaran en la ANC y si fuesen mayoría nacional, como tanto lo pregonan.

Para los que suponemos que somos bolivarianos, socialistas y chavistas y los que resulten electos para esta ANC, el reto va más allá de su buena voluntad. Ellos deben saber que debemos cambiar las relaciones sociales de producción, si en verdad sabemos qué es el socialismo y si queremos vivir en el socialismo bolivariano y chavista. 

Es decir, si queremos mejorar nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), nacida en 1991, en función del Pueblo,  debemos, entonces, partir por sentar las bases para cambiar las relaciones sociales de producción, que liquiden las bases del capitalismo, a su vez, que tiendan a generar riqueza productiva, desde la socialización en el control de los medios y los modos de producción, sin temer al chantaje del coco de que se está atacando la propiedad privada, porque debemos estimular la propiedad colectiva, aún entendiendo las libertades individuales, entre ellas, la propiedad privada.

Igualmente, esta encrucijada político-económica nacional, es propicia para darle rango constitucional,  a algunos aspectos económicos, entre los que pudieran considerarse los  siguientes:

1.    Proteger el signo monetario nacional, evitando, taxatívamente, la dolarización de la economía nacional y el manejo de la moneda extranjera como curso legal en las transacciones nacionales, por cuanto este tipo de prácticas como en Perú y Ecuador, sólo buscan proteger a capital foráneo en detrimento del criollo, fuga de capitales y legitima el dinero inorgánico que emite el Departamento del Tesoro estadounidense, además de colonizar la economía venezolana y subordinarla a los dictámenes comerciales y de intercambio, al servicio imperial;

2.    Definir los parámetro y alcances del intercambio comercial internacional, con monedas comunes de ámbito mundial, sobre la base de la integración, equidad y solidaridad, entre los países que forman parte del nuevo mundo multicéntrico y pluripolar, tales como el MNOAL, la UNASUR, la CELAC y la ALBA-TCP;

3.     Definir como un acto de terrorismo económico  y traición a la Patria, toda forma de guerra económica, que conduzca a sanciones penales, económicas y civiles;

4.    Definir los ámbitos de explotación energética, minera y de todo tipo de recursos, en los que la “inversión social” en los ingresos nacionales que  generen dicha explotación;

5.    Prohibición de toda forma de privatización, abierta o encubierta de recursos energéticos, minerales y territoriales;

6.    Darle rango constitucional al porcentaje de  la inversión social en salud, educación,  vivienda, agricultura y Desarrollo industrial y en Seguridad y Defensa Nacional, no menor al 15% en cada uno de ellos respecto del Presupuesto Nacional, bajo cualquier circunstancia; 

7.    Definir el criterio de inversión social, frente al de “gasto social”

8.    Transversalizar todos los aspectos de la economía venezolana, con los cinco objetivos históricos del Plan de la Patria.

     En fin, esta ANC puede otorgar rango constitucional a todos los actos económicos que generen riqueza material colectivizada, como paso previo y determinante del resto de determinaciones de la vida social. Este es el punto a alcanzar desde el campo revolucionario, bolivariano, socialista y chavista, porque tenemos cómo y con qué.

Prof. Luis Pino

@l2pino2

Fuente: http://www.telesurtv.net/bloggers/Constituyente-y-nueva-economia-20170526-0002.html